El Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de nacionalidad única, con la que se plantea establecer como requisito para ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina contar únicamente con la nacionalidad mexicana.
La decisión fue tomada el 29 de septiembre durante una sesión del Congreso capitalino en su carácter de integrante del Constituyente Permanente. La minuta, enviada por el Senado de la República, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El resultado de la votación fue de 44 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención, por lo que alcanzó la mayoría calificada requerida en el Legislativo local.
En la discusión, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, fijó la postura de su bancada a favor de la modificación constitucional y colocó el debate en torno a conceptos como soberanía, responsabilidad pública y compromiso con México.
Xóchitl Bravo lleva al debate la soberanía nacional
Durante su intervención en tribuna, Xóchitl Bravo sostuvo que respaldar la reforma representa una responsabilidad frente al pueblo de México. Desde su perspectiva, establecer la nacionalidad mexicana como requisito exclusivo para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal, estatales o de la Ciudad de México responde a una definición sobre el vínculo que debe existir entre quienes gobiernan y el país.
La legisladora planteó que la modificación constitucional debe entenderse como una medida vinculada con la soberanía y con el compromiso de quienes buscan ocupar los principales cargos ejecutivos del país.
Bravo también expresó que la eliminación de la posibilidad de conservar una nacionalidad adicional para acceder a estos puestos representa, en su interpretación, un acto de conciencia y compromiso con México.
Su posicionamiento ocurrió en una sesión en la que diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas subieron a tribuna para argumentar sus respectivos votos. De acuerdo con el Congreso capitalino, participaron 11 legisladores en la discusión: seis pertenecientes a Morena, dos al PAN y uno por cada representación del PVEM, PRI y la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación.
¿Qué plantea la reforma de nacionalidad única?
La modificación constitucional establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.
El cambio se encuentra relacionado con los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal. El primero regula los requisitos para ocupar la Presidencia de México, mientras que los otros dos establecen disposiciones relacionadas con los gobiernos estatales y la Ciudad de México.
La Cámara de Diputados federal había aprobado previamente la reforma con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. Posteriormente, el Senado avaló la minuta con 86 votos a favor y 42 en contra, antes de enviarla a los congresos de las entidades federativas para continuar con el procedimiento constitucional.
El régimen transitorio contempla que la reforma tenga aplicación a partir del proceso electoral de 2028, además de establecer que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Congreso CDMX participa en el proceso constitucional
La aprobación capitalina no constituye por sí misma la entrada en vigor de la reforma. Al tratarse de una modificación a la Constitución federal, el proyecto requiere continuar con el procedimiento previsto para las reformas constitucionales.
En este mecanismo, una vez que una reforma es aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, debe ser revisada por las legislaturas de las entidades federativas. El Congreso de la Ciudad de México participa en este proceso en su calidad de integrante del Constituyente Permanente.
Con el aval obtenido en Donceles, la capital se incorporó a la discusión nacional sobre los requisitos para acceder a los principales cargos ejecutivos del país. El debate no sólo involucra los criterios jurídicos para una candidatura, sino también la relación entre nacionalidad, derechos políticos y ejercicio de responsabilidades públicas.
La reforma, además, plantea una diferencia entre el derecho a contar con más de una nacionalidad y los requisitos específicos para ejercer determinados cargos públicos. El debate legislativo se concentró precisamente en si una condición de nacionalidad exclusiva debe formar parte de los requisitos constitucionales para encabezar el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y la administración capitalina.
Morena respalda la medida desde el Congreso capitalino
Para la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la reforma forma parte de una visión en la que la soberanía nacional ocupa un lugar central dentro de los requisitos para ejercer las máximas responsabilidades ejecutivas.
Xóchitl Bravo, como coordinadora del grupo parlamentario, fue una de las voces que defendió públicamente esta posición durante la discusión de la minuta. Su intervención colocó el respaldo de Morena en términos de responsabilidad frente a la ciudadanía y de compromiso con los intereses nacionales.
El resultado de la votación, sin embargo, también mostró que el planteamiento generó posiciones diferenciadas entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino: 15 diputadas y diputados votaron en contra, frente a los 44 que respaldaron la minuta.
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Así, la discusión sobre la nacionalidad única avanza ahora dentro del proceso de aprobación constitucional en las entidades federativas. Mientras tanto, desde el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo y la bancada de Morena han fijado una postura favorable a que quienes aspiren a encabezar los gobiernos del país tengan únicamente la nacionalidad mexicana.
La definición final dependerá de la conclusión del procedimiento constitucional y de la eventual publicación del decreto correspondiente. El tema queda, de esta manera, incorporado a la agenda política y legislativa rumbo al proceso electoral de 2028.
