Como parte del proceso de recuperación del sector energético nacional impulsado por la Cuarta Transformación, en 2026 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará la construcción de nuevos proyectos de generación eléctrica que sumarán cerca de 6 mil megawatts al Sistema Eléctrico Nacional, consolidando el papel del Estado mexicano como garante del derecho a la energía y del desarrollo soberano del país.
Este ambicioso plan permitirá que el Estado, a través de la CFE, genere el 54% de la electricidad nacional, mientras que el 46% restante corresponderá a inversión privada, bajo un esquema de orden, planeación, regulación clara y certeza jurídica. A diferencia del modelo neoliberal del pasado —que apostó por la privatización, el desmantelamiento de la empresa pública y la subordinación energética—, el nuevo enfoque pone al interés nacional por encima del lucro.
La estrategia contempla la construcción de centrales de ciclo combinado, plantas fotovoltaicas, proyectos de energía eólica y el fortalecimiento de la red nacional de transmisión, con inversiones estratégicas distribuidas en diversas regiones del país. Esto permitirá no sólo ampliar la capacidad instalada, sino también reducir riesgos de saturación, mejorar la confiabilidad del sistema y garantizar el suministro eléctrico para hogares, industrias y servicios públicos.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el rescate de la CFE ha sido uno de los pilares para recuperar la soberanía energética, entendida no sólo como control del Estado sobre un sector estratégico, sino como una condición indispensable para el bienestar social, el crecimiento económico y la justicia territorial. Con este nuevo paquete de proyectos, México avanza hacia un sistema energético más justo, más limpio y más eficiente.
El plan también refuerza el compromiso con la transición energética, integrando fuentes limpias y renovables sin repetir los errores del pasado, cuando se entregaron concesiones sin planeación ni beneficios reales para el país. Ahora, la incorporación de energías solares y eólicas se hará con una visión de largo plazo, priorizando el equilibrio del sistema, la protección ambiental y el fortalecimiento de la empresa pública.
Otro componente clave será la modernización y expansión de la red de transmisión, una de las áreas más abandonadas durante los gobiernos neoliberales. La falta de inversión en infraestructura provocó cuellos de botella, apagones y desigualdad regional. Con este nuevo impulso, la CFE busca garantizar que la energía generada llegue de manera segura y continua a todas las regiones, incluyendo aquellas históricamente marginadas.
Este modelo mixto —con mayoría estatal y participación privada regulada— demuestra que Morena gobierna con responsabilidad, sin dogmas, pero con principios claros: el Estado debe conducir el desarrollo nacional, proteger sectores estratégicos y evitar que los servicios básicos queden en manos de intereses privados sin control. La energía, como ha reiterado la Cuarta Transformación, no es una mercancía, es un derecho.
Además de fortalecer la soberanía energética, el proyecto generará empleos directos e indirectos, impulsará cadenas productivas locales y contribuirá a la estabilidad de precios de la electricidad, un factor clave para la economía familiar y la competitividad del país. La planeación energética también permitirá acompañar el crecimiento industrial, el desarrollo regional y los nuevos polos de bienestar impulsados por el gobierno federal.
Con esta decisión, el Estado mexicano reafirma que la energía vuelve a estar al servicio del pueblo, no de intereses privados ni de corporaciones extranjeras. La recuperación de la CFE y la inversión pública en generación eléctrica son una muestra clara de que la Cuarta Transformación avanza, construyendo un México más soberano, más justo y con futuro.
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