La discusión sobre el narcotráfico no puede reducirse al papel de México. Ante casos recientes de corrupción dentro de la DEA, Claudia Sheinbaum llamó a Estados Unidos a atender sus propias responsabilidades: consumo de drogas, distribución, lavado de dinero, producción de metanfetamina y operación de grupos criminales en su territorio.
La lucha contra el narcotráfico volvió a colocar sobre la mesa una realidad que durante años ha sido señalada por México: el problema de las drogas no termina en la frontera y Estados Unidos también tiene responsabilidades que atender dentro de su propio territorio.
Los recientes señalamientos relacionados con corrupción entre agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fueron utilizados por el Gobierno de México para insistir en la necesidad de una estrategia bilateral basada en corresponsabilidad y respeto a la soberanía.
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que Washington debe asumir su parte en el combate al narcotráfico y no concentrar el discurso exclusivamente en México.
“Nosotros insistimos en que ellos tienen una parte muy importante que hacer allá, y no solo estar mencionando a México”, afirmó la mandataria.
El planteamiento ocurre en un contexto en el que ambos países mantienen una cooperación creciente en materia de seguridad, pero también diferencias sobre la forma de enfrentar el tráfico de drogas, el consumo y las organizaciones criminales transnacionales.
El problema también está dentro de Estados Unidos
Uno de los principales argumentos planteados por el Gobierno de México es que el tráfico de drogas debe analizarse como una cadena completa.
México enfrenta la producción y traslado de diversas sustancias, mientras que Estados Unidos concentra una enorme demanda y también enfrenta redes de distribución, lavado de dinero y estructuras criminales que operan dentro de su territorio.
Sheinbaum recordó que en Estados Unidos también existe producción de metanfetamina y señaló que el país vecino tiene un mercado interno de consumo que alimenta buena parte de las ganancias del narcotráfico.
La discusión, por ello, no puede limitarse a quién introduce las drogas a territorio estadounidense.
También resulta indispensable preguntarse quién las compra, quién las distribuye, quién mueve el dinero y qué organizaciones permiten que esas sustancias lleguen hasta las comunidades estadounidenses.
Esta visión coincide con la propia política estadounidense. La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), encabezada por Sara Carter, ha incorporado acciones de prevención, tratamiento y recuperación dentro de su estrategia contra las adicciones.
En febrero de 2026, la ONDCP lanzó una campaña nacional de prevención enfocada particularmente en jóvenes y familias, mientras que en agosto presentó junto con los departamentos de Salud y Servicios Humanos y Vivienda un modelo denominado “Treatment First”, orientado a ampliar el acceso al tratamiento y recuperación de personas que enfrentan adicciones.
México reporta una reducción importante en el flujo de fentanilo
Uno de los puntos centrales de la posición mexicana es que el país ya está realizando acciones concretas para reducir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con información del Gobierno de México, los decomisos de fentanilo realizados en la frontera suroeste de Estados Unidos disminuyeron 76 por ciento, al pasar de 863 kilogramos entre octubre de 2024 y abril de 2026 a 208 kilogramos en el mismo periodo comparable señalado por las autoridades.
La propia cooperación bilateral ha registrado este resultado.
En junio de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que representantes de México y Estados Unidos reconocieron una reducción de 76 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera sur estadounidense, además de una disminución de 22.1 por ciento en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos.
Para el Gobierno mexicano, estos números demuestran que la cooperación puede producir resultados cuando existe coordinación y respeto a las soberanías.
La conclusión es directa: si México está haciendo su parte para impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos, Washington también debe fortalecer las acciones dentro de su propio territorio.
La corrupción dentro de las agencias también es un problema de seguridad
En este escenario, los casos de corrupción relacionados con agentes de la DEA adquieren relevancia política y operativa.
No se trata de afirmar que toda la agencia esté involucrada en prácticas ilícitas, sino de reconocer que cualquier caso de corrupción dentro de una institución encargada de combatir al crimen organizado puede convertirse en una vulnerabilidad para las estrategias de seguridad.
La propia DEA reconoce que enfrenta el desafío de combatir organizaciones transnacionales y sus sistemas financieros.
En 2026, la agencia estadounidense ha reportado importantes decomisos de fentanilo. Durante una operación realizada entre junio y julio, informó el aseguramiento de más de cuatro millones de pastillas de fentanilo y 1,158 kilogramos de fentanilo en polvo.
Estos resultados muestran la dimensión del mercado que enfrentan las autoridades estadounidenses.
Pero también ponen sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con las redes que permiten que las drogas sean distribuidas y comercializadas una vez que llegan a Estados Unidos?
Ahí es donde México plantea que la responsabilidad debe ser compartida.
El lavado de dinero, el otro lado de la ecuación
El combate al narcotráfico tampoco puede concentrarse exclusivamente en los decomisos.
Las organizaciones criminales necesitan mover y lavar recursos para mantener sus operaciones. Por ello, la persecución de los flujos financieros resulta fundamental para desarticularlas.
México ha insistido durante años en que Estados Unidos debe reforzar el combate al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
La lógica es sencilla: sin consumidores, distribuidores, estructuras financieras y mercados, las organizaciones criminales pierden una parte fundamental de su capacidad operativa.
Por ello, la estrategia bilateral debe contemplar no solamente el traslado de drogas, sino también las armas que llegan a México, el dinero que regresa a las organizaciones criminales y las redes que operan dentro de ambos países.
Sara Carter y el giro hacia la salud pública
En medio de esta discusión, México también ha señalado un cambio dentro del discurso estadounidense.
Sheinbaum recordó el acercamiento que tuvo con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, durante su visita a México.
Carter fue confirmada por el Senado estadounidense en enero de 2026 como directora de la ONDCP y es la primera mujer en ocupar ese cargo.
La funcionaria estadounidense ha impulsado una agenda que combina persecución del tráfico de drogas con prevención y tratamiento de las adicciones.
En abril, la ONDCP reunió a funcionarios de distintas agencias federales para trabajar en políticas relacionadas con tratamiento y recuperación.
Posteriormente, en agosto, Carter presentó el modelo “Treatment First”, que busca ampliar las estrategias de atención a las personas que enfrentan problemas de adicción y situaciones de vulnerabilidad social.
Para el Gobierno mexicano, este giro representa un reconocimiento de que el consumo no puede enfrentarse únicamente desde la lógica policial.
México insiste en atender las causas
La estrategia mexicana también busca colocar la prevención y la atención de las causas sociales dentro de la política de seguridad.
Programas como Boxeando por la Paz forman parte de esa visión, que pretende acercar actividades deportivas, culturales y comunitarias a jóvenes y zonas donde existen condiciones de vulnerabilidad.
El planteamiento es que combatir al crimen organizado no solamente implica detener delincuentes, sino también impedir que nuevas generaciones sean captadas por las estructuras criminales.
La posición mexicana encuentra un punto de coincidencia con el enfoque de prevención que actualmente impulsa la ONDCP.
En febrero, la oficina estadounidense lanzó una campaña dirigida a jóvenes para prevenir el consumo de drogas y fortalecer la participación de familias y comunidades.
Cooperación sí, subordinación no
El debate ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen mecanismos formales de cooperación en seguridad.
En junio, ambos gobiernos reafirmaron que su colaboración se sustenta en respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.
Ese principio es central para la política exterior y de seguridad del Gobierno de México.
La administración de Sheinbaum sostiene que México está dispuesto a colaborar, intercambiar información y coordinar acciones contra las organizaciones criminales, pero sin aceptar intervenciones unilaterales.
La seguridad de América del Norte, desde esta perspectiva, requiere que cada gobierno actúe dentro de su territorio y asuma las responsabilidades que le corresponden.
El narcotráfico no es un problema exclusivamente mexicano
La discusión planteada por Sheinbaum modifica el enfoque tradicional con el que Washington ha abordado el narcotráfico.
En lugar de colocar toda la responsabilidad en el país de origen o tránsito de las drogas, México insiste en observar la cadena completa: producción, tráfico, consumo, distribución, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción.
La propia información oficial estadounidense confirma que el consumo y las sobredosis son problemas internos que requieren políticas de prevención y tratamiento.
Al mismo tiempo, las operaciones de la DEA demuestran la magnitud de las redes criminales que operan dentro de Estados Unidos.
Por ello, la cooperación bilateral no puede depender únicamente de exigir resultados a México.
Una responsabilidad compartida
La postura mexicana es clara: México seguirá combatiendo a las organizaciones criminales, decomisando drogas, desmantelando laboratorios y trabajando para evitar que sustancias ilícitas lleguen a Estados Unidos; pero Washington debe hacer lo propio dentro de sus fronteras.
Los datos oficiales muestran que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha disminuido de manera considerable y que ambos países han conseguido resultados mediante la coordinación.
El siguiente paso consiste en profundizar esa cooperación sin convertirla en subordinación.
La lucha contra el narcotráfico exige combatir también la demanda, las redes de distribución, el lavado de dinero y la corrupción.
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El mensaje de México es contundente: la seguridad de la región no se construye señalando a un solo país, sino asumiendo responsabilidades compartidas.
Y mientras Washington enfrenta su propia crisis de consumo y distribución de drogas, México reivindica una estrategia basada en cooperación, prevención, inteligencia y respeto irrestricto a la soberanía nacional.
