Una de las características esenciales de las sociedades democráticas contemporáneas es el pluralismo razonable, concepto que John Rawls desarrolla en su obra Liberalismo Político. Según Rawls, este pluralismo surge cuando las personas ejercen su razón de manera libre, en un entorno de libertad de conciencia, investigación abierta y debate público, lo que inevitablemente conduce a desacuerdos. El desacuerdo razonable, en este sentido, no es fruto de la ignorancia o la irracionalidad, sino del ejercicio honesto de la razón en un contexto pluralista.
En los tribunales constitucionales o cortes supremas, el desacuerdo razonable es una constante, aunque el término rara vez se menciona de forma explícita en los debates. Este fenómeno describe situaciones en las que las personas juzgadoras sostienen posturas jurídicas sólidas, pero divergentes. No existen soluciones únicas y ello no implica arbitrariedad ni falta de rigor. Por el contrario, una sentencia con disensos explícitos no debería perder autoridad; más bien, evidencia que el tribunal ha considerado seriamente diversas perspectivas. La legitimidad de las decisiones no depende del consenso total, sino de que los argumentos sean accesibles y comprensibles para toda la ciudadanía.
Un caso paradigmático tuvo lugar en enero de 2026, durante una sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa ocasión, un proyecto sometido a votación incluyó consideraciones que, a juicio de la mayoría, excedían el alcance del caso concreto. El resultado fue una sentencia que dejó constancia de un disenso explícito conocido como “el párrafo 52”.
En el actual contexto de reciente reforma judicial y polarización política, estos desacuerdos públicos generan, para algunos, incertidumbre sobre la fuerza vinculante de las resoluciones de la Corte. Es decir, sus implicaciones trascienden un simple voto en contra: incorporar elementos rechazados por la mayoría en una sentencia puede debilitar su valor como precedente obligatorio y generar inestabilidad en la aplicación del derecho.
En cambio, para otros, estas divergencias humanizan a la Suprema Corte de Justicia en nuestro país que, en vez de ocultar las diferencias, las expone en aras de una deliberación más honesta, contribuyendo a una justicia más cercana y plural. Así cabe preguntarse ¿son estas manifestaciones, síntoma de crisis o de justicia abierta?
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El reto consiste en equilibrar esa pluralidad sin erosionar la predictibilidad y la autoridad que el máximo tribunal requiere para cumplir su función constitucional en México.
