El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, elevó el tono de su discurso contra las estructuras armadas ilegales luego de un operativo de la Fuerza Pública que dejó siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) muertos en Santa Marta, entre ellos alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla de esa organización.
Durante una declaración posterior a un Consejo de Ministros, el mandatario colombiano lanzó una advertencia dirigida a integrantes de grupos criminales que no acepten someterse ante la justicia. Su mensaje plantea una política de confrontación directa contra quienes, desde su perspectiva, buscan desafiar al Estado y utilizar amenazas armadas para someter a la población.
La declaración ocurrió el lunes 21 de septiembre de 2026, en medio de la tensión generada por el anuncio de un posible paro armado atribuido a las ACSN tras el operativo realizado en el departamento del Magdalena.
La Presidencia de Colombia confirmó que De la Espriella ordenó desplegar las capacidades de la Fuerza Pública y anunció que viajaría a Santa Marta para encabezar personalmente un consejo de seguridad y coordinar las acciones de respuesta. �
Presidencia +1
De la Espriella fija postura ante amenaza de paro armado
El episodio que detonó las declaraciones del presidente colombiano fue un operativo desarrollado en Santa Marta contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Según la información difundida por la Presidencia y agencias internacionales, siete miembros de esa organización murieron durante la operación, entre ellos alias “Cholo”, identificado por las autoridades como uno de los principales integrantes de la estructura. �
EFE Noticias +1
Tras conocer los hechos y ante las amenazas de un paro armado, De la Espriella sostuvo que su gobierno no permitiría que organizaciones criminales impusieran condiciones mediante intimidaciones a la población.
El mandatario afirmó que quienes no opten por someterse a la justicia enfrentarán la acción de las instituciones del Estado. Su advertencia incluyó una referencia directa a los integrantes de las ACSN abatidos durante el operativo.
La Presidencia colombiana difundió posteriormente la declaración completa, en la que el jefe de Estado vinculó la respuesta militar y policial con su decisión de impedir que los grupos armados condicionen la vida de las comunidades. �
Presidencia
Una respuesta centrada en la fuerza del Estado
El pronunciamiento de De la Espriella ocurre dentro de una política de seguridad que su gobierno ha colocado entre sus principales prioridades.
En su declaración, el presidente sostuvo que las instituciones deben hacer cumplir la ley y aseguró que se utilizarán las capacidades del Estado frente a organizaciones que recurran a la violencia o pretendan controlar territorios mediante amenazas.
El episodio también ocurre después de otros operativos de gran impacto contra estructuras armadas. En septiembre, el mandatario había difundido imágenes relacionadas con una operación contra disidencias armadas, hecho que generó controversia pública por la manera en que se mostraron los cuerpos de personas abatidas. Posteriormente, un juez de Bogotá ordenó retirar temporalmente determinadas publicaciones oficiales relacionadas con esas imágenes. �
La Silla Vacía
Este antecedente ayuda a entender el contexto en el que se produce la nueva declaración: el gobierno de De la Espriella ha optado por una comunicación pública particularmente centrada en la confrontación contra grupos armados y en la utilización de la fuerza estatal para recuperar control territorial.
Las ACSN y la situación en Santa Marta
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son una estructura armada con presencia principalmente en la zona de la Sierra Nevada y el departamento del Magdalena.
Las autoridades colombianas han relacionado a esta organización con actividades criminales y control territorial. En el operativo mencionado por De la Espriella fueron abatidos siete de sus integrantes.
Entre ellos se encontraba alias “Cholo”, a quien las autoridades identificaban como un dirigente de la estructura. De acuerdo con reportes periodísticos, también habría tenido participación en rutas relacionadas con el narcotráfico hacia Centroamérica. �
El Comercio Perú
Después del operativo, las amenazas de un paro armado elevaron la preocupación de las autoridades locales y nacionales.
Frente a ese escenario, De la Espriella anunció que acudiría personalmente a Santa Marta para encabezar una reunión de seguridad y evaluar las condiciones en el territorio.
El gobierno colombiano busca con ello evitar que la organización pueda utilizar las amenazas como mecanismo para alterar las actividades de la población o desafiar la autoridad estatal.
El mensaje político del presidente colombiano
La declaración también tiene una dimensión política. De la Espriella ha construido buena parte de su discurso en torno a la recuperación de la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones y una política de confrontación frente a las organizaciones armadas ilegales.
Su mensaje de septiembre mantiene esa línea y coloca la disyuntiva entre sometimiento a la justicia y confrontación con la Fuerza Pública como uno de los ejes de su política de seguridad.
El mandatario aseguró que su gobierno no permitirá que estructuras criminales “arrodillen” a la población colombiana, al tiempo que afirmó que utilizará las capacidades estatales para enfrentar a quienes recurran a la violencia. �
Presidencia
La declaración ha generado atención precisamente por el lenguaje empleado para referirse a los integrantes de los grupos armados y por la relación directa que estableció entre quienes no se sometan a la justicia y la posibilidad de morir durante operaciones de la Fuerza Pública.
Medios internacionales reportaron el pronunciamiento como una nueva advertencia del mandatario colombiano hacia las organizaciones criminales. �
DW +1
Seguridad, justicia y derechos humanos
El endurecimiento del discurso de seguridad también abre una discusión sobre los límites de la actuación estatal frente a organizaciones armadas.
La respuesta contra estructuras criminales debe desarrollarse dentro del marco jurídico colombiano y bajo las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. La propia Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre la necesidad de preservar la vida y la dignidad humana incluso durante operaciones legítimas de la Fuerza Pública. �
El País
Esto coloca el debate más allá de la confrontación entre gobierno y grupos armados. También implica revisar cómo se realizan los operativos, cómo se presentan públicamente sus resultados y cuáles son las garantías jurídicas aplicables a las personas involucradas.
En el caso de Santa Marta, el gobierno de De la Espriella sostiene que actuó frente a una estructura que representa una amenaza para la población y que continuará utilizando las capacidades estatales para impedir acciones armadas.
Al mismo tiempo, las reacciones de organismos de derechos humanos muestran que el uso de la fuerza y la comunicación gubernamental sobre personas abatidas permanecen bajo escrutinio público.
Una nueva fase en la política de seguridad colombiana
La advertencia lanzada por Abelardo de la Espriella marca otro episodio de una política de seguridad basada en una confrontación abierta contra las organizaciones armadas ilegales.
El mensaje llega después de un operativo que dejó siete integrantes de las ACSN muertos y en momentos en que las autoridades enfrentan la amenaza de un paro armado en Santa Marta y otras zonas de influencia de esa estructura.
El presidente colombiano anunció que acudirá personalmente al territorio para coordinar la respuesta institucional, mientras su gobierno sostiene que no permitirá que grupos armados impongan condiciones a la población.
El siguiente escenario será determinar si las amenazas de paro armado se concretan y cuál será la respuesta de las autoridades colombianas.
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Por ahora, De la Espriella ha dejado definida públicamente su postura: quienes opten por continuar en estructuras armadas enfrentarán la acción de la Fuerza Pública y el peso de las instituciones colombianas, dentro del marco que establecen las leyes y las garantías constitucionales.
