La Presidenta de la Comisión Edilicia en el municipio de Tultepec, Fernanda López Sánchez, participó activamente en un evento académico y de alto impacto social celebrado en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahí, acompañó la presentación del Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, encabezados por la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, un instrumento estratégico para fortalecer la justicia y la seguridad pública en la capital del país.
El encuentro reunió a especialistas, académicos, funcionarios públicos y representantes de diversas instituciones con el objetivo de analizar y debatir modelos de política criminal que respondan a los retos actuales de la sociedad, especialmente en términos de prevención, atención a víctimas, persecución penal y fortalecimiento institucional.
Participación de Fernanda López Sánchez: un enfoque en prevención y colaboración
Como presidenta de la Comisión Edilicia en Tultepec, Fernanda López Sánchez resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para avanzar en estrategias integrales que no solo atiendan el fenómeno delictivo desde la procuración de justicia, sino que también impulsen políticas públicas preventivas desde el ámbito local y académico.
López Sánchez destacó que la prevención del delito es una responsabilidad compartida que implica la coordinación entre instituciones de gobierno, organismos de seguridad, autoridades judiciales, academia y sociedad civil. En ese sentido, la presentación del plan en un espacio académico como la UNAM se traduce en una oportunidad para enriquecer la discusión con evidencia, análisis y propuestas fundamentadas que permitan generar soluciones efectivas basadas en el conocimiento, reduciendo la incidencia delictiva y fortaleciendo el tejido social.
“El diálogo entre autoridades, especialistas y sociedad civil es fundamental para construir políticas públicas que realmente impacten en la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó López Sánchez durante su intervención, subrayando el compromiso de su comisión con estrategias incluyentes y basadas en mejores prácticas.
¿Qué es el Plan de Política Criminal?
El Plan de Política Criminal presentado por Bertha María Alcalde Luján ante diputados, académicos y representantes de seguridad, representa un enfoque renovado en la forma de atender la criminalidad en la Ciudad de México. Este plan contempla seis ejes temáticos que guían la acción institucional de la Fiscalía para responder a las necesidades de protección de la sociedad capitalina.
Entre estos ejes destacan:
Participación ciudadana: Fomentar la colaboración activa de la ciudadanía en acciones preventivas y en la denuncia oportuna de delitos.
Programas prioritarios anuales: Definir objetivos concretos de trabajo para cada año, con metas claras de impacto social y de reducción de delitos.
Atención a víctimas y personas usuarias: Fortalecer los mecanismos de atención, acompañamiento y reparación integral para víctimas de delitos.
Respuesta diferenciada: Ajustar la gestión del flujo de casos según su naturaleza, con protocolos especializados para delitos graves como violencia de género o extorsión.
Programa de Persecución Penal: Estrategias de investigación, persecución y judicialización de delitos que atiendan las necesidades de justicia de la población.
Fortalecimiento institucional: Consolidar unidades especializadas y capacidades técnicas dentro de la Fiscalía que faciliten investigaciones robustas y eficaces.
Este plan, que se presenta como un documento integral y estratégico, también contempla la creación de unidades criminalísticas de proximidad, una especial para homicidios, agencias específicas para delitos como extorsión, cobro de piso y robo de vehículos, así como espacios de diálogo entre la propia Fiscalía y colectivos de víctimas.
Importancia de la colaboración académica y legislativa
La elección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como sede para la presentación no fue casual. Este tipo de foros académicos permiten acercar el diseño de políticas públicas a los análisis científicos y multidisciplinarios, lo cual resulta fundamental para enfrentar fenómenos complejos como la violencia urbana, la delincuencia organizada o los delitos de alto impacto.
La presencia de legisladores, como Fernanda López Sánchez, marca una tendencia de mayor interacción entre el Poder Legislativo local y los órganos encargados de la procuración de justicia, con la finalidad de adaptar marcos normativos y reforzar los instrumentos legales que respaldan las acciones operativas y preventivas contempladas en el plan.
Además, la incorporación de voces expertas, académicas y sociales favorece la construcción de modelos de prevención del delito que no solo respondan a cifras estadísticas, sino que también atiendan las causas estructurales que explican la criminalidad en una ciudad tan extensa y dinámica como la Ciudad de México.
Prevención del delito: una agenda prioritaria
Como integrante activa de la Comisión Edilicia del municipio de Tultepec, Fernanda López Sánchez ha planteado una visión de seguridad que prioriza la prevención social, la participación comunitaria y la atención temprana de factores de riesgo. Esta visión está estrechamente vinculada con los componentes del Plan de Política Criminal, que enfatiza la necesidad de una respuesta integral que abarque desde la participación ciudadana hasta el fortalecimiento institucional.
“El combate a la inseguridad no puede estar aislado en una sola institución; requiere de una sinergia permanente entre autoridades, academia y sociedad civil organizada”, reiteró López Sánchez, destacando que este tipo de encuentros enriquecen la agenda legislativa de su comisión.
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El Plan de Política Criminal, resultado de análisis técnicos, experiencia jurídica y diálogo interinstitucional, representa un paso significativo en la respuesta del Estado mexicano ante los desafíos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. La participación de figuras como Fernanda López Sánchez subraya el compromiso político y social con avanzar hacia una ciudad más segura y con una justicia más cercana a las necesidades de las personas.
