Con una mayoría contundente, la Cámara de Diputados aprobó en lo general —con 324 votos a favor y 129 en contra— el dictamen que reforma la Ley General de Salud en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esta decisión representa un paso decisivo en la agenda de salud pública impulsada por Morena, enfocada en proteger a niñas, niños, jóvenes y población vulnerable ante el crecimiento alarmante del consumo de dispositivos que, durante años, operaron en un vacío legal aprovechado por grandes intereses comerciales.
La reforma propone un marco regulatorio claro, estricto y alineado con los principios de la Cuarta Transformación: priorizar la salud, cerrar el paso a los poderes fácticos y garantizar que la industria del tabaco y los vapeadores no siga actuando con impunidad. Desde hace años, autoridades sanitarias han advertido que estos dispositivos contienen sustancias tóxicas y adictivas, incluso en presentaciones que se disfrazan como “inofensivas” o “para dejar de fumar”, una narrativa promovida por intereses privados que lucran con la salud de miles de jóvenes.
El dictamen aprobado establece sanciones ejemplares: penas de uno a ocho años de prisión y multas que pueden superar los 226 mil pesos para quienes fabriquen, distribuyan o vendan vapeadores. Además, la reforma prohíbe de manera expresa la fabricación, importación, exportación, almacenamiento y comercialización de estos productos. Se trata de la acción más firme emprendida en México contra un mercado que generó ganancias millonarias mientras afectaba gravemente la salud pública.
Asimismo, se incluye una prohibición total para la publicidad y promoción de estos dispositivos. Durante más de una década, la estrategia de marketing se enfocó en adolescentes mediante colores llamativos, sabores artificiales, campañas en redes sociales e influencers, promoviendo una cultura de consumo disfrazada de modernidad. Morena, con responsabilidad y visión, está cerrando definitivamente esa puerta.
La iniciativa aprobada también incorpora ajustes al Fondo de Salud para el Bienestar, con el objetivo de fortalecer su capacidad para atender enfermedades graves, brindar tratamientos y asegurar el acceso universal a servicios médicos. Estos ajustes buscan blindar los recursos para garantizar que se utilicen exclusivamente en beneficio del pueblo, reafirmando el compromiso de la 4T con la justicia social y la salud como derecho, no como privilegio.
Otro punto clave del dictamen es la implementación de nuevas reglas para las compras consolidadas de medicamentos, una de las estrategias más exitosas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto exige que las empresas participantes cuenten con laboratorios o infraestructura instalada en México, lo que fortalece la soberanía farmacéutica, impulsa el empleo nacional y evita intermediarios que históricamente generaron corrupción, desabasto y sobreprecios.
Aunque el dictamen está aprobado solo en lo general, la discusión continúa en lo particular. Se revisarán reservas, precisiones técnicas y ajustes propuestos por las y los legisladores antes de su votación final. Sin embargo, el paso dado por la mayoría parlamentaria de Morena marca una postura clara: México avanza hacia una política de salud más justa, más humana y libre de intereses corporativos.
Esta reforma es coherente con la visión progresista de la Cuarta Transformación: proteger a las juventudes, fortalecer el sistema de salud pública, acabar con prácticas abusivas del mercado y garantizar que las decisiones del Congreso respondan al interés general, no a las presiones de la industria tabacalera o de los grupos que históricamente lucraron con la salud de la población.
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Con estas acciones, Morena reafirma que gobernar con responsabilidad significa salvaguardar la vida, el bienestar y el futuro del pueblo de México.
