A casi 17 años del decreto que puso fin a Luz y Fuerza del Centro (LyFC), un grupo de ex trabajadores volvió a colocar aquel episodio en el centro de la discusión pública con una protesta contra el ex presidente Felipe Calderón, responsable de emitir la medida en octubre de 2009.
Al menos 200 electricistas agrupados en el Frente Amplio de Unidad (FAU) se concentraron este miércoles 30 de septiembre frente a un hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde se desarrolla un encuentro de organizaciones y partidos de derecha de 25 países de América Latina. Felipe Calderón participa en dicho foro, convocado por Foro América Libre.
La movilización recupera una demanda laboral que, para los ex trabajadores, permanece vinculada a una de las decisiones más controversiales del sexenio de Calderón: la desaparición de una empresa pública que operaba el suministro de energía eléctrica en la zona centro del país y que dejó a decenas de miles de personas sin su fuente de trabajo.
La extinción de LyFC y el conflicto laboral
El 11 de octubre de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El documento fue expedido durante el gobierno de Felipe Calderón y estableció el inicio del proceso de desincorporación y liquidación del organismo.
El impacto laboral de aquella decisión fue considerable. Un decreto publicado posteriormente, en agosto de 2022, señala que la extinción privó de su fuente de empleo a más de 45 mil trabajadores y que aproximadamente 9 mil personas con una antigüedad de al menos 19 años, seis meses y un día vieron interrumpido su camino hacia la jubilación.
La cifra explica la dimensión que el conflicto mantiene para quienes pertenecieron a LyFC. Aunque en distintas referencias periodísticas y sindicales se ha hablado de alrededor de 44 mil trabajadores, la cifra asentada posteriormente por el Gobierno federal en el Diario Oficial es superior a 45 mil.
La desaparición de la empresa no significó únicamente el cierre de una estructura administrativa. Para los trabajadores representó la pérdida de su centro laboral, modificaciones en sus expectativas de jubilación y el inicio de un prolongado proceso de litigios y negociaciones.
Ex trabajadores llevan el reclamo frente al foro de la derecha
La protesta de este miércoles adquiere una carga simbólica adicional por el lugar elegido para realizarla.
Los electricistas se concentraron frente al encuentro regional en el que participan organizaciones y partidos de derecha provenientes de 25 países. El foro es promovido por Foro América Libre y representa la continuidad de una reunión realizada previamente en Montevideo. Calderón había convocado públicamente a participar en el encuentro y planteó que el espacio abordaría asuntos relacionados con libertad y democracia desde la perspectiva de sus participantes.
En ese contexto, los ex trabajadores decidieron trasladar su protesta hasta las inmediaciones del evento para hacer visible una demanda que permanece asociada a la administración de Calderón.
La movilización no constituye solamente una protesta contra una figura política concreta. También recupera el debate sobre las consecuencias laborales de las decisiones tomadas desde el Ejecutivo federal y sobre el destino de quienes quedaron fuera de una institución pública tras su desaparición.
Una herida laboral que llegó hasta los gobiernos posteriores
La problemática de los ex trabajadores de LyFC no terminó con el decreto de 2009.
Durante años, grupos de ex electricistas mantuvieron distintas demandas relacionadas con indemnizaciones, jubilaciones y reconocimiento de derechos derivados de su relación laboral. En 2022, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó un esquema de compensación vitalicia dirigido a un sector específico de quienes trabajaron en la empresa.
El decreto publicado el 25 de agosto de ese año estableció una percepción mensual para personas que hubieran laborado en LyFC al momento de su extinción, contaran con una antigüedad mínima de 19 años, seis meses y un día, estuvieran con vida y cumplieran con una serie de requisitos, entre ellos no haber sido jubiladas de Luz y Fuerza ni recibir determinadas pensiones o prestaciones derivadas de aquella relación laboral.
El esquema contempló además un pago anual equivalente a 54 días del salario diario integrado indemnizatorio correspondiente a la fecha de extinción de la empresa.
En diciembre de 2022 comenzó la entrega de estas compensaciones. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) informó entonces que se daba cumplimiento al decreto aprobado meses antes y que se atendía a personas extrabajadoras de la extinta empresa.
El alcance de esta medida, sin embargo, quedó delimitado por los requisitos establecidos en el propio decreto. No se trató de una compensación automática para las más de 45 mil personas afectadas por la extinción, sino de un sistema dirigido a quienes cumplieran las condiciones jurídicas previstas.
Del cierre de una empresa al debate sobre derechos laborales
A casi 17 años de aquella decisión, la protesta de los electricistas demuestra que el episodio continúa formando parte de la memoria política y laboral de México.
La extinción de LyFC fue defendida en 2009 por el gobierno federal como una medida vinculada con la situación financiera y operativa del organismo. Desde entonces, organizaciones de trabajadores han sostenido una lectura distinta sobre sus consecuencias y han mantenido acciones de protesta para exigir reconocimiento y atención a sus demandas.
Ambas dimensiones forman parte de la historia del conflicto: por un lado, la decisión administrativa y jurídica que llevó a la desaparición del organismo; por otro, las consecuencias que sus antiguos trabajadores continúan asociando con aquella determinación.
La protesta de este 30 de septiembre vuelve a colocar esa discusión en las calles de la capital, precisamente cuando Calderón participa en un foro político regional.
Una protesta que conecta pasado y presente
El reclamo de los ex trabajadores ocurre además en un momento en que el tema de los derechos laborales ocupa nuevamente un espacio relevante en el debate público nacional.
La experiencia de LyFC sirve como referencia para observar los efectos que puede tener una decisión de política pública sobre miles de familias cuando está de por medio la desaparición de una fuente de empleo.
Para los integrantes del Frente Amplio de Unidad, la protesta representa una forma de mantener vigente su posición frente a quien tomó la decisión de extinguir la empresa. La concentración frente al hotel de Reforma busca, además, contrastar el discurso político del foro con la experiencia laboral de quienes resultaron afectados por una decisión adoptada durante el sexenio de Calderón.
Casi 17 años después, el conflicto sigue teniendo una dimensión concreta: la de trabajadores que perdieron su empleo, organizaciones que mantuvieron sus demandas y un proceso institucional que años más tarde derivó en un esquema específico de compensación para parte de los ex empleados.
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La protesta de este miércoles vuelve a poner esa historia frente al escenario político nacional. Mientras en el interior del foro se discuten democracia, libertad y el rumbo de América Latina desde la perspectiva de sus participantes, en las calles de Reforma los antiguos electricistas llevan consigo una demanda vinculada a una decisión tomada en el ejercicio del poder federal.
El episodio recuerda que las decisiones de Estado no terminan cuando se publica un decreto. Sus efectos pueden permanecer durante décadas en la vida laboral, económica y social de miles de personas.
