La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del “Pacto Contra la Extorsión”, un acuerdo interinstitucional que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía y al sector productivo mediante la coordinación entre autoridades, empresarios y sociedad civil.
Durante el acto, la mandataria capitalina aseguró que este esfuerzo representa un respaldo total para las y los habitantes de la capital, al tiempo que envió un mensaje contundente: “en la ciudad el miedo no manda”. Subrayó que la estrategia no solo contempla acciones de seguridad, sino también mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento a las víctimas.
Una estrategia integral contra la extorsión
El Pacto Contra la Extorsión se alinea con la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual prioriza la coordinación interinstitucional y la atención a delitos que impactan directamente en la economía familiar y empresarial.
Este acuerdo involucra a los tres niveles de gobierno, así como a cámaras empresariales y organizaciones civiles, con el objetivo de generar una respuesta más eficaz frente a la extorsión, un delito que ha evolucionado en sus modalidades, incluyendo llamadas telefónicas, cobros de piso y amenazas digitales.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión se mantiene como uno de los delitos con mayor impacto social debido a su subregistro, ya que muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias.
Reformas legales: nace el delito de “coerción”
Como parte de esta estrategia, el gobierno capitalino anunció el envío de un paquete de reformas al Congreso local. Entre las medidas más relevantes destaca la creación del delito de “coerción”, que permitirá sancionar de manera más severa conductas que anteriormente eran consideradas como tentativa de extorsión.
Esta modificación busca cerrar vacíos legales y clasificar estos actos como delitos graves, lo que implicaría penas más altas y mayores herramientas para la persecución penal.
Especialistas en derecho han señalado que este tipo de reformas son fundamentales para actualizar el marco jurídico frente a nuevas formas de criminalidad, particularmente aquellas que operan mediante intimidación psicológica o presión económica.
Tecnología y protección a negocios
El pacto también contempla acciones concretas para proteger a los establecimientos comerciales, uno de los sectores más vulnerables ante este delito.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la instalación de botones de emergencia conectados directamente con las autoridades, así como la implementación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos. Estas herramientas permitirán una respuesta más rápida ante cualquier intento de extorsión o amenaza.
Asimismo, se prevé el fortalecimiento de canales de denuncia anónima y la capacitación a comerciantes para identificar y reportar situaciones de riesgo.
Romper el silencio: clave para combatir la extorsión
Uno de los principales retos que enfrenta la lucha contra la extorsión es el subregistro. Las autoridades reconocieron que muchas víctimas no denuncian por temor, lo que dificulta la identificación y desarticulación de redes delictivas.
En este sentido, el gobierno capitalino hizo un llamado directo a la ciudadanía a romper el silencio y confiar en las instituciones. “No están solas ni solos”, reiteraron durante el evento.
Diversos organismos internacionales han señalado que la denuncia ciudadana es un elemento clave para combatir este delito. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el fortalecimiento de la confianza entre autoridades y sociedad es esencial para mejorar los niveles de reporte y, en consecuencia, la efectividad de las políticas de seguridad.
Impacto económico y social de la extorsión
La extorsión no solo afecta la seguridad de las personas, sino también la economía local. Para muchos pequeños y medianos negocios, el pago de “cuotas” ilegales puede significar la diferencia entre operar o cerrar.
Por ello, este pacto busca generar condiciones de seguridad que permitan a los emprendedores y comerciantes desarrollar sus actividades sin amenazas, contribuyendo al crecimiento económico de la ciudad.
Además, el combate a este delito tiene un impacto directo en la calidad de vida de las familias, al reducir la violencia y fortalecer la confianza en las instituciones.
Coordinación y participación ciudadana
El Pacto Contra la Extorsión refuerza la idea de que la seguridad es una responsabilidad compartida. La participación de la sociedad civil y del sector empresarial será clave para su éxito.
La coordinación entre autoridades locales y federales también permitirá una mejor inteligencia operativa y una mayor capacidad de respuesta ante las redes criminales.
Con la firma del Pacto Contra la Extorsión, el gobierno de la Ciudad de México da un paso firme en la lucha contra uno de los delitos más sensibles para la población. La combinación de reformas legales, herramientas tecnológicas y participación ciudadana busca generar un entorno más seguro y confiable.
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El mensaje es claro: la extorsión no será tolerada y su combate requerirá del esfuerzo conjunto de autoridades y sociedad. En este camino, la denuncia y la organización comunitaria serán fundamentales para recuperar la tranquilidad en la capital del país.
