La discusión de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 abrió un nuevo debate en la Cámara de Diputados: investigadores y organizaciones especializadas en salud pública solicitaron incorporar una actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas.
El llamado fue realizado por integrantes del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA), quienes consideran que el diseño actual del impuesto mantiene un rezago que debe ser revisado desde una perspectiva que combine recaudación y prevención de daños asociados al consumo de alcohol.
La petición ocurre mientras el Congreso analiza el Paquete Económico 2027 presentado por el Gobierno de México el pasado 8 de septiembre. La propuesta contempla ingresos tributarios históricos y medidas para fortalecer la recaudación mediante combate a la evasión y mayor eficiencia fiscal, pero no incorpora una modificación específica al IEPS de bebidas alcohólicas.
Ahora, los especialistas buscan que la Cámara de Diputados incorpore el tema durante la elaboración del dictamen de la Ley de Ingresos.
El IEPS al alcohol entra en la discusión fiscal
Andrea Bautista, académica de la Universidad La Salle, y Alonso Robledo, integrante de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), plantearon que el tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas requiere una revisión ante lo que consideran un vacío de política pública para controlar su disponibilidad y consumo.
Uno de los puntos señalados durante la conferencia fue el crecimiento de modalidades de comercialización que, desde su perspectiva, dificultan la aplicación de controles de edad.
Bautista cuestionó particularmente la venta de bebidas alcohólicas mediante aplicaciones digitales, al señalar que existen mecanismos de comercialización en los que no necesariamente se verifica de manera adecuada la edad de quien realiza la compra.
Robledo, por su parte, planteó que México cuenta con una legislación general para el control del tabaco y que debería existir una regulación de alcance similar para el alcohol.
El debate, por tanto, no se limita a determinar cuánto se recauda. Los especialistas proponen utilizar la política fiscal como una herramienta para incidir sobre el precio y la disponibilidad de productos que contienen alcohol.
Una propuesta que busca cambiar la estructura del impuesto
El planteamiento presentado por organizaciones especializadas va más allá de una actualización inflacionaria de las tasas vigentes.
Una de las alternativas consiste en avanzar hacia un esquema de cuota fija relacionado con la cantidad de alcohol puro contenida en cada bebida. De acuerdo con los especialistas, este mecanismo permitiría que la carga fiscal tenga una relación más directa con el contenido alcohólico del producto, en lugar de depender principalmente de su precio.
La propuesta también ha sido planteada con una cuota de referencia de 493 pesos por litro de alcohol puro, de acuerdo con declaraciones de Alonso Robledo. Los promotores de la medida calculan que un cambio de esta naturaleza podría generar ingresos adicionales para el Estado, aunque las estimaciones difundidas por distintas organizaciones han variado.
Es importante precisar que esa cifra corresponde a una propuesta de especialistas y organizaciones, no a una tasa aprobada ni a un impuesto vigente.
El argumento de salud pública
El principal argumento de quienes impulsan la modificación es que el precio puede funcionar como uno de los instrumentos de prevención.
Los integrantes del CTISA han señalado que la accesibilidad económica, la disponibilidad y la publicidad de bebidas alcohólicas tienen relación con la exposición de adolescentes y jóvenes a su consumo y, según la evidencia científica que citan, con diversos riesgos asociados.
Entre los problemas mencionados se encuentran enfermedades, accidentes, lesiones y distintas expresiones de violencia. Especialistas que han participado en el debate también han planteado que una política fiscal orientada a disminuir la asequibilidad puede complementar otras acciones de prevención y atención.
El argumento central es que el IEPS puede tener una doble función: generar ingresos públicos y contribuir a modificar patrones de consumo.
Esta perspectiva coloca el debate en un terreno diferente al de una simple discusión sobre impuestos. La pregunta que ahora enfrentan los legisladores es si la política tributaria debe incorporar de manera explícita objetivos de salud pública en el tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas.
Un impuesto que ya existe, pero cuya estructura es cuestionada
Los promotores de la reforma han insistido en que modificar el IEPS al alcohol no significaría crear un impuesto completamente nuevo.
Actualmente las bebidas alcohólicas ya están sujetas al IEPS y las tasas dependen de su graduación. RASA ha señalado que las tasas aplicables son de 26.5, 30 y 53 por ciento, dependiendo del tipo de producto, y sostiene que ese esquema no ha tenido una modificación de fondo desde 2014.
El punto que genera controversia es la forma en que se determina la carga tributaria.
Los especialistas consideran que gravar principalmente con base en el precio puede producir diferencias importantes entre productos con distintos niveles de alcohol. Por ello proponen incorporar una cuota relacionada directamente con la cantidad de alcohol puro.
Desde esta perspectiva, una bebida con mayor contenido alcohólico tendría una carga fiscal proporcionalmente vinculada con ese contenido.
El debate ocurre dentro de un paquete sin nuevos impuestos generales
La propuesta enfrenta un contexto fiscal específico.
El Gobierno federal ha señalado que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos y que el fortalecimiento de los ingresos se concentra en combatir la evasión, las factureras y mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hacienda proyecta ingresos tributarios equivalentes a 15.9 por ciento del PIB para 2027.
La Presidencia también ha defendido que el paquete mantiene una política de finanzas públicas responsables sin establecer nuevos impuestos generales.
Los especialistas, sin embargo, argumentan que una modificación al IEPS de bebidas alcohólicas debe entenderse como una revisión de un impuesto que ya existe, no necesariamente como la creación de una nueva figura tributaria.
Ahí se encuentra uno de los puntos políticos y técnicos que deberán valorar los legisladores.
Diputados tienen hasta el 20 de octubre para definir la Ley de Ingresos
La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre de 2026 para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación, mientras que el Senado cuenta hasta el 31 de octubre para concluir su proceso. Así lo establece el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro ya estableció una ruta para analizar las iniciativas de ingresos que integran el paquete económico y previó reuniones de trabajo con funcionarios de Hacienda y representantes de los sectores social y privado.
Esto deja abierta la puerta para que durante las próximas semanas se discutan modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.
El planteamiento del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol llega, por tanto, en un momento decisivo del proceso legislativo. Su propuesta busca que el Congreso revise no sólo cuánto aporta el alcohol a las arcas públicas, sino también cómo el diseño del impuesto puede incidir sobre su precio, disponibilidad y consumo.
Más allá de la recaudación
La discusión sobre el IEPS al alcohol conecta dos agendas que durante años han avanzado por separado: la política fiscal y la salud pública.
Para quienes promueven la modificación, mantener sin cambios el esquema actual representa una oportunidad perdida para utilizar el sistema tributario como una herramienta preventiva. Sus opositores o quienes cuestionen la medida podrían centrar el debate en sus efectos sobre precios, consumidores, establecimientos y sectores productivos.
Por ahora, ninguna modificación propuesta por estas organizaciones forma parte de la legislación vigente. El Congreso deberá decidir si incorpora alguna de estas propuestas al dictamen de la Ley de Ingresos 2027.
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Lo que sí está sobre la mesa es una discusión concreta: si el Estado debe actualizar la manera en que grava las bebidas alcohólicas y si ese diseño debe considerar, además de la recaudación, los costos sociales y sanitarios asociados a su consumo.
Con menos de un mes para que concluya el plazo de aprobación en San Lázaro, el IEPS al alcohol se perfila así como uno de los temas que organizaciones, especialistas y legisladores pueden colocar en la negociación del paquete fiscal del próximo año.
