Cae el alcalde de Teuchitlán por presunta conexión con campo del CJNG

El alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, fue detenido por fuerzas federales tras ser señalado como presunto implicado en los crímenes del Rancho Izaguirre, lugar que colectivos de búsqueda identifican como campo de entrenamiento del CJNG y posible crematorio clandestino. Su captura lo convierte en el primer funcionario arrestado en el marco de esta investigación, que ha encendido alertas sobre vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado.

MUNICIPIOS

Redacción.

5/4/20254 min read

Este sábado 3 de mayo de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de José Ascensión “Chon” Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco. Según fuentes federales, la aprehensión fue en el contexto de las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre, un predio rural donde se descubrió un presunto campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La FGR imputa a Murguía Santiago delitos de delincuencia organizada y omisión de funciones, ya que le habrían notificado de actividades ilícitas en el rancho sin que tomara acción alguna.

Contexto: el Rancho Izaguirre y los hallazgos forenses

El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, se había convertido en el eje de una investigación nacional. Colectivos de búsqueda de desaparecidos lo señalaron desde marzo como un posible “campo de exterminio” del CJNG. En ese predio se hallaron tres hornos clandestinos y cientos de objetos personales (zapatos, ropa, cartas) junto a restos óseos, evidencias que sugieren desapariciones forzadas masivas. Las autoridades federales han confirmado que, desde 2021 –el mismo año en que Murguía asumió el cargo– el rancho era utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que no existe prueba concluyente de cremaciones en el lugar, pues sólo se hallaron fragmentos óseos aislados y cenizas; sin embargo, los colectivos insisten en la gravedad de los hallazgos.

Detención del alcalde y cargos preliminares

La detención se concretó por la tarde del sábado en la Ciudad de México, a cargo de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Murguía Santiago, dirigente de Movimiento Ciudadano, fue trasladado bajo orden de aprehensión y se le vincula a las actividades del rancho. De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, el alcalde es investigado por su presunta omisión ante delitos relacionados con el narco, es decir, por haber sabido de las actividades ilegales en Izaguirre y no haberlas impedido. Las autoridades federales sostienen que, por este motivo, podría imputársele delincuencia organizada. Cabe recordar que en entrevistas previas Murguía había negado conocer el rancho: en marzo afirmó que ignoraba lo que allí ocurría y se dijo dispuesto a cooperar en la investigación (“si me investigan… yo estoy limpio y dispuesto a declarar lo que sé”).

Reacciones oficiales

Desde el gobierno de Jalisco, el secretario general Salvador Zamora (en representación estatal) expresó que el Estado mantiene plena colaboración con la FGR. Zamora indicó que hasta ahora “no hay procesos de investigación abiertos contra funcionarios públicos” por el caso Izaguirre, pero advirtió que si las pesquisas federales confirman omisiones de autoridades locales o estatales, el estado “apoyará en lo que se requiera” a la Fiscalía. Hasta el momento no hay pronunciamientos públicos del gobernador Enrique Alfaro ni de los directivos estatales al respecto. Murguía Santiago pertenece al partido Movimiento Ciudadano, y la dirigencia nacional del partido no ha emitido declaración oficial sobre su detención.

La FGR, por su parte, ratificó que la indagatoria sigue abierta. El fiscal Gertz Manero señaló que hay “14 procesos” judicializados por delitos de delincuencia organizada y desaparición ligados al rancho Izaguirre, que las órdenes de aprehensión emitidas hasta ahora ya fueron cumplidas, y que continuarán detenciones de cualquier autoridad local vinculada. Gertz ha defendido la investigación ante los cuestionamientos: enfatizó que el rancho sí era un campo de entrenamiento del CJNG (probado por pruebas documentales y testimoniales) y negó la versión de crematorios masivos mencionada por los colectivos.

Antecedentes del alcalde

José Ascensión Murguía Santiago (de 3er mandato municipal) es un político con varios periodos al frente de Teuchitlán. Inició su primer periodo como presidente municipal en 2012 bajo las siglas del PRI, y en 2021 regresó al cargo postulado por Movimiento Ciudadano. Actualmente, Murguía se desempeñaba en su segundo periodo consecutivo (tercero en total). Tras conocerse los hallazgos en el rancho Izaguirre, Murguía defendió que desconocía las actividades ilícitas en esa zona remota y subrayó que, siendo un pueblo pequeño, “es imposible conocer todo el municipio”. Hasta ahora no se había impuesto sanción administrativa local alguna contra el alcalde ni existían antecedentes penales públicos en su contra.

Colectivos de búsqueda señalan omisiones

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha presionado activamente para que se esclarezca el caso. Sus integrantes sostienen tener fotos y testimonios de sobrevivientes que confirman asesinatos e incineraciones de personas en el Rancho Izaguirre. Acusan omisiones e incluso presunta complicidad de autoridades locales con el CJNG en la región, lo que refuerza la hipótesis de responsabilidad municipal en el encubrimiento. El pasado 2 de mayo, los buscadores reingresaron al predio con autorización judicial para supervisar los peritajes, insistiendo en que la investigación debe llegar “desde arriba” y no quedarse sólo en los capos que operaban allí.

Con la aprehensión de Murguía Santiago, las autoridades federales ejecutaron la primera detención de un funcionario público relacionada con el caso Izaguirre. La FGR ha dejado claro que seguirá todas las líneas de investigación: sus voceros afirman que no descartarán más arrestos de servidores públicos que resulten involucrados en esta red criminal. Mientras las indagatorias avanzan, la ciudadanía y los colectivos locales demandan justicia plena por las víctimas y transparencia en la pesquisa.