El pasado 23 de abril, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, remitió al Congreso de la Ciudad la iniciativa de diversas reformas a la Constitución de la Ciudad de México, en Materia de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Según la Reformada Ley de Vivienda, la Asequibilidad es la Condición en la que los costos financieros personales o de los hogares asociados con la vivienda son de un nivel tal que no amenazan ni comprometen la obtención y satisfacción de otras necesidades básicas. Según ONU-HABITAT, la vivienda asequible debe destinar menos del 30% de los ingresos en gastos asociados a este derecho pero:
¿Puede existir vivienda asequible en la Ciudad cuando la renta absorbe gran parte del ingreso?
Según datos presentados en el proyecto de iniciativa, la demanda de vivienda en la Ciudad sigue en aumento en parte por los cambios dinámicos del mercado, la gentrificación y la limitada oferta de vivienda con servicios y equipamiento cercano a zonas de trabajo. El documento menciona que el promedio de renta en 2024 fue de $14,958 pesos, con un aumento mayor en las Alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo con un promedio mayor de $19,000 pesos. Conforme los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, en la Ciudad de México, el porcentaje de viviendas rentadas es de 46% siendo el motivo que “no tiene acceso a crédito o no tiene recursos”.
De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, según el Índice de Precios de la Vivienda 2025, en el segundo trimestre el valor promedio nacional de una vivienda en México fue de 1.8 millones de pesos durante 2025; sin embargo la Ciudad de México se mantiene entre los mercados habitacionales más costosos del país, con precios estimados cercanos a los 4 millones de pesos por vivienda y aumentos constantes en el valor del suelo y la vivienda. Sin embargo la vivienda no puede tratarse únicamente como activo, pero ignorar completamente las dinámicas del mercado también puede agravar el problema.
La Reforma Constitucional propuesta propone realizar modificaciones al Artículo 9 Ciudad Solidaria Inciso E Derecho a la Vivienda, asimismo plantea agregar uno más siendo el inciso “G el del Derecho al arraigo vecinal y comunitario”.
Propone una política integral de oferta de arrendamiento de vivienda social, enfocando está particularmente a jóvenes y grupos de atención prioritaria.
Plantea la creación de una reserva territorial que garantice el derecho a la vivienda.
Establece que en los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso habitacional la renta no podría incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior.
Sugiere la conformación de una institución pública que promueva y defienda los derechos en materia de arrendamiento habitacional.
Y por último busca reconocer el derecho al arraigo vecinal y comunitario que velará los vínculos sociales, culturales, económicos y territoriales que tienen por intención promover políticas de combate a la gentrificación.
El reto del Gobierno de la Ciudad de México teniendo en puerta estas reformas Constitucionales, es brindar condiciones de ingreso que realmente garanticen el acceso a la vivienda ya sea por compra o por renta y generar un equilibro entre la posición de los arrendatarios y los arrendadores ya que sí bien estas reformas son una propuesta de solución, se debe cuidar que no ahoguen el mercado de oferta y demanda de vivienda.
En 2020 se promulgó la Ley de Alquileres en Argentina (Ley 27.551), la experiencia de ese país mostró que intervenir el mercado de renta puede ayudar a contener ciertos aumentos, pero también generar tensiones sobre la oferta. En algunos casos, las personas no solo enfrentaron precios altos, sino crecientes dificultades para encontrar departamentos disponibles y una competencia intensa por cada vivienda publicada.
El debate sobre las rentas en la Ciudad de México refleja una tensión cada vez más profunda entre el derecho a la vivienda y las dinámicas del mercado inmobiliario. Hoy, para miles de personas, el problema ya no es únicamente acceder a una vivienda, sino poder permanecer en la ciudad sin destinar la mayor parte de sus ingresos a ello. Las reformas planteadas buscan responder a una problemática real: el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de quienes han habitado la Ciudad. El gran desafío será encontrar un equilibrio que proteja a las personas arrendatarias sin desincentivar la oferta de vivienda. La experiencia internacional demuestra que intervenir el mercado puede generar alivios importantes, pero también efectos secundarios que deben considerarse cuidadosamente para evitar que la solución termine agravando el problema.
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La discusión de fondo no es únicamente cuánto cuesta vivir en la ciudad, sino quién podrá seguir habitándola en el futuro.
