Ante el preocupante incremento de la violencia feminicida en México y América Latina, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha reiterado la urgencia de avanzar hacia la creación de una Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios de investigación, fortalecer la coordinación institucional y garantizar justicia para las víctimas.
De acuerdo con cifras recientes, en México se han reportado 732 víctimas de feminicidio, mientras que en al menos 26 países de América Latina la cifra asciende a 3 mil 828 casos, lo que refleja la magnitud de una crisis regional que continúa afectando a miles de mujeres y familias.
Una problemática estructural en México
El feminicidio, entendido como el asesinato de mujeres por razones de género, se ha consolidado como una de las principales problemáticas de seguridad y derechos humanos en el país. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en 2025 se registraron más de 700 casos de feminicidio, aunque especialistas advierten que la cifra real podría ser mayor debido a la subclasificación de delitos .
Además, se estima que más de 2,700 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en ese mismo año, de las cuales solo una parte fue investigada bajo el tipo penal de feminicidio . Esto evidencia una de las principales fallas del sistema: la falta de criterios homogéneos para clasificar e investigar estos crímenes.
A nivel nacional, organizaciones civiles han señalado que solo una fracción de los casos se judicializa adecuadamente, lo que contribuye a altos niveles de impunidad y revictimización .
Violencia feminicida: una crisis regional
El problema no es exclusivo de México. América Latina ha sido identificada como una de las regiones con mayores índices de feminicidio en el mundo. Los más de 3,800 casos reportados en 26 países reflejan una tendencia preocupante que exige respuestas coordinadas entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil.
Casos recientes han puesto en evidencia las fallas estructurales en la atención de estos delitos.
Estos hechos han generado indignación social y han reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género.
La propuesta: una Ley General de feminicidio
Frente a este panorama, el grupo parlamentario de Morena ha planteado la necesidad de crear una Ley General en materia de feminicidio, la cual permitiría:
- Establecer criterios claros y uniformes para la investigación del delito en todo el país
- Garantizar que todos los casos sean atendidos con perspectiva de género
- Fortalecer la coordinación entre fiscalías, policías y autoridades judiciales
- Reducir la impunidad mediante procesos más eficientes
Actualmente, la tipificación del feminicidio varía entre estados, lo que genera inconsistencias en la aplicación de la ley. Esta fragmentación dificulta la recopilación de datos, la persecución del delito y la atención a víctimas.
La propuesta legislativa busca cerrar estas brechas y consolidar un marco jurídico nacional que permita enfrentar el problema de manera integral.
Más allá de la ley: retos pendientes
Si bien la creación de una Ley General representa un avance significativo, especialistas coinciden en que no es suficiente por sí sola. La violencia feminicida está vinculada a factores estructurales como la desigualdad, la discriminación y la falta de acceso a la justicia.
En este sentido, es necesario complementar las reformas legales con:
- Políticas públicas de prevención
- Programas de educación con perspectiva de género
- Fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia
- Atención integral a víctimas y familiares
Además, uno de los mayores desafíos sigue siendo la correcta clasificación de los casos. Muchas muertes violentas de mujeres no se investigan como feminicidio, lo que distorsiona las estadísticas y limita la acción institucional.
El papel del Poder Legislativo
El posicionamiento del grupo parlamentario de Morena refleja una creciente presión desde el ámbito legislativo para atender esta problemática de manera prioritaria.
Las y los diputados han insistido en que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de las mujeres y de actuar con firmeza frente a cualquier forma de violencia de género.
La discusión sobre la Ley General de feminicidio también abre la puerta a un debate más amplio sobre el papel del sistema de justicia y la necesidad de transformarlo para responder a las demandas sociales.
Una exigencia social
La exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio ha sido impulsada en gran medida por colectivos feministas, organizaciones civiles y familiares de víctimas, quienes han visibilizado la problemática y presionado a las autoridades para actuar.
En los últimos años, las movilizaciones sociales han logrado posicionar el tema como una prioridad en la agenda pública, evidenciando que se trata de una crisis que no puede seguir siendo ignorada.
El llamado del grupo parlamentario de Morena para crear una Ley General en materia de feminicidio responde a una realidad urgente: la necesidad de garantizar justicia, prevenir la violencia y proteger la vida de las mujeres en México.
Con cifras alarmantes tanto a nivel nacional como regional, el desafío es claro: construir un sistema que no solo castigue el delito, sino que también lo prevenga y erradique desde sus causas estructurales.
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La discusión legislativa que se avecina será clave para definir el rumbo de esta lucha y para avanzar hacia un país donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo.
