Hay un silencio incómodo en ciertos círculos progresistas cuando se pronuncia la palabra extracción. De inmediato, la mente evoca la herida abierta de la mina a cielo abierto, el derrame en el Golfo o la tos crónica de las comunidades en la Cuenca de Burgos. Es una reacción visceral comprensible, casi un reflejo pavloviano de defensa del territorio. Pero la política energética, como bien advertía Max Weber, no puede hacerse solo con la ética de la convicción; requiere, con urgencia, la ética de la responsabilidad.
Durante años, el debate energético mexicano se ha atrincherado en una falsa dicotomía maniquea: extraer o no extraer. Esa formulación es intelectualmente perezosa y políticamente estéril. La pregunta que nos interpela en 2026, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la continuidad de la Cuarta Transformación, es mucho más quirúrgica y, por tanto, más revolucionaria: ¿Al servicio de qué proyecto civilizatorio ponemos la riqueza geológica que yace bajo nuestros pies y bajo qué reglas de auditoría científica e inteligencia artificial nos atrevemos a tocarla?
El cuerpo como territorio: Una mirada desde la salud pública y la biopolítica
Quienes nos oponemos por principio a cualquier forma de aprovechamiento no convencional solemos olvidar un dato tóxico que nos delata: México ya es profundamente dependiente del gas shale. Lo es por la puerta de atrás. Importamos de Texas un récord histórico de 6,638 millones de pies cúbicos diarios, que cubren el 76% de la demanda nacional. Y lo hacemos bajo un silencio sepulcral respecto al costo sanitario que esa extracción tuvo allá. Estamos externalizando la enfermedad. Aplicamos una suerte de NIMBY (No en mi patio trasero) nacional que, mirada desde la filosofía política, es una forma de injusticia cognitiva y ambiental.
Foucault nos enseñó a leer el poder sobre los cuerpos. Hoy, el monitoreo ambiental con Inteligencia Artificial y sensores de bajo costo —tecnología que ya desarrolla la UNAM con sus Estaciones de Monitoreo Geoespacial— nos permite invertir esa lógica. La técnica, que Heidegger denunciaba como un Gestell (estructura de emplazamiento) que convierte la naturaleza en mera reserva, puede ser domesticada para convertirse en un escudo inmunológico del territorio. Si extraemos, debe ser bajo un sistema nervioso digital de vigilancia ambiental en tiempo real, con datos abiertos, auditables y con algoritmos entrenados para predecir fugas de metano o migración de químicos antes de que lleguen al acuífero o al pulmón de un niño. Solo así la salud pública de las comunidades de la Cuenca de Sabinas o Chihuahua deja de ser una variable de ajuste y se convierte en la restricción principal del modelo.
Finanzas de la transición: Del dogma al fondeo soberano
El argumento financiero es demoledor. La meta del gobierno federal de alcanzar el 38% de generación limpia para 2030 —añadiendo 7,143 megawatts de energía eólica y solar al sistema— requiere una inyección de capital que ni la deuda soberana ni la inversión privada tradicional pueden cubrir sin hipotecar la soberanía regulatoria. El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla una inversión histórica de 21,846 megawatts de nueva capacidad. ¿De dónde saldrán esos recursos sin comprometer el futuro?
Aquí es donde el concepto de "Extractivismo Soberano" adquiere una densidad ética insoslayable. No se trata de abrir la puerta al saqueo neoliberal de siempre. Se trata de una ingeniería financiera de la transición. Propongo un blindaje jurídico con rango constitucional: Todo proyecto de extracción en yacimientos no convencionales debe destinar, por ley, un porcentaje fijo y sustantivo de su renta (no menos del 10% neto) a un Fondo Soberano de Conocimiento y Transición Energética.
Ese fondo no tocaría la Tesorería de la Federación para gasto corriente. Sería un patrimonio autónomo, vigilado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) y la academia, destinado exclusivamente a tres fines: 1) Investigación en almacenamiento de energía y geotermia profunda; 2) Desarrollo de capacidades regionales de ingeniería ambiental; y 3) Compensación directa a las comunidades que asumen el riesgo geológico.
Es la materialización del Principio de Responsabilidad de Hans Jonas: "Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana auténtica en la Tierra." Bajo esta lente, extraer gas no es un fin; es el medio doloroso pero controlado para pagar el entierro definitivo de los combustibles fósiles.
La frónesis aristotélica y el agua tratada
El diablo, como siempre, está en los detalles técnicos que la demagogia oculta. La objeción hídrica al fracking es sagrada. Un solo pozo en yacimientos no convencionales consume entre 10 y 14 millones de litros de agua. Destinar ese volumen de primer uso en el semidesierto de Coahuila o Chihuahua para fracturar rocas es una aberración moral y ecológica. Pero la técnica, cuando se subordina a la política pública, ofrece alternativas: uso exclusivo de agua tratada de origen urbano o, incluso, agua de mar desalinizada con energía solar (acoplando la extracción a parques fotovoltaicos in-situ).
Aquí la filosofía aristotélica nos regala un concepto luminoso: la Frónesis o prudencia. No es la astucia del capitalista, es la sabiduría práctica del estadista que sabe leer el contexto. La prudencia nos dicta que no podemos apagar las turbinas de la CFE mañana y condenar al país a un apagón industrial que destruiría empleos y bienestar. Pero esa misma prudencia exige que cada molécula de gas extraída con técnicas extremas esté atada a un cronograma de salida y a una inversión irreversible en la siguiente generación de energías limpias.
Geopolítica del gas: Lo que Texas no quiere que veas
Hay un dato que debería quitarnos el sueño: durante la ola de calor de mayo de 2025, las importaciones de gas texano se dispararon a 7,500 millones de pies cúbicos diarios. Nuestra red eléctrica nacional pendía de un hilo… y ese hilo cruzaba el Río Bravo. Cada vez que en México encendemos un foco con gas importado, estamos financiando —sin condiciones ambientales ni auditoría social— la fractura hidráulica en condados texanos donde las comunidades latinas respiran benceno y donde los reguladores hacen la vista gorda.
La soberanía energética no es una consigna para arengas políticas. Es la capacidad de un país para decidir bajo qué reglas se extrae, bajo qué estándares se monitorea y hacia dónde se dirige la renta. Hoy, paradójicamente, somos soberanos para no extraer, pero absolutamente vasallos para consumir. Cambiar esa ecuación no es entreguismo: es realismo geopolítico con rostro humano.
Conclusión: La soberanía es el derecho a decidir la forma de nuestra propia muerte energética
Soy un convencido de que el futuro es renovable o no será. México tiene un potencial solar de 1,800 gigawatts y un recurso eólico envidiable en el Istmo y la Península. Pero el tránsito hacia ese futuro no puede hacerse con los ojos vendados y la chequera vacía. La verdadera soberanía no reside en la abstención romántica que nos ata a la importación de gas tejano fracturado sin control ambiental alguno. La soberanía reside en la capacidad del Estado mexicano para ponerle condiciones asfixiantes al capital extractivo: usar IA para cuidar el agua, destinar la renta a la ciencia, y compensar al territorio con desarrollo y no con migajas.
Usemos el subsuelo, sí, pero como se usa una palanca para mover una roca que obstruye el camino. Que el día que cerremos el último pozo no convencional, lo hagamos no porque se agotó el gas, sino porque el conocimiento y la infraestructura limpia que financió ese gas lo hicieron obsoleto, injusto e innecesario.
Ese es el pacto fáustico que propongo: venderle temporalmente el alma a la técnica extractiva para comprar, con esa misma moneda, la libertad energética definitiva. El diablo no estará en los detalles si los escribimos nosotros. Estará en seguir fingiendo que el gas que consumimos no fracturó a nadie, solo porque lo fracturaron del otro lado del río.
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