El año 2025 ha sido un periodo clave en la consolidación del proyecto de nación impulsado por la Cuarta Transformación y encabezado, a nivel nacional, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Más allá del cambio de liderazgo, este año ha significado continuidad y profundización de un modelo político que ha colocado en el centro a los sectores históricamente excluidos.
Los avances no son menores ni simbólicos. Se trata de logros concretos que han impactado directamente en la vida cotidiana de millones de personas: el aumento histórico al salario mínimo, la ampliación del acceso a programas sociales para la mayoría de las familias, así como la creación y conclusión de obras estratégicas en materia de movilidad, agua, salud y vivienda. A ello se suma una reducción sostenida de diversas violencias, resultado de una política pública que atiende las causas estructurales de la desigualdad.
Como ha sido costumbre, lo que beneficia al pueblo genera un profundo malestar en la derecha. México no ha sido la excepción. Frente a los avances del gobierno federal, la oposición recurrió durante la primera mitad del año a un discurso ya conocido: advertencias apocalípticas sobre supuestos desastres económicos y una narrativa cargada de misoginia y machismo que buscaba instalar la idea de que Claudia Sheinbaum no era capaz de gobernar. Demagogia clásica, al estilo de la derecha más reaccionaria de la región.
Sin embargo, al no lograr frenar el respaldo ciudadano ni erosionar la legitimidad del gobierno, la oposición optó por el único camino que le quedaba: la radicalización.
Desde hace más de un año comenzó a evidenciarse este proceso. Marchas convocadas por la derecha, la toma de instalaciones del Senado con el objetivo de impedir la Reforma al Poder Judicial —la última trinchera que protegía sus privilegios y garantizaba impunidad— marcaron el inicio de una escalada que ha ido en aumento. Posteriormente, los dirigentes de los principales partidos de oposición decidieron asumir un papel más activo. Alejandro Moreno y el PRI fueron los primeros en tomar violentamente la tribuna del Senado. Después, el PAN, bajo la dirigencia de Jorge Romero, llegó al extremo de declarar que “el único camino que quedaba era la violencia”, mientras dilapidaban millones de pesos en cambiar su logo y lema, sin modificar el fondo autoritario de su proyecto político.
La estrategia no se limitó al discurso. Desde el PAN en la Ciudad de México se financió a uno de los principales propagandistas de la llamada “marcha de la generación Z”, movilización que también contó con el respaldo del PRI. A esta sinergia de confrontación se sumaron alcaldes prianistas como AlesSandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, quienes patrocinaron la presencia del llamado Bloque Negro para provocar disturbios dentro de sus propias marchas y construir montajes mediáticos, una práctica ya conocida. Medios afines como Latinus intentaron, sin éxito, posicionar la narrativa de que Morena y el gobierno estaban detrás de estos grupos, o bien amplificar bloqueos carreteros bajo el pretexto de supuestos reclamos de agricultores.
Más recientemente, durante la discusión del Presupuesto 2026 en la Ciudad de México —un presupuesto que garantiza derechos sociales y mantiene finanzas sanas— diputadas y diputados de la oposición tomaron violentamente la tribuna con el objetivo de impedir su aprobación y paralizar el funcionamiento del gobierno de la capital del país.
La tendencia es clara y no se oculta: violencia, racismo y clasismo como ejes de una oposición que carece de proyecto y de respaldo popular.
Frente a este escenario, la pregunta central no es si la derecha seguirá profundizando su desesperación, sino cómo la Cuarta Transformación y los partidos que la conforman lograrán fortalecerse para mantenerse como la principal alternativa política de la ciudadanía, consolidar sus gobiernos y profundizar un modelo que ha demostrado resultados.
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