Educación popular y al por mayor

Dentro del gran catálogo de “propuestas”, por no llamarles ocurrencias, de la ya actual Presidenta electa y del secretario de educación ya designado, está aquella que plantea la desaparición del “COMIPEMS” como requisito fundamental en la elección, aplicación, aprobación y asignación en alguno de los planteles educativos de nivel medio superior.

Lo anterior está justificado bajo la lógica que, el COMIPEMS es solo un “filtro” innecesario en el proceso de selección del alumnado, mismo que atenta contra el derecho humano a la educación, resultando así discriminatorio para miles de jóvenes por tratarse de un proceso nada igualitario e inequitativo.

Los discursos políticos suelen estar acompañados de palabras con cargas emotivas, persuasivas e inspiradoras, cuyo objetivo principal es captar la atención del simpatizante y convencerlo de una “potencial realidad poética”. Es así como, el mensaje es constantemente repetido. No obstante, es necesario realizar un ejercicio crítico, jurídico, social, económico y cultural.

¿Qué es el COMIPEMS? al leer las siglas estamos haciendo referencia a “La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior”, lo que en otras palabras se resume a la unión de procesos, disposición, trabajo, objetivos y aspiraciones de instituciones tales como: “el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la Dirección General del Bachillerato, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México”.

El COMIPEMS nace en 1995 mediante un acuerdo de las instituciones educativas antes mencionadas, con la finalidad de ofrecer a las y los mexicanos un proceso equitativo y transparente que les permitiera elegir e ingresar a aquella institución que mayormente se apegara a sus aspiraciones, y lo mejor, por medio de un solo pago y registro.

La evolución que ha presentado la legislación nacional y, con ello el COMIPEMS, ha permitido conocer con datos duros la demanda y capacidad de aceptación de cada una de las instituciones que participan en el proceso, brindando así certeza y mayor conocimiento para que se preparen los aspirantes. Asimismo, es posible que algún alumno que no haya alcanzado el puntaje necesario para ser asignado en las instituciones de su elección, pueda elegir una opción que todavía cuenta con lugares disponibles. Incluso, en el 2013 fue derogado el requisito de contar con un mínimo de 31 aciertos para acceder a un lugar en un centro de estudios, por lo que ya solo basta con presentar el examen y acreditar haber finalizado la secundaria para que el alumno sea asignado a algún centro educativo (con excepción de aquellos que solicitan un puntaje mínimo de ingreso).

Ahora bien, la actual propuesta radica en desaparecer el COMIPEMS; sin embargo, no se presentan datos estadísticos que motiven la causa o que justifiquen el discurso meramente político. Pretenden desaparecer algo totalmente funcional, que contempla diversos “supuestos” para que no haya aspirantes sin acceso a la educación y que garantiza un método de asignación competitivo, pero también equitativo y transparente. Todo a cambio de una propuesta “popular” de educación para todos.

No implica que la propuesta sea mala; no obstante, no han definido la nueva ruta de trabajo. Hasta ahora solo hay dos posibles métodos de asignación a los centros educativos: I) por medio de sorteo (a la suerte) o; II) por área geográfica. Asimismo, no han informado que con esto, al menos la UNAM, habrá de seguir aplicando su propio examen de admisión, cosa que representará un doble gasto para el aspirante que desee ingresar a dicha institución, pero que en caso de no conseguirlo, habrá de aplicar también para el nuevo modelo de asignación a otra escuela.

Finalmente, el hecho que se desaparezca el COMIPEMS dará la posibilidad de que aquellos jóvenes que deseen estudiar puedan hacerlo en alguna de las instituciones que les abrirá la puerta, siempre y cuando existan los planteles, edificios, campus y aulas con la capacidad suficiente de albergar a todos. ¿Por qué no mejor comenzar primero con la ampliación y construcción de escuelas y, una vez logrado esto, plantear la actual propuesta?, ¿Por qué el constante pensamiento de la 4T de desmantelar instituciones, planes, proyectos y órganos que, si bien son perfeccionables, han funcionado durante años y funcionan actualmente?