Democracia participativa vs. hegemonía institucional: el reto detrás de las audiencias públicas sobre reforma electoral.

Hoy arrancan en México las audiencias públicas convocadas para discutir la propuesta de reforma electoral. Morena, académicos y magistrados comparten escenario en un proceso que promete modificaciones profundas al sistema político-electoral. La pregunta central es inevitable: ¿estamos frente a un debate real que transforme nuestra democracia, o ante una estrategia que solo consolide el control institucional desde el poder?

El gobierno ha planteado una reforma electoral que abarca varios ejes: financiamiento público de partidos, fortalecimiento de la justicia electoral, requisitos de elegibilidad y el papel de los organismos electorales locales. Según el discurso oficial, la intención es acrecentar libertades y mejorar la democracia a través de un sistema más representativo y menos costoso. Sin embargo, la forma en que se desarrolle el proceso marcará la diferencia entre una reforma que fortalezca instituciones y otra que las debilite.

Las audiencias públicas representan una oportunidad histórica. Al abrir el diálogo a magistrados, académicos y ciudadanía, se puede lograr que el rediseño electoral sea visto como un pacto democrático amplio y no como una imposición. En este sentido, el papel de los académicos es crucial: su conocimiento técnico y comparativo con otros países puede enriquecer las propuestas. Los magistrados, por su parte, deben defender la autonomía del poder judicial frente a presiones políticas, mientras que los representantes de Morena tenemos la obligación de escuchar todas las voces sin perder de vista el mandato popular que nos respalda.

Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos. El primero es la simulación: que las audiencias sean meramente testimoniales y que las decisiones ya estén tomadas. El segundo, la centralización excesiva del poder, en caso de que se reduzca el papel de organismos locales o se flexibilicen criterios de elegibilidad en beneficio de los grupos dominantes. El tercero, la desconfianza ciudadana: si la población percibe que la reforma busca perpetuar a un partido en el poder, el avance democrático quedará en entredicho.

Por ello, es indispensable garantizar que el proceso sea transparente. Todas las propuestas expresadas en las audiencias deben registrarse públicamente y contar con un mecanismo de seguimiento que muestre qué ideas fueron incorporadas y por qué. La academia debe ser parte activa en la redacción de borradores y no solo invitada de honor. Asimismo, el respeto a la autonomía de las autoridades electorales debe ser un principio innegociable, pues de lo contrario se corre el riesgo de debilitar la imparcialidad que tanto costó construir.

En conclusión, la reforma electoral puede ser una herramienta clave para fortalecer la democracia participativa si se construye desde la pluralidad, la transparencia y la responsabilidad política. Como movimiento, debemos demostrar que no buscamos solo ganar elecciones, sino sentar bases sólidas para una democracia más justa e incluyente. La verdadera transformación no se mide en leyes aprobadas, sino en ciudadanos que sienten que su voz tiene valor. Ese debe ser el compromiso de Morena y de todos los actores involucrados en este debate histórico.