Empleo informal en México: un reto persistente y complejo.

La economía informal en México representa una de las problemáticas más arraigadas y desafiantes para el desarrollo del país. De acuerdo con datos del INEGI, más del 55% de la población económicamente activa (61 millones en 2024) se encuentra en la informalidad, lo que significa que millones de personas trabajan sin acceso a seguridad social, prestaciones legales, ni derechos laborales básicos. Esta situación no solo vulnera a los trabajadores, sino que también limita el crecimiento económico sostenible.

Las causas del empleo informal son múltiples y profundamente estructurales. Por un lado, la escasa oferta de empleos formales, sobre todo en zonas rurales y regiones marginadas, empuja a muchas personas a buscar alternativas en la economía informal. Por otro lado, la burocracia excesiva y los altos costos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para formalizarse desalientan la legalidad. En muchos casos, la informalidad se convierte en la única opción viable tanto para empleadores como para empleados.

El problema va más allá de la evasión fiscal o la falta de registro. Las consecuencias son graves: los trabajadores informales no tienen acceso a servicios médicos, pensiones, ni estabilidad laboral. Esto genera un ciclo de pobreza difícil de romper y aumenta la vulnerabilidad ante crisis económicas o sanitarias, como quedó evidenciado durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de trabajadores informales se quedaron sin ingresos de un día para otro, sin una red de protección social.

El reto para México es gigantesco. Formalizar el empleo implica transformar el marco regulatorio, combatir la corrupción, incentivar la productividad y fomentar una cultura de legalidad. No se trata solo de castigar la informalidad, sino de entender sus causas y atenderlas con políticas públicas integrales. Es necesario reducir las barreras de entrada al empleo formal, apoyar a los pequeños negocios con incentivos fiscales y simplificar trámites para que la formalidad sea una opción accesible y atractiva.

Además, debe promoverse la educación financiera y laboral, especialmente en jóvenes y en comunidades vulnerables. La digitalización también puede jugar un papel importante: facilitar el registro y pago de impuestos mediante plataformas accesibles puede ser un punto de entrada hacia la formalidad para muchos emprendedores.

En última instancia, el combate a la informalidad no puede ser una tarea aislada del gobierno. Se requiere un esfuerzo coordinado entre los sectores público, privado y social. Promover el empleo formal no es solo una cuestión económica, sino de justicia social. No podemos aspirar a un país próspero mientras más de la mitad de nuestra fuerza laboral sigue en la sombra.

México necesita avanzar hacia un modelo laboral que ofrezca dignidad, derechos y oportunidades para todos. La informalidad no puede seguir siendo la norma. Es tiempo de asumir con seriedad el reto de construir un mercado laboral incluyente, justo y moderno.