Tras agotarse la última instancia legal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prepara para ejecutar el cobro de uno de los adeudos fiscales más grandes en la historia corporativa reciente del país. En enero de 2026, la autoridad fiscal notificará formalmente a Grupo Salinas el requerimiento de pago por un monto que asciende a 51 mil millones de pesos.
La acción se deriva luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los últimos recursos legales interpuestos por las empresas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego, confirmando así la validez de los créditos fiscales reclamados por el Estado.
Un asunto jurídico, no político Ante la controversia que ha rodeado este caso durante años, la presidenta de la República fue enfática al reiterar que el cobro no responde a una persecución política, sino al estricto cumplimiento de la ley.
“Es un tema jurídico y administrativo. Se seguirá lo que marca la ley”, señaló la mandataria, buscando desmarcar al Ejecutivo de cualquier interpretación de conflicto personal y centrando el discurso en la legalidad tributaria y la justicia fiscal.
El origen del adeudo y opciones de pago El SAT ha detallado que el conflicto tiene su origen en maniobras financieras realizadas hace más de una década. Los créditos fiscales derivan del uso improcedente de pérdidas fiscales reportadas por el conglomerado entre los ejercicios de 2008 y 2013.
A pesar de la magnitud de la cifra, la autoridad fiscal aclaró que existen mecanismos dentro del Código Fiscal de la Federación que podrían ajustar el monto final. Según explicó el organismo, las empresas tienen el derecho de solicitar ajustes a la baja, los cuales dependerán del esquema de pago que elijan para liquidar el adeudo una vez recibida la notificación.
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Ultimátum fiscal El fallo del máximo tribunal es inapelable y obliga a las empresas del grupo a cubrir los montos establecidos. El SAT ha advertido que, en caso de no realizarse el pago tras la notificación de enero, se activarán de inmediato los procedimientos de ejecución y embargo previstos en la legislación vigente para recuperar los recursos a favor de la Hacienda Pública.
