En México, heredero de un sistema de castas que no termina de desvanecerse pero que explica con claridad muchos de los comportamientos sociales de los grupos que habitan este país, tendemos a estigmatizar las conductas según categorías de diversa índole, asociadas a la clase de quien las realiza. La más reciente y extendida de estas categorías —sobre todo en el Valle de México— es la terminología de los nacos y los fresas (o los fifis, como los popularizaría el Lic. Andrés Manuel López Obrador).
El término naco proviene de la contracción de la palabra totonaco, vocablo empleado para designar a un pueblo indígena que habita principalmente el norte de Puebla y partes de Veracruz. Este término comenzó a usarse para describir a los indígenas que migraron a la Ciudad con el auge de la industrialización a mediados del siglo pasado.
Con el tiempo, la palabra naco adquirido un tono mucho más discriminatorio: se asoció a lo vulgar, a aquello que carece de buen gusto o que atenta contra la civilidad o el decoro de lo público. Se clasifica de naco a quien pone la música a todo volumen, a quien estaciona su auto en cualquier lugar obstruyendo el paso o apropiándose de la calle. Pero también reciben esa etiqueta múltiples expresiones culturales y sociales: los sonideros, los artistas urbanos, los vendedores de artesanías; en fin, todo aquel que pertenezca a la clase trabajadora.
El uso de fresa, en cambio, se asocia a quien apela al statu quo y lo enaltece. Como señala el Diccionario de Americanismos: "Fresa es referido a una persona, en especial a un joven, que viste, habla y se comporta como si perteneciera a la clase alta o adinerada, sea esto cierto o no". En este país, fresa es quien aplaude los carnavales auspiciados por marcas y corporaciones; quien critica el concierto masivo de Shakira pero celebra el de Andrea Bocelli, ambos realizados en la misma plancha del Zócalo. En esa crítica no subyace una preocupación genuina por el erario público, sino un razonamiento discriminatorio hacia el entretenimiento y el disfrute de las mayorías, contrapuesto a lo que algunos denominan "alta cultura". Fresa es quien se indigna por el cierre de calles durante las fiestas santorales en los barrios de la Ciudad, pero guarda silencio ante el cierre de avenidas para la Fórmula 1.
En esta pugna cultural —donde el entretenimiento y la cultura son los puntos más visibles del conflicto—, no deben soslayarse las tensiones cotidianas que ocurren entre miles de personas de una misma clase que no reconocen la posición de igualdad estructural en la que se encuentran.
Nacos y fresas los hay en todas las clases sociales. La distinción no depende necesariamente del origen ni del ingreso, sino de la relación que cada quien establece con lo cívico y con el statu quo: una visión lo transgrede y amplía sus límites, mientras que la otra lo preserva y juzga toda expresión que no quepa en su entendimiento del "buen gusto". Y este no es únicamente un problema cultural. Nuestros gobernantes, sujetos a todas las dinámicas antropológicas de nuestra nación, ven en este conflicto un flanco del cual sacar ventaja. Los gobiernos progresistas son acusados sistemáticamente de "nacos" por mantener cercanía con los pueblos y comunidades indígenas o con los sectores más humildes de las ciudades; los gobiernos conservadores, en cambio, se inclinan ante la clase empresarial o ante el turista extranjero en busca de un estatus que no termina de llegar ni a ellos ni a las comunidades que dicen representar.
En los años de la transformación, la concepción de lo público se ha ampliado, y con ella, los conflictos en torno a qué constituye el buen o el mal gusto. Ampliar los derechos y el acceso a la cultura ha sido una de las grandes apuestas de los gobiernos de la transformación, razón por la cual han sido criticados —con frecuencia falsamente— por quienes no distinguen entre partidas presupuestales, eventos programados y obligaciones que se están cumpliendo a cabalidad.
Detrás de esta disputa aparentemente semántica entre nacos y fresas late una pregunta mucho más honda: ¿quién tiene derecho a disfrutar del espacio público, y bajo qué formas?
La respuesta que una sociedad da a esa pregunta no es trivial, porque determina quiénes se sienten incluidos, quiénes son ignorados y quiénes son activamente excluidos. Cuando el criterio que organiza lo público es el prejuicio —disfrazado de buen gusto, de urbanidad o de civismo—, lo que en realidad se está haciendo es jerarquizar la felicidad: hay formas de alegría que merecen ser protegidas y celebradas, y hay otras que merecen ser reprimidas o invisibilizadas. Esa jerarquía, desde luego, coincide casi siempre con las líneas de clase, raza y origen que heredamos del sistema de castas que supuestamente ya superamos.
Construir una sociedad más justa implica, antes que nada, cuestionar esos criterios. Implica preguntarse si el problema real del sonidero que ocupa una plaza es el volumen de la música o la incomodidad que le genera a alguien que no se identifica con esa expresión. Implica preguntarse si la molestia ante el cierre de una calle por una fiesta patronal es proporcional a la molestia —que rara vez existe— ante el cierre de esa misma calle por un evento corporativo o turístico. El doble rasero revela que el criterio nunca fue el orden ni la convivencia, sino la pertenencia: a qué tribu cultural, a qué nivel de ingreso, a qué estética del mundo.
Lo que la evidencia sobre bienestar humano muestra con consistencia es que las personas son más felices cuando pueden participar activamente en la vida cultural y comunitaria de sus sociedades; cuando sus expresiones son reconocidas como válidas y no como amenazas; cuando el espacio público les pertenece en la misma medida que a cualquier otro. La exclusión cultural no es un asunto menor ni cosmético: tiene efectos medibles en la autoestima, en la cohesión social y en la salud mental de las comunidades.
En ese sentido, ampliar el acceso a la cultura —en todas sus formas, incluyendo las populares, las indígenas, las urbanas y las que incomodan a quienes se arrogan la autoridad del gusto— no es un capricho político ni una concesión populista. Es una condición necesaria para la dignidad. Una ciudad que le abre sus espacios al sonidero tanto como a la orquesta sinfónica no es una ciudad más caótica: es una ciudad más honesta consigo misma, más consciente de la pluralidad de vidas que alberga y más comprometida con la felicidad concreta de su gente, no con la imagen que quisiera proyectar hacia afuera.
Rechazar los prejuicios no significa renunciar a toda distinción o criterio. Significa, sencillamente, que el criterio deje de ser la clase o la apariencia y pase a ser la convivencia real, la reciprocidad y el respeto mutuo. Bajo ese principio, lo que merece regularse no es el tipo de música ni el origen del festejo, sino los efectos concretos sobre la vida de los demás: el daño, la exclusión, la imposición. Y cuando ese principio se aplica con consistencia —sin favorecer al carnaval de la marca sobre la fiesta del barrio, sin proteger el espectáculo del turista mientras se desaloja al artesano— entonces lo público deja de ser un campo de batalla entre fresas y nacos, y se convierte en lo que siempre debió ser: un espacio compartido donde la felicidad de unos no se construye sobre el menosprecio de los otros.
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