En medio de tensiones provocadas por recientes movilizaciones del sector agropecuario, el gobierno federal reafirma su convicción: bajo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el diálogo con campesinos y productores nunca se rompe. Esta estrategia, que privilegia el entendimiento sobre los bloqueos, busca atender de fondo las demandas del campo, garantizando estabilidad, justicia social y soberanía alimentaria.
En la más reciente ronda de interlocución, autoridades federales se desplazaron al territorio para reunirse directamente con representantes de productores de maíz, caña, cártamo, frutas y legumbres, así como con organizaciones campesinas de diversas regiones. El objetivo: escuchar sus inquietudes, revisar precios de garantía, asegurar apoyos productivos e impulsar esquemas de comercialización dignos y transparentes.
La convocatoria de SEGOB, SADER, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para una mesa de diálogo, confirma que el gobierno apuesta por la negociación responsable. En ella se abordaron cuatro puntos clave exigidos por los agricultores: precios justos para sus cosechas, garantía de compra, acceso a créditos y seguros, y políticas hídricas que respeten el derecho al agua.
Recientemente, gracias a estas gestiones, diversos sectores agrícolas obtuvieron un acuerdo que aumentó en 25 % el precio base del maíz blanco en la región del Bajío, así como un subsidio por tonelada. Esta medida beneficia a decenas de miles de productores, y se acompaña del lanzamiento del programa Cosechando Soberanía, que ofrecerá créditos, seguros agrícolas y mecanismos de comercialización justa.
Más allá de los anuncios, la presencia en campo de las dependencias federales responde a la filosofía de la Cuarta Transformación (4T): un gobierno cercano al pueblo, que escucha y actúa. Esta estrategia busca poner fin a décadas de abandono, desigualdades y marginación en las zonas rurales, reconociendo el valor del campesinado como pilar de la soberanía alimentaria, de la justicia rural y del desarrollo sostenible.
La decisión de privilegiar el diálogo, en lugar de intentar contener protestas con represión —como ha ocurrido en pasadas administraciones—, representa una diferencia clara. Este enfoque favorece la construcción de consensos, la participación democrática del campo y la creación de políticas públicas con base social.
Para los próximos meses, el gobierno anunció que continuará las giras de acercamiento, reforzará los programas de apoyo y pondrá en marcha el Programa de Bienestar Agropecuario —en su modalidad de apoyo integral—, con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025-2026. Se prevé que estos esfuerzos beneficien a pequeños y medianos productores, comunidades indígenas y cooperativas rurales.
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Con esta estrategia, la 4T demuestra que gobernar con justicia social y responsabilidad significa estar del lado del campo, del pueblo trabajador y de México. La atención directa, la negociación abierta y las políticas reales de apoyo consolidan un camino de transformación donde la voz del campo cuenta —y se respeta.
