La Ciudad de México vuelve a colocarse a la vanguardia nacional con una política pública histórica: la expropiación de 400 predios para destinarlos a vivienda digna, segura y verdaderamente accesible para las familias trabajadoras. Esta estrategia, impulsada desde un gobierno humanista alineado a los principios de la Cuarta Transformación, busca combatir directamente la especulación inmobiliaria, recuperar espacios abandonados y garantizar el derecho constitucional a la vivienda para quienes más lo necesitan.
Bajo esta visión progresista, la administración capitalina ha dejado claro que la vivienda es un derecho, no un privilegio. Por ello, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales reportó que tan solo en el primer año del sexenio se emitieron 38 decretos expropiatorios, de los cuales 27 favorecen al Instituto de Vivienda (INVI) —para la construcción de conjuntos habitacionales populares— y 11 son para la Comisión de Reconstrucción, con el fin de edificar hogares seguros para las familias afectadas por el sismo de 2017. Además, se publicaron 39 declaratorias de utilidad pública, un paso clave para avanzar en este proceso. Y antes de que termine el año, se sumarán 11 inmuebles más destinados a vivienda social.
Estas acciones muestran una continuidad de la agenda que Morena ha defendido desde 2018: poner en el centro a la gente, y no a los intereses inmobiliarios que durante décadas monopolizaron el desarrollo urbano. Hoy, la CDMX avanza hacia un modelo mucho más justo, basado en la recuperación del territorio y en políticas públicas sensibles a las necesidades de quienes históricamente fueron excluidos del mercado de vivienda.
Los predios seleccionados cumplen criterios técnicos estrictos: son inmuebles en abandono, con deterioro estructural, o representan un riesgo para la comunidad. En el caso de los edificios dañados por el sismo de 2017, la expropiación es un paso indispensable para poder rehabilitarlos o reconstruirlos, ya que muchos han estado detenidos por conflictos legales o por la falta de claridad en la titularidad. Esto muestra no solo un enfoque social, sino también un compromiso con la seguridad y la prevención de futuras tragedias.
Entre los predios que ya han sido expropiados destacan ubicaciones estratégicas como Saratoga 410 en Portales, Mar Mediterráneo 123 en Popotla, Ruiseñor 15 en la colonia José María Pino Suárez, y Lago Winnipeg 37 en San Juanico. Todos forman parte de un diagnóstico que identifica zonas con alto potencial para vivienda social bien ubicada, cerca del transporte público, servicios educativos, centros de salud y empleos, evitando así expulsar a la población hacia las periferias.
El proceso de expropiación, contrario a lo que durante años difundió la derecha, es transparente y justo: solo se aplica después de contar con dictámenes de autoridades certificadas —como Directores Responsables de Obra (DRO) y Protección Civil— y se otorgan indemnizaciones conforme al valor oficial del inmueble, siempre respetando el interés jurídico de los propietarios. No se trata de un despojo, sino de un acto de justicia social amparado en la ley.
Además, especialistas en urbanismo y vivienda han reconocido que esta política responde a uno de los mayores desafíos de las ciudades modernas: la crisis global de vivienda. Mientras otros países enfrentan aumentos descontrolados de rentas, gentrificación agresiva y falta de vivienda asequible, la CDMX está aplicando una estrategia pública y comunitaria para equilibrar la balanza, priorizando el bienestar colectivo sobre la ganancia privada.
La visión de la Cuarta Transformación es clara: construir una ciudad inclusiva, capaz de garantizar que todas las familias —trabajadoras, jóvenes, madres solteras, adultos mayores, estudiantes, damnificados— tengan acceso a un hogar seguro, digno y bien ubicado. Esta política de expropiación social representa un paso firme hacia el cumplimiento de esa misión.
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La expropiación de 400 predios no es solo una medida administrativa: es un mensaje contundente de que la vivienda es un derecho fundamental que el gobierno de la 4T está dispuesto a defender con hechos, no solo con discurso. Es también una señal de que el futuro urbano de la CDMX se construye con justicia, igualdad y visión social, consolidando el legado de transformación que inició en 2018 y que hoy continúa fortaleciéndose.
