El verdadero sistema político coahuilense.
Coahuila sigue siendo una excepción en el mapa nacional. Mientras el país avanza bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en nuestro estado persiste una estructura de poder que se niega a transformarse. No hay gabinete paritario, ni pensión universal para personas con discapacidad, y los programas ‘sociales’ son, más bien, clientelares. Se preserva la vieja maquinaria priista con ‘rostro nuevo’.
L@S COLUMNISTAS


Coahuila sigue siendo una excepción en el mapa nacional. Mientras el país avanza bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en nuestro estado persiste una estructura de poder que se niega a transformarse. No hay gabinete paritario, ni pensión universal para personas con discapacidad, y los programas ‘sociales’ son, más bien, clientelares. Se preserva la vieja maquinaria priista con ‘rostro nuevo’.
Manolo Jiménez representa esa nueva cara. Grita “¡Que viva la Presidenta!” en público, pero gobierna con control absoluto del congreso local, subordinación de los municipios y sometimiento de organismos autónomos. Su administración responde a un esquema tradicional sostenido por acuerdos de élite y un aparato mediático que disfraza la falta de resultados con propaganda.
Durante el 2024 se conoció el Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024, firmado por líderes del PRI, del PAN y por el propio Manolo, aún siendo candidato. Ahí se establecía un reparto explícito de diputaciones, alcaldías, notarías y cargos judiciales. No fue un pacto de gobernabilidad, sino la confirmación de una práctica que lleva décadas: el reparto de poder entre grupos empresariales y políticos. Ese es el verdadero sistema político coahuilense: una red que combina intereses económicos con control institucional para impedir la apertura democrática.
Mientras la Presidenta encabeza un gabinete paritario, amplía derechos sociales y consolida la política del bienestar, en Coahuila los proyectos se estancan. El caso del Metrobús Laguna es el mejor ejemplo: iniciado en 2016, antes incluso de que llegara López Obrador, con una inversión de mil 800 millones de pesos, sigue sin concluirse ni operar. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado sobrecostos, fallas en licitaciones y deterioro de la infraestructura. A casi una década de su arranque, la obra se mantiene como una deuda histórica con la región.
Mientras tanto, en Coahuila la élite local continúa administrando el estancamiento. Personajes como Rubén Moreira critican las grandes obras de la 4T, como el Tren Maya, tachándolo de inoperante. Sin embargo, siendo más complejo y de mayor magnitud, se construyó en menos tiempo y con resultados visibles en conectividad, empleo y desarrollo regional.
Los rezagos de Coahuila no se explican por falta de recursos, sino por la persistencia de un sistema que gobierna desde la simulación, el control mediático y los pactos de poder. Las obras inconclusas, los acuerdos secretos y la ausencia de paridad no son errores aislados: son el reflejo de un modelo que vive de su propia inercia.