En tiempos donde la política suele reducirse al espectáculo y al cálculo electoral, resulta refrescante encontrar iniciativas que entienden algo fundamental: defender la cultura también es defender justicia social. Y eso es justamente lo que está intentando hacer la diputada bajacaliforniana Evelyn Sánchez.
La legisladora de Tijuana presentó una reforma para blindar legalmente los textiles indígenas frente al plagio y la explotación comercial, un problema que durante años ha sido tolerado por gobiernos indiferentes y aprovechado por grandes marcas que convierten la identidad de los pueblos originarios en mercancía de lujo.
La propuesta puede parecer técnica en el papel, pero en el fondo toca una de las discusiones más importantes del México contemporáneo: ¿quién protege el patrimonio cultural de las comunidades indígenas frente al mercado y el despojo?
Porque detrás de cada bordado hay mucho más que artesanía. Hay historia, memoria, cosmovisión y resistencia. Cada color y cada figura representan conocimientos transmitidos durante generaciones. Sin embargo, durante décadas, esos diseños han sido copiados impunemente por empresas nacionales e internacionales que lucran con ellos sin reconocimiento ni beneficio para quienes los crearon.
Lo que plantea Evelyn Sánchez no es solamente una reforma administrativa. Es una postura política. Es reconocer que el patrimonio cultural no puede seguir viéndose como decoración folklórica para campañas publicitarias o escaparates de moda, mientras las comunidades indígenas permanecen invisibilizadas y excluidas.
La iniciativa incorpora explícitamente los diseños textiles indígenas dentro del catálogo de bienes protegidos por la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California, permitiendo que el Estado tenga herramientas legales para defenderlos, registrarlos y preservarlos. Además, fortalece el papel institucional del gobierno estatal y actualiza el marco jurídico para responder a una realidad que ya alcanzó al país entero.
No es menor que esto ocurra en Baja California. Durante años, el debate sobre derechos culturales parecía concentrarse únicamente en estados del sur como Oaxaca o Yucatán. Pero la reforma impulsada por Evelyn Sánchez también visibiliza a las comunidades indígenas asentadas en Tijuana, Mexicali y otras regiones fronterizas que muchas veces quedan fuera de la conversación nacional.
Y ahí radica otro mérito político de la iniciativa: entender que la frontera también tiene raíces, memoria e identidad indígena.
Mientras buena parte de la clase política sigue atrapada en la agenda superficial de las redes sociales, Evelyn Sánchez parece apostar por una ruta distinta: construir causas con contenido social, identidad cultural y visión de largo plazo.
En una época donde el saqueo ya no solo ocurre sobre territorios o recursos naturales, sino también sobre símbolos culturales y saberes colectivos, proteger los textiles indígenas significa defender la dignidad de los pueblos originarios.
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Y ese mensaje, hoy más que nunca, importa.
POR: CARLOS ALDAPE
