La participación ciudadana en las decisiones que transforman el entorno urbano cuenta con una vía jurídica específica en la Ciudad de México. Se trata de la acción pública, mecanismo que permite a personas con interés legítimo y a órganos de representación ciudadana acudir ante los Tribunales de Justicia Administrativa cuando determinadas construcciones, modificaciones al uso de suelo u otros aprovechamientos inmobiliarios pueden afectar su esfera jurídica y la armonía de su comunidad.
Durante un encuentro con jueces federales y de la Ciudad de México, Xóchitl Almendra Hernández Torres, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del Órgano de Administración Judicial (OAJ), explicó el alcance de esta herramienta y su importancia dentro de la justicia administrativa.
El planteamiento coloca sobre la mesa un asunto que suele generar conflictos vecinales y urbanos: qué pueden hacer las personas cuando una obra, un proyecto inmobiliario o una modificación en el uso de un predio tiene consecuencias directas sobre la zona donde viven.
¿Qué es la acción pública en materia urbana?
La acción pública constituye una vía jurisdiccional contemplada por la legislación de la Ciudad de México para atender controversias relacionadas con el desarrollo urbano. El artículo 154 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que este instrumento permite al Tribunal conocer situaciones de hecho o jurídicas respecto de las cuales exista inconformidad de personas físicas o morales con interés legítimo, así como de órganos de representación ciudadana.
El mecanismo está relacionado, entre otros supuestos, con construcciones, cambios de uso o destino del suelo y otros aprovechamientos de inmuebles que puedan contravenir la legislación urbanística, los reglamentos de construcción o los programas ambientales y de desarrollo urbano vigentes.
Esto significa que la discusión no se limita a determinar si una persona es propietaria de un inmueble. El interés legítimo permite que quienes acrediten una afectación jurídicamente relevante puedan plantear ante la autoridad jurisdiccional una controversia relacionada con el desarrollo de su entorno.
La herramienta adquiere especial relevancia en una ciudad donde las transformaciones urbanas tienen efectos que van más allá de los límites físicos de un predio.
Una vía frente a obras que impactan a las comunidades
Una construcción puede modificar las condiciones de movilidad, infraestructura, servicios, espacio público o convivencia de una zona. De la misma manera, un cambio en el uso de suelo puede alterar las actividades permitidas en determinado inmueble y generar consecuencias para quienes habitan alrededor.
La Constitución de la Ciudad de México establece que la regulación del suelo debe considerar aspectos como infraestructura, equipamiento, servicios, espacio público, movilidad y transformación económica. También dispone que los procesos relativos a cambios de uso de suelo deben sujetarse a principios de transparencia y máxima publicidad.
En este marco, la acción pública funciona como uno de los instrumentos mediante los cuales la ciudadanía puede llevar determinadas controversias urbanísticas al terreno jurisdiccional.
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene entre sus atribuciones resolver controversias entre la administración pública local, las alcaldías y particulares. La Constitución capitalina reconoce al Tribunal como un órgano autónomo para el dictado de sus resoluciones y establece que la legislación local debe determinar los procedimientos de su competencia.
El interés legítimo, un elemento central
Uno de los puntos fundamentales de este mecanismo es acreditar el interés legítimo. No se trata simplemente de manifestar desacuerdo con una construcción o con una decisión administrativa.
La persona o el órgano ciudadano que promueve la acción debe encontrarse en una situación jurídicamente relevante frente al acto que cuestiona, de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación aplicable.
Precisamente por ello, la explicación de Hernández Torres ante integrantes de la judicatura resulta relevante: la acción pública amplía la posibilidad de que los conflictos urbanos sean revisados desde una perspectiva que considere la relación entre las decisiones administrativas y sus efectos sobre las comunidades.
El instrumento también refleja la evolución de la justicia administrativa en la capital. En lugar de limitarse a controversias estrictamente individuales entre una autoridad y una persona, existen mecanismos que permiten llevar ante los tribunales problemáticas relacionadas con intereses colectivos o comunitarios cuando se cumplen las condiciones previstas por la ley.
Construcciones, uso de suelo y derecho a una buena administración
La discusión sobre la acción pública también se relaciona con el principio de buena administración pública.
Un criterio de tribunales federales ha señalado que, cuando una petición relacionada con una acción pública plantea posibles riesgos para la población o posibles violaciones a la regulación urbanística, la autoridad debe atender esos planteamientos desde la perspectiva del interés general y de sus obligaciones legales.
El antecedente resulta significativo porque la regulación urbana no sólo contempla permisos y autorizaciones. También establece responsabilidades para las autoridades encargadas de verificar que las obras y los usos de los inmuebles se ajusten al marco jurídico.
En la Ciudad de México, las alcaldías tienen atribuciones de vigilancia y verificación administrativa en materias como construcciones, edificaciones, protección ecológica, anuncios, uso de suelo y desarrollo urbano, además de facultades relacionadas con permisos, licencias y autorizaciones conforme a las disposiciones aplicables.
Por ello, cuando existe una posible contradicción entre una obra y las normas urbanísticas, la discusión puede involucrar tanto a quienes realizan el proyecto como a las autoridades responsables de supervisar su legalidad.
Una herramienta para la participación ciudadana
La acción pública también permite observar cómo la justicia administrativa puede funcionar como un espacio de participación ciudadana.
El desarrollo urbano suele generar decisiones con efectos prolongados. Una modificación en el uso de un inmueble o una construcción de determinada magnitud puede permanecer durante décadas y alterar las condiciones de una colonia, barrio o comunidad.
En ese escenario, la existencia de mecanismos jurídicos para cuestionar actos administrativos permite que la ciudadanía no quede limitada a expresar inconformidades mediante canales políticos o administrativos, sino que pueda recurrir a una instancia jurisdiccional cuando considere que existe una afectación que cumple con los requisitos legales.
El propio desarrollo de esta figura muestra una transformación en la relación entre ciudadanía, administración pública y justicia. La acción pública pasó de concebirse como una prerrogativa que podía tramitarse en sede administrativa a consolidarse como una vía directamente jurisdiccional dentro del marco jurídico capitalino.
Justicia administrativa frente a los desafíos urbanos de la capital
La expansión urbana, la construcción de vivienda, los proyectos inmobiliarios y las modificaciones al uso del suelo forman parte de los desafíos permanentes de la Ciudad de México. En todos estos procesos existe una tensión entre el aprovechamiento de los inmuebles, el desarrollo urbano y los derechos e intereses de quienes habitan las zonas involucradas.
En ese contexto, la intervención de la justicia administrativa puede convertirse en un elemento de control sobre las decisiones de las autoridades y en una vía para revisar si determinados actos se ajustan a las normas urbanísticas.
La exposición de Xóchitl Almendra Hernández Torres ante jueces federales y capitalinos pone nuevamente este mecanismo en el centro de la conversación jurídica. Más allá de un procedimiento especializado, la acción pública representa una vía mediante la cual quienes acrediten interés legítimo pueden plantear ante los tribunales controversias relacionadas con el entorno en el que viven.
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Así, construcciones, cambios de uso de suelo y otros aprovechamientos inmobiliarios dejan de ser únicamente asuntos entre propietarios y autoridades. Cuando sus efectos alcanzan directamente a una comunidad y existen elementos jurídicos para acreditar el interés legítimo, la legislación contempla una vía para que esas controversias sean revisadas por los órganos de justicia administrativa.
El reto, en cada caso, consiste en determinar si se cumplen los requisitos legales y si los actos cuestionados efectivamente contravienen las disposiciones urbanísticas aplicables. La acción pública no sustituye los procedimientos administrativos ni significa que toda inconformidad derive automáticamente en una resolución favorable; representa, en cambio, un mecanismo institucional para llevar determinadas controversias urbanas ante un tribunal.
