Ciudad de México, 30 de abril de 2026
(CODICS).– La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, respaldada por concejales afines, da la espalda a la ciudadanía al negar su derecho a la transparencia y a la supervisión del manejo de los recursos públicos etiquetados en el Presupuesto Participativo 2025. Así lo denunció el concejal Emilio Villar, quien señaló además la indolencia de la actual administración frente a las necesidades de grupos históricamente vulnerados, como la población indígena residente en la alcaldía Cuauhtémoc.
Lo anterior quedó de manifiesto durante la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo 2026, al rechazar dos propuestas de acuerdo presentadas por el concejal de Morena:
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Modificar la denominación de la Comisión de Derechos Humanos para incluir expresamente a las y los indígenas residentes.
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Instalar mesas de trabajo para revisar la transparencia y correcta aplicación de los Presupuestos Participativos.
Ambas iniciativas fueron desechadas con argumentos legaloides. “Se prefirió no analizar ni debatir el tema. Me atrevo a afirmar que, de facto, votaron en contra de las y los habitantes de Cuauhtémoc”, sostuvo Emilio Villar.
Falta de atención a población indígena y trans
Respecto a la inclusión de la población indígena —más de 14 mil personas— el concejal subrayó que se omitió garantizar sus derechos plenos, pese a vivir en condiciones de vulnerabilidad, marginación y precariedad. Asimismo, Villar presentó un exhorto para que en 2027 el programa dirigido a la población trans amplíe el número de beneficiarias y el monto económico, fundamentado en el principio de progresividad de los derechos.
Opacidad en el Presupuesto Participativo
La propuesta de crear mesas de trabajo buscaba que las direcciones generales de la Alcaldía y los comités vecinales verificaran que el presupuesto se aplique conforme a las demandas ciudadanas. Sin embargo, el rechazo de la administración impide verificar el estado real de las obras y proyectos del Ejercicio Fiscal 2025.
Grave denuncia: Alimentos en mal estado en CENDIs
En un punto crítico, Villar exhortó a la alcaldesa a impedir el suministro de alimentos en estado de descomposición a niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). Esta denuncia, sustentada por trabajadores y documentos internos, exige la rescisión inmediata del contrato a la empresa proveedora si se confirma la negligencia.
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Finalmente, el concejal señaló el deterioro de los 18 CENDIs de la demarcación, los cuales “se están cayendo a pedazos”, por lo que propuso crear una partida específica en el Presupuesto 2027 para su rehabilitación integral.
