En Coahuila hay un número que atraviesa vidas, gobiernos y generaciones: 38 mil millones de pesos. Ese fue, según reportes recientes, el monto de la megadeuda en la que nos metió el priísmo durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. Pero existe un dato todavía más devastador: en 2022 se estimó que, al ritmo de pagos vigente, la deuda tardaría 789 años en saldarse. Casi 8 siglos. Una condena que ningún ciudadano eligió, pero que todas y todos pagan.
No es solo una cifra; es una cicatriz que sigue abierta. Aparece cada vez que una joven o un joven se va porque aquí no encuentra oportunidades. Surge cada vez que un municipio posterga infraestructura mientras se presume un “Mejora Coahuila”. Es el recordatorio de que el futuro fue hipotecado para sostener un régimen que convirtió el presupuesto en botín, la opacidad en método y la impunidad en sistema de gobierno.
La megadeuda no fue un accidente; fue una operación quirúrgica, diseñada durante los sexenios de los Moreira para beneficiar a unos cuantos y cargar la factura sobre todos. Entre 2008 y 2011, Coahuila se endeudó mediante autorizaciones simuladas, triangulaciones y firmas que nunca enfrentaron consecuencias. Los bancos ganaron; los operadores escalaron; las redes se mantuvieron vivas, y la ciudadanía perdió.
Luego vino el carrusel de las renegociaciones: 2011, 2015 y 2023, todas aprobadas por un Congreso dominado por el PRI. Cada una prometió “ordenar las finanzas”, pero solo alargó plazos e intereses. Tras más de una década de pagos, Coahuila ha desembolsado más de 40 mil millones sin reducir un solo centavo del adeudo original. No fueron soluciones: fueron mecanismos para eternizar la deuda, por eso hoy el estado tiene el tercer endeudamiento per cápita más alto del país, con alrededor de 11 mil 227 pesos por habitante.
Han pasado 13 años y medio desde que estalló el moreirazo. Y aunque salió de la conversación pública, la deuda sigue incrustada en el presupuesto, drenando miles de millones cada año en intereses. Es pagar sin avanzar, renunciar a inversión pública y sostener un fraude del pasado. Esa es la lógica del régimen: la gente vota por ellos creyendo que vota por estabilidad, y lo que recibe es deuda y simulación.
Porque esta no es solo la historia de dos hermanos que gobernaron el estado: es la arquitectura de poder que dejaron instalada. Sus operadores, financieras y despachos siguen activos, reciclados bajo otros colores pero con el mismo ADN: controlar recursos, disciplinar lealtades, silenciar críticas.
La cicatriz es generacional. Pagan esta deuda quienes eran niños —o ni siquiera habían nacido— cuando se firmó. La paga una clase trabajadora precarizada entre maquilas, el campo o migración. La pagan municipios que jamás recibieron un peso de esos empréstitos.
Coahuila no está condenado: está intervenido. Secuestrado por una decisión que no tomó y por un robo que nunca fue castigado. Mientras la deuda siga siendo un tabú, el régimen seguirá intacto.
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