El Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde en lo general, al registrar 344 votos a favor, al dictamen enfocado en la nacionalidad única para ocupar cargos de alta responsabilidad en el Poder Ejecutivo. Dicha iniciativa fue promovida por la titular del Poder Ejecutivo federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 30 de agosto. La modificación legal tiene como propósito central prevenir cualquier posible conflicto de interés, garantizando que quienes lideren el Poder Ejecutivo en cualquiera de sus tres ámbitos de gobierno actúen con fidelidad exclusiva hacia los intereses de la nación. Al respecto, la diputada federal Xóchitl Zagal Ramírez subrayó que esta actualización al marco constitucional robustece la soberanía del país y asegura que la única directriz de las administraciones públicas sea el bienestar del pueblo mexicano.
El proyecto contempla la modificación de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo como una condición obligatoria el no contar ni adquirir una ciudadanía ajena a la mexicana para postularse y desempeñar las funciones correspondientes a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Cabe destacar que la medida no constituye una prohibición categórica, ya que aquellas personas que cuenten con una segunda nacionalidad tendrán la posibilidad de contender por los cargos públicos, siempre y cuando realicen la renuncia formal a dicha condición extranjera con antelación al registro formal de su postulación, conforme a los lineamientos que marque la legislación. De igual forma, se estipula que durante el periodo de encargo, el titular de la Presidencia quedará impedido para solicitar, tramitar o invocar ante instancias internacionales o extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.
Entre las principales ventajas del decreto destacan el blindaje a la soberanía para consolidar la independencia institucional de la nación frente a factores externos, la lealtad patriótica que asegura que el servicio público responda de manera prioritaria a las demandas de la ciudadanía, y la coherencia normativa que armoniza los derechos de participación política con el principio de fidelidad absoluta hacia el Estado mexicano.
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Finalmente, el decreto comenzará a surtir efectos y se aplicará formalmente a partir del proceso electoral fijado para el año 2028. Asimismo, otorga un periodo de 90 días naturales para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales adecuen sus normativas internas.
