El acceso a un empleo con prestaciones, seguridad social y derechos laborales continúa siendo una deuda para millones de mujeres en México.
Aunque su participación en el mercado de trabajo es fundamental para la economía nacional, las condiciones estructurales que enfrentan —entre ellas la sobrecarga de cuidados, la inseguridad y la falta de flexibilidad laboral— limitan sus posibilidades de incorporarse a trabajos formales y con mejores condiciones.
Al cierre de septiembre de 2026, México registró 24.97 millones de mujeres ocupadas. Sin embargo, 13.81 millones se encontraban en la informalidad, lo que equivale al 55.31 por ciento del total, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) proporcionados en la información base.
La cifra refleja una realidad que va más allá de las decisiones individuales: para una parte importante de las trabajadoras, la informalidad no representa necesariamente una elección, sino una alternativa ante un mercado laboral que todavía no ofrece condiciones compatibles con sus responsabilidades familiares, necesidades de movilidad y expectativas de estabilidad.
La discusión sobre el empleo femenino suele centrarse en cuántas mujeres participan en la economía o cuántas consiguen incorporarse a una actividad remunerada. Sin embargo, los datos obligan a mirar otro aspecto: en qué condiciones trabajan y qué derechos pueden ejercer. Tener una ocupación no significa necesariamente contar con ingresos suficientes, seguridad social, estabilidad o protección ante despidos y accidentes laborales.
La informalidad comprende distintas realidades: desde el autoempleo y los pequeños negocios hasta actividades subordinadas que no ofrecen acceso a la seguridad social ni garantías laborales. Por eso, el porcentaje de trabajadoras en esta condición no debe interpretarse como si todas realizaran la misma actividad o enfrentaran idénticas circunstancias. Lo que comparten es una mayor exposición a la desprotección.
Los cuidados familiares condicionan el acceso al empleo
Una de las principales barreras identificadas por las integrantes de la red Las Economistas es la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado. En numerosos hogares, las mujeres continúan asumiendo buena parte de las tareas relacionadas con la crianza, la atención de personas mayores, el acompañamiento de familiares enfermos y el trabajo doméstico.
Estas responsabilidades no remuneradas reducen el tiempo disponible para buscar empleo, trasladarse, cumplir jornadas extensas o aceptar horarios rígidos. Así, una vacante formal de tiempo completo puede resultar incompatible con las necesidades cotidianas de una mujer que no cuenta con redes de apoyo ni servicios de cuidado accesibles.
Elia de la Cruz, economista de Loyola Marymount University, explicó que el modelo tradicional de empleo formal, vinculado con jornadas completas y horarios fijos, no siempre corresponde a las condiciones que enfrentan las trabajadoras. Aunque mujeres y hombres pueden valorar de manera similar la seguridad social, la posibilidad de cumplir con las tareas de cuidado modifica las opciones laborales que cada persona puede aceptar.
El problema, por tanto, no consiste simplemente en que las mujeres busquen trabajos flexibles. La cuestión es que esa flexibilidad suele encontrarse con mayor facilidad en actividades informales, aun cuando impliquen ingresos variables y ausencia de prestaciones.
La desigualdad se reproduce cuando las responsabilidades familiares recaen principalmente en ellas y el mercado laboral no ofrece alternativas para compatibilizar el trabajo remunerado con la vida personal.
La inseguridad también limita las oportunidades laborales
La violencia y la inseguridad pública constituyen otro factor que condiciona las decisiones laborales. Los traslados, los horarios nocturnos, la distancia entre el hogar y el centro de trabajo, así como la falta de transporte seguro, pueden convertirse en obstáculos para aceptar determinadas vacantes.
Aurora Ramírez, economista de El Colegio de México, señaló que la violencia genera distorsiones en el mercado laboral y puede provocar que las personas con mayor productividad eviten trabajar en zonas de riesgo. En ese contexto, las mujeres pueden terminar incorporándose a actividades informales, con menor remuneración, pero con horarios más flexibles o posibilidades de trabajar cerca de sus hogares.
La consecuencia es una doble desventaja: por un lado, la inseguridad restringe la movilidad y las oportunidades; por otro, las alternativas disponibles pueden ofrecer condiciones laborales más precarias.
Esto demuestra que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no depende exclusivamente de su preparación, experiencia o disposición para trabajar. También está relacionada con la seguridad de los espacios públicos, la disponibilidad de transporte y las condiciones de los territorios donde se generan los empleos.
¿Por qué el empleo formal no siempre resulta atractivo?
La informalidad tampoco puede explicarse únicamente por la necesidad de flexibilidad. Joyce Sadka, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), planteó que una parte de las trabajadoras percibe el empleo formal como poco atractivo debido a la baja calidad de algunas plazas y a las dificultades para hacer efectivos los derechos laborales.
La investigadora refirió que, en un ejercicio realizado con su equipo, las mujeres identificaron inicialmente el acceso a servicios de salud como uno de los beneficios más reconocibles de la formalidad. Sin embargo, la percepción de que esos servicios presentan carencias y la dificultad para ejercer otros derechos pueden reducir el valor que atribuyen a un contrato formal.
El planteamiento es relevante porque cuestiona la idea de que las mujeres eligen la informalidad por una preferencia personal. Si un empleo con contrato no ofrece condiciones compatibles con sus responsabilidades, si los derechos no se cumplen de manera efectiva o si los servicios asociados no responden a sus necesidades, la formalidad pierde parte de su atractivo.
No se trata de justificar la precariedad ni de presentar la informalidad como una alternativa equivalente. Se trata de reconocer que la existencia de empleos registrados no garantiza por sí misma condiciones dignas. La calidad laboral también depende del cumplimiento de prestaciones, la estabilidad, los ingresos, los horarios y la protección efectiva de las personas trabajadoras.
Una brecha que también afecta la productividad y el bienestar
La elevada informalidad femenina tiene consecuencias que rebasan el ámbito individual. Cuando millones de mujeres trabajan sin protección social, sus hogares quedan más expuestos a enfrentar dificultades económicas ante una enfermedad, un accidente, la pérdida de ingresos o la llegada de la vejez.
Además, la falta de prestaciones y estabilidad limita las posibilidades de planear gastos, acceder a mecanismos de ahorro para el retiro y construir un patrimonio. En muchos casos, las trabajadoras deben resolver por cuenta propia necesidades que, en un empleo formal con derechos efectivos, tendrían mecanismos institucionales de protección.
El problema también tiene una dimensión económica. La exclusión de mujeres de empleos con mejores condiciones reduce el aprovechamiento de capacidades profesionales y productivas. México, ¿cómo vamos? reportó que durante el segundo trimestre de 2026 la informalidad laboral general se ubicó en 55.1 por ciento y advirtió que este fenómeno está relacionado con menores ingresos y falta de seguridad social. Aunque ese indicador corresponde al conjunto de la población ocupada, permite dimensionar el desafío estructural del mercado laboral mexicano.
La discusión sobre productividad, por tanto, no puede separarse de las condiciones que permiten a las mujeres incorporarse y permanecer en empleos de calidad. Una economía no aprovecha plenamente su fuerza laboral cuando una parte de ella debe ajustar sus oportunidades a la falta de servicios de cuidado, los riesgos de seguridad y la precariedad de las plazas disponibles.
Sistema de cuidados y derechos laborales, parte de la solución
Frente a este panorama, las propuestas planteadas por especialistas apuntan a transformar las condiciones que producen la desigualdad. Entre las alternativas discutidas por la red Las Economistas se encuentra avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto suficiente, capaz de atender también a las mujeres que trabajan en la informalidad.
La propuesta supone distribuir las responsabilidades entre el Estado, las empresas, las comunidades y los hogares, en lugar de mantenerlas concentradas en las mujeres. También se ha planteado avanzar hacia licencias de paternidad más equilibradas y mecanismos de protección social menos dependientes de contar con un empleo asalariado formal.
Estas medidas tendrían que acompañarse de acciones para mejorar la calidad de los empleos, garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y reducir los riesgos que enfrentan las trabajadoras durante sus traslados y jornadas.
El desafío es que la formalidad deje de ser una condición difícil de alcanzar o una alternativa que no resuelve las necesidades de las mujeres. Para ello, no basta con promover la contratación: se requieren empleos con salarios suficientes, prestaciones efectivas, horarios compatibles con la vida familiar y entornos seguros.
Quizá te interese también leer:
Los 13.81 millones de mujeres ocupadas en la informalidad registrados en septiembre de 2026 muestran la dimensión del reto. Detrás de esa cifra existen trayectorias laborales condicionadas por responsabilidades de cuidado, violencia y falta de protección. Cambiar esa realidad exige reconocer que el acceso al trabajo no puede medirse únicamente por la cantidad de personas ocupadas, sino también por los derechos, la seguridad y las oportunidades que ese empleo ofrece.




