El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso lanzó un llamado a iniciar juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras el escándalo derivado de la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara.
Las y los legisladores señalaron que los hechos podrían constituir una violación a la Constitución y a la soberanía nacional, en medio de una crisis institucional que ya provocó la renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui Moreno.
Morena eleva el tono político
Desde tribuna y mediante posicionamientos públicos, diputadas y diputados de Morena aseguraron que la situación en Chihuahua no es un asunto menor, sino un caso que debe ser investigado a fondo por sus posibles implicaciones legales y constitucionales.
El diputado Víctor Hugo Romo de Vivar afirmó que permitir la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización representa una falta grave que debe ser sancionada.
En la misma línea, la diputada Angel Tamariz cuestionó lo que calificó como una “doble vara” en la interpretación de la soberanía, señalando que el debate sería distinto si se tratara de otros países.
Contexto: crisis por operativo en Chihuahua
El posicionamiento de Morena surge tras la controversia generada por un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua, donde se reveló la presencia de agentes vinculados a la CIA sin autorización oficial.
El caso se hizo público luego de un accidente que dejó víctimas mortales, incluyendo elementos mexicanos y ciudadanos estadounidenses, lo que desató un escándalo político y de seguridad a nivel nacional.
Las investigaciones internas evidenciaron inconsistencias en la versión inicial de las autoridades estatales, lo que derivó en la renuncia del fiscal César Jáuregui Moreno, quien reconoció fallas en la gestión institucional del caso.
Además, la Fiscalía General de la República ya abrió investigaciones para determinar posibles responsabilidades, incluyendo delitos relacionados con seguridad nacional.
Señalamientos sobre soberanía y legalidad
El Grupo Parlamentario de Morena ha centrado su crítica en la posible vulneración de la soberanía nacional, uno de los principios fundamentales del Estado mexicano.
De acuerdo con legisladores, cualquier colaboración con agencias extranjeras debe cumplir con protocolos establecidos y contar con autorización del gobierno federal, lo cual —según los señalamientos— no ocurrió en este caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha subrayado que la presencia de agentes extranjeros en operativos dentro del país sin coordinación federal contraviene el marco legal vigente.
Juicio político: ¿qué implica?
El juicio político es un mecanismo constitucional que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el interés público o el buen despacho de sus funciones.
En este contexto, el llamado de Morena busca que se investigue si hubo responsabilidades por parte de la gobernadora Maru Campos en la autorización o conocimiento del operativo.
Aunque la mandataria ha señalado que no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros, el caso sigue bajo investigación y no se descartan consecuencias legales o políticas.
Tensiones políticas y respuesta del PAN
El caso ha intensificado la confrontación entre Morena y el Partido Acción Nacional, al que pertenece la gobernadora de Chihuahua.
Mientras Morena insiste en la necesidad de sanciones, voces del PAN han defendido la actuación del gobierno estatal y han pedido esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios.
Sin embargo, la crisis ya ha escalado a nivel nacional, con llamados a comparecer ante el Senado y un creciente escrutinio sobre las decisiones tomadas durante el operativo.
Un caso con implicaciones nacionales
Más allá de la disputa partidista, el caso ha abierto un debate de fondo sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.
Especialistas coinciden en que, si se confirma la participación no autorizada de agentes extranjeros, se trataría de una violación grave a la legislación mexicana.
Además, el episodio podría impactar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como la percepción pública sobre el manejo de la seguridad en el país.
Morena y su postura institucional
El Grupo Parlamentario de Morena ha reiterado que su postura se basa en la defensa del orden constitucional, la soberanía nacional y el respeto a las instituciones.
En su posicionamiento, las y los legisladores señalaron que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse dentro del marco legal, sin recurrir a acciones que comprometan la autonomía del país.
“Nadie está por encima de la Constitución”, han insistido, al tiempo que exigen claridad total sobre los hechos ocurridos en Chihuahua.
Perspectivas
El desarrollo de las investigaciones será clave para definir el rumbo de este caso. La posible apertura de un juicio político dependerá de los hallazgos y de la correlación de fuerzas en el Congreso.
Mientras tanto, el tema continúa generando debate en la agenda pública, en un contexto donde la seguridad y la soberanía se mantienen como prioridades nacionales.
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El desenlace podría marcar un precedente importante sobre la forma en que México regula la cooperación internacional en materia de seguridad.
