En Coahuila insisten en explicarnos la crisis del agua como si fuera un fenómeno natural, casi inevitable. Que si no llueve, que si el clima, que si la geografía. Pero basta mirar quién tiene las concesiones para que la verdad aparezca con claridad brutal: no es sequía, es saqueo.
El agua no desapareció sola. Fue entregada, concesionada y acaparada desde el poder.
Durante décadas, el PRI gobernó Coahuila como si los acuíferos fueran patrimonio del régimen. El agua se repartió entre empresas, exgobernadores y familias políticas, mientras al resto se le administraba la escasez. Hoy, los mismos responsables se presentan como defensores del campo. La ironía raya en el insulto.
El caso de la cervecera en Nava lo demuestra con precisión quirúrgica. La instalación y expansión de la planta operada por Constellation Brands fue una decisión avalada y promovida por Rubén Moreira. Millones de metros cúbicos de agua subterránea fueron concesionados en una región con estrés hídrico para producir cerveza de exportación.
Cuando las comunidades denunciaron desabasto, cuando los pozos domésticos bajaron su nivel, cuando municipios dijeron “no tenemos agua para consumo humano”, el gobierno de Moreira no corrigió: negó. Culparon a las tuberías, protegieron a la empresa y blindaron el privilegio. El mensaje fue claro: el negocio primero, la gente después.
Ese modelo no terminó. Se heredó.
Hoy, en Arteaga —zona oficialmente reconocida con alto estrés hídrico— Manolo Jiménez posee una concesión agrícola de 120 mil metros cúbicos de agua al año. Su hermano, Diego Jiménez Salinas, otra por 50 mil metros cúbicos anuales. Ambas sobre un acuífero que la propia CONAGUA considera sin disponibilidad.
Mientras el territorio transita de “anormalmente seco” a “sequía extrema”, el agua sigue fluyendo para la familia gobernante. Y aun así, el PRI habla de “pobres campesinos”, como si no fuera el arquitecto del despojo.
El patrón se repite con nombres conocidos. Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador, acumula concesiones desde los años noventa, además de la ocupación de zonas federales asociadas a cuerpos de agua. Décadas de permisos mientras el campo se secaba y las comunidades se quedaban sin futuro.
Por eso hay que decirlo sin rodeos: no falló el sistema, funcionó exactamente como fue diseñado. Un sistema donde el agua se concentra arriba y la escasez se reparte abajo. Donde el poder tiene llave y el pueblo tiene pipa.
Rumbo a 2026, el PRI intenta vestirse de defensor social. Hablan del campo, del productor, de la sequía. Pero lo que realmente defienden es otra cosa: sus concesiones, sus herencias y su control del agua. No protegen al campesino; protegen el privilegio.
La consigna lo resume todo: no es sequía, es saqueo.
Y mientras no se rompa el régimen de concesiones heredado del priismo, no habrá solución hídrica posible. Porque el agua no falta: está secuestrada.
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Y en Coahuila, ese secuestro tiene responsables claros.
