En 1817, cuando el papel moneda era todavía una novedad sospechosa y los bancos eran instituciones que la mayoría de las personas miraban con desconfianza o recelo, David Ricardo escribió “de la moneda y de los bancos” en sus Principios de Economía Política y Tributación. A poco más de dos siglos, llegaron al espacio público mexicano (casi en conjunto) tres decisiones de política pública: la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030, el paquete de digitalización de la economía recientemente presentado en la Mañaera del Pueblo, y el recorte de tasa de Banxico a 6.75%. Este esenario plantea, en lenguaje del siglo XXI y con celulares en lugar de billetes, la misma pregunta que Ricardo se hizo: ¿qué ocurre cuando un sistema de intercambio nuevo intenta reemplazar a uno antiguo y quién gana en ese tránsito? Analicemos.
El postulado clásico de economía pólitica sostiene que el dinero no tiene valor por ser papel, metal o bit; tiene valor porque un sistema institucional confiable lo respalda, lo regula y porque la cantidad que circula guarda proporción con la riqueza real que representa. Entonces Ricardo criticaba la tendencia de los bancos a emitir demasiados títulos de crédito porque generaba el riesgo de depreciación de la moneda y favorecía la inflación. Esa lección de hace doscientos años es exactamente la que México debe mirar mientras digitalizar su economía, pues, el axioma subyacente sigue siendo idéntico: el activo más difícil de fabricar es la certidumbre.
En principio, se precisa una claridad conceptual que el ruido mediático tiende a borrar: bancarización, inclusión financiera y digitalización de la economía no son sinónimos. Bancarización, en su acepción más básica, significa que una persona tiene acceso a almenos un producto formal del sistema financiero (una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito, una AFORE), según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 77% de la población adulta contaba con al menos un producto financiero formal, un incremento de casi 9 puntos porcentuales respecto a 2021; pero tener una cuenta abierta no es lo mismo que usarla, comprenderla o que realmente cambie la trayectoria económica de quien la tiene, eso es inclusión financiera: el acceso efectivo, el uso activo y, sobre todo, la capacidad de la persona para tomar decisiones financieras informadas que mejoren su bienestar. Y la digitalización de la economía es un concepto más amplio todavía que refiere a la reconfiguración de los circuitos de pago, producción y comercio a través de plataformas tecnológicas, lo cual puede ocurrir con o sin inclusión financiera real. En México existen alrededor de 154 millones de teléfonos celulares, lo que constituye una base importante para avanzar en la digitalización de los servicios financieros.
La bancarización, bien diseñada y bien ejecutada, no es solo un objetivo de equidad social: es una política de reactivación económica con efectos macroeconómicos medibles. Ricardo lo entendía desde el lado de la oferta monetaria: cuando más personas entran al sistema de intercambio formal, la circulación del dinero se vuelve más eficiente, los costos de transacción bajan y el crédito puede fluir hacia donde la producción real lo necesita.
Según la ENIF 2024, casi nueve de cada diez operaciones por compras menores a 500 pesos se realizan en efectivo. Sin embargo, nueve de cada diez personas con ocupación formal reportaron tener al menos un producto de captación, porcentaje que se reduce a 54% entre la población con empleo informal y a 41% entre la población sin empleo remunerado. Entre la población que habita localidades rurales, la penetración de productos financieros creció de 56% en 2021 a 66% en 2024, superando el incremento observado en las poblaciones urbanas, lo que sugiere que los avances más recientes están llegando precisamente donde el rezago era mayor. No obstante, considerando los millones de personas que aún operan fuera del sistema formal, el efecto agrega demanda interna, formaliza cadenas de valor y amplía la base tributaria sin aumentar impuestos. No es retórica, es la experiencia documentada de Brasil con el Bolsa Familia Digital, de Kenia con M-Pesa, de India con el sistema UPI que redujo el uso de efectivo de manera dramática en menos de una década.
Es más, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una agenda estructurada en tres ejes: digitalizar los pagos, incorporar al sistema financiero a quienes trabajan en la informalidad y ampliar el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas, apoyada en la PNIF 2025-2030. En la Convención Bancaria de Cancún anunció que el pago de combustible y peajes en casetas de cobro será 100% digital durante 2026, mientras que el Banco del Bienestar avanza hacia una aplicación móvil para pagos y transferencias, como parte de una estrategia más amplia para reducir el uso del efectivo. Leído desde Ricardo, este paquete no es solo una apuesta tecnológica, es una apuesta monetaria. Mover la economía del efectivo hacia los pagos digitales equivale a ampliar la circulación del dinero sin necesidad de imprimir más billetes, exactamente el tipo de eficiencia que Ricardo admiraba en los bancos cuando funcionaban bien. La precaución que él añadía también es pertinente: la cantidad de dinero digital que circule debe guardar proporción con la capacidad institucional de respaldarlo, regularlo y proteger a quienes lo usan.
Aquí encaja la última pieza: la decisión de Banxico de recortar 25 puntos base la tasa de interés de referencia que pasa de 7.0% a 6.75%. La relación entre este recorte y el paquete de digitalización e inclusión financiera no es casual ni temporal. Una tasa más baja reduce el costo del dinero en el sistema, los intermediarios financieros (incluyendo las fintech) pueden ofrecer condiciones más accesibles. Dicho de otro modo, si la inclusión financiera requiere que el crédito llegue a quienes hoy están excluidos, una tasa de referencia descendente es la vía que facilita ese mecanismo.
Bajo esa lectura, el recorte de tasa y el plan de digitalización forma parte de la misma apuesta: que el crédito más barato y la infraestructura digital más accesible se combinen para impulsar economía real, especialmente la informal, que representa casi 55 % del empleo en México. Ya, analistas de Santander proyectan que el PIB crecerá 1.5% en 2026, por encima del 0.8% del año pasado, en parte gracias a que el crédito más accesible puede reactivar sectores que estuvieron contenidos. La relación entre el recorte y la agenda de inclusión no es coincidencia de calendario: es coherencia de política económica.
Ahora bien, ¿En qué te beneficia o te perjudica concretamente? Depende de dónde estás parado, pero en casi todos los casos el balance es favorable si la implementación se hace con orden. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el uso de aplicaciones de celular para consultar o hacer movimientos financieros creció de 54% en 2021 a 69% en 2024, y el conocimiento de la aplicación CoDi aumentó 4 puntos porcentuales entre 2021 y 2024. Pero a ver, si eres trabajador informal en Tijuana o en el Valle de San Quintín, la digitalización de gasolineras y casetas te exige adaptarte a un sistema que todavía no llegó del todo a tu colonia, ese es el riesgo real de corto plazo, y es legítimo nombrarlo. Con la implementación completa de la agenda, el mediano plazo ofrece acceso a crédito más barato, historial financiero construido desde cero y la posibilidad de recibir transferencias gubernamentales directamente en el celular, sin fila y sin riesgo de extravío. Si eres propietario de un pequeño negocio, 31% de la población con empleo informal ya tiene acceso a crédito formal en 2024, 2 puntos porcentuales más que en 2021, una tendencia modesta pero real que la baja de tasa de interés puede acelerar.
El riesgo de un sistema de dinero moderno no está en su soporte material sino en la pérdida de confianza de quienes lo usan. Y aquí la advertencia de Ricardo sigue siendo pertinente puesto que, solo el 61% de las personas adultas en México considera que su dinero estaría seguro en una institución financiera, y apenas el 53% cree que esa institución resolvería sus quejas y reclamaciones. La vía de solución podría no ser compleja, pero exige continuidad: vincular cada cuenta nueva a un módulo breve de educación financiera, garantizar mecanismos ágiles de resolución de conflictos y fortalecer la supervisión de plataformas digitales y fintech para prevenir fraudes. La propia PNIF 2025-2030 contempla incentivar el uso activo de las cuentas y evitar que se conviertan en instrumentos pasivos.
Particularmente, para la región noroeste del país la exigencia debe ser mayor: conectividad real en municipios como Tecate y San Felipe, terminales de pago accesibles para los pequeños comercios de la zona fronteriza, crédito productivo para las micro y pequeñas empresas que sostienen la economía tijuanense desde abajo. La digitalización que llega desde el centro no es algo que le ocurre a Baja California desde afuera: es una oportunidad para fortalecer la economía regional.
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Entre tanto, el dogma ha resistido dos siglos: el dinero, en cualquiera de sus formas, es tan bueno como las instituciones que lo respaldan y la confianza de las personas que lo aceptan, como sostuvo David Ricardo. México está construyendo, con sus avances y sus brechas pendientes, una economía donde más personas puedan participar del sistema formal de intercambio. Ciertamente, eso no resuelve todo de golpe, pero crea las condiciones para que las soluciones se vuelvan posibles; en un país donde casi uno de cada cuatro adultos todavía opera fuera del sistema financiero, ya es una razón suficiente para acompañar el proceso con atención, con exigencia y con la convicción de quien entiende lo que está en juego.
