En las políticas públicas del sector eléctrico, no todos somos iguales

Sin duda, hacer política influye en la calidad de vida de los ciudadanos, ya sea para bien o para mal. Los representantes electos por los ciudadanos pueden tener visiones diametralmente opuestas en lo que se refiere a políticas públicas, por lo que es verdaderamente importante saber elegir a aquellos que se interesan genuinamente por el beneficio de la mayoría.

Un ejemplo claro de las diferencias al momento de la aplicación de políticas públicas entre un gobierno y otro puede observarse en el sector eléctrico. No hace muchos años, se impulsó una reforma energética que buscaba generar una enorme participación de los mercados en materia de hidrocarburos y electricidad. En dicha reforma, se argumentaba la necesidad de segmentar y dividir las operaciones de PEMEX y la CFE para hacerlas “más productivas” en un entorno de mercado.

Esta división, en el caso del sector eléctrico, en CFE, por ejemplo, hacía imposible la comunicación entre sus áreas operativas por así establecerse en los “Términos de Estricta Separación Legal”. Al ser las áreas de la CFE, distintos participantes en el mercado eléctrico mayorista, se les obligó a competir contra sí mismas y contra empresas privadas que, por las reglas del mercado, se veían favorecidas de muchas formas. Por ejemplo, una central de energía renovable de CFE que hubiera sido construida antes de esa reforma no podía beneficiarse de los Certificados de Energías Limpias, mientras que las centrales privadas sí (hay que recordar la gran cantidad de centrales hidroeléctricas con las que cuenta CFE, además de su central nucleoeléctrica).

Otro ejemplo, más contundente aún, fue lo que sucedió en febrero de 2021, cuando se congelaron las líneas de gas de los productores de Texas, y que suministran el combustible a la mayoría de las centrales de ciclo combinado (privadas y de CFE) del país, y fueron las centrales de CFE las que restablecieron, a pesar de los perjuicios económicos, el fluido eléctrico al país. En el caso de las centrales privadas, casi en su totalidad decidieron no generar energía, por los enormes costos que esto les conllevaría.

Ahora, con la reforma energética que entró en vigor a partir de noviembre de 2024, se revierte aquella mal llamada reforma “productiva” y se integra nuevamente el sector eléctrico del país, permitiendo a la CFE competir en un mercado, pero con toda su estructura, y principalmente, con el objetivo del desarrollo y progreso de México.