De bien público, a un derecho.

El uso del agua durante siglos ha significado algo esencial no solo para la subsistencia humana, sino también para la organización colectiva sobre la distribución de tan vital líquido. Desde hace años, no pasa desapercibido que quienes contaban con mayores recursos podrían tener mayor acceso a la misma, incluso para la formación de lagos artificiales o baños.

Esto ha llevado a cambios estructurales no solo tecnológicos o técnicos, sino también políticos, económicos y sociales, donde se priorizaba el uso agrícola, minero y energético. Son los descubrimientos como la bomba y el pozo los que marcan un antes y un después en el uso razonado del agua.

La perforación indiscriminada de pozos fue lo que obligó a una intervención del Estado para reglamentar. Es hasta el período de Adolfo Ruiz Cortínez que se modifica la ley reglamentaria y constitucional, donde se establece el principio de dominio nacional y propiedad.

No obstante, a decir de quienes entonces tenían a su cargo la administración de dicho recurso, aún existía mucha necesidad de mayores infraestructuras que pudieran acrecentar el número de poblaciones con abastecimiento de agua. Es a partir de 1930 que la participación de las empresas privadas comienza a tener mayor relevancia, a pesar de los esfuerzos de liderazgos que opinaban que debía seguir permaneciendo la administración y explotación en manos del Estado.

El 5 de junio de 1888, Benito Juárez expide la Ley de Vías de Comunicación que permitía a los poderes la injerencia de la administración del agua. La lucha de los conservadores por mantener el dominio a pesar del bienestar colectivo se manifestó en el Estado de México en 1896, cuando la entonces legislatura determinó que el gobernador podía conceder el uso y aprovechamiento a empresas y particulares.

El 5 de febrero de 1917, en la Constitución, en su artículo 27, se establecen diversos cambios sustanciales sobre el uso, distribución y concesión del agua. En la actualidad, y a pesar de los esfuerzos realizados durante varios años en la modificación de leyes y reglamentos, y la creación de instituciones, es necesaria una nueva reforma que plantea la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum, ante el Congreso Federal, que contempla Sistemas Metropolitanos de Agua. Esta reforma especifica que la captación, extracción, potabilización, almacenamiento, conducción, distribución, etc., es de carácter público y será prestado sin la intermediación de ninguna entidad privada o concesionario. Los municipios deberán conformar sistemas de agua.

Los problemas que aquejan a nuestro estado en particular no son menores, ya que hasta hoy era una práctica heredada el enriquecimiento y explotación inmoderada de nuestros recursos hídricos. Por ello, es acertado y necesario seguir fortaleciendo la política de gobierno que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez de combatir el "huachicol", acompañado de una política que garantice el abastecimiento y participación de la ciudadanía, así como su cuidado.

Es necesario regular de inmediato los pozos, pipas y purificadoras para eliminar el aumento de costo por distribución y purificación arbitrario, y que la ciudadanía adquiera agua a un costo justo y razonable para la economía de las familias, sin desatender que es obligación del Estado garantizar dicho derecho.

Es necesaria la participación de todos los sectores en una nueva Ley de Aguas del Estado de México que garantice su distribución equitativa, prevaleciendo los principios de derecho, equidad, bienestar y justicia, favoreciendo a aquellos que durante años han padecido de la escasez del vital líquido. ¡Agua para tod@s!