"Funcionarios del PRI en Monterrey habrían usado recursos públicos para promover campaña digital irregular

De acuerdo con los datos recabados, el Director General de Gobierno Digital, Fernando Sierra Ortiz, funcionario de la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto y vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), habría utilizado capacidades técnicas y de comunicación del municipio para impulsar una estrategia digital de hostigamiento, tanto en redes sociales como en medios tradicionales.

Entre los medios que han replicado o amplificado la información se encuentra El Norte, cuyas notas y publicaciones han sido movidas en chats vecinales de la comunidad neoleonesa por personas relacionadas familiarmente con el propio funcionario.

De acuerdo con fuentes consultadas, existe evidencia documental y digital de que familiares de Sierra Ortiz habrían participado en la diseminación coordinada de la información, buscando posicionar una narrativa adversa al ciudadano señalado.

Difusión contraria a derecho.

Juristas y especialistas en materia de protección de datos y derechos de la niñez consultados por este medio advirtieron que la información difundida vulnera disposiciones legales vigentes en el Estado de Nuevo León, al involucrar a un menor de edad y un proceso judicial en curso.

La legislación local prohíbe la exposición pública de menores o de personas vinculadas a procedimientos penales, así como la divulgación de datos personales o materiales audiovisuales que puedan identificarles directa o indirectamente.

Fundamento jurídico aplicable:

• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León

• Art. 6. El interés superior de la niñez debe prevalecer en toda actuación que les afecte.

• Art. 89. La Procuraduría de Protección puede ordenar que los medios se abstengan de difundir información que ponga en riesgo la dignidad o integridad de niñas, niños y adolescentes.

• Art. 90. Reconoce su derecho a la protección de la vida privada y a no ser expuestos públicamente en procesos judiciales o administrativos.

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León

• Art. 7. El tratamiento de datos personales de menores deberá privilegiar el interés superior de la niñez.

• Art. 8. Toda interpretación deberá realizarse a favor de la protección de datos personales.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León

• Art. 11. La información será pública salvo aquella que se clasifique como reservada o confidencial por involucrar derechos de terceros o procedimientos judiciales.

• Código Nacional de Procedimientos Penales (aplicable en el estado)

• Art. 15. Las autoridades deberán proteger la identidad y datos personales de las víctimas, testigos o menores involucrados.

• Art. 218. Se prohíbe difundir información que afecte el honor, la dignidad o la vida privada de las personas sujetas a procedimiento penal.

Con base en este marco normativo, la difusión del material audiovisual y de las notas relacionadas podría constituir una violación directa a las leyes estatales y federales en materia de protección de datos y derechos de menores, además de representar uso indebido de información institucional por parte de funcionarios públicos.

Presunto uso de recursos municipales para fines personales.

De acuerdo con fuentes internas del propio ayuntamiento, entre las tácticas implementadas se encuentra la creación de cuentas falsas o automatizadas y la promoción de publicaciones pagadas en redes sociales, destinadas a reforzar la narrativa impulsada contra el ciudadano mencionado.

Estos despliegues, aparentemente financiados con presupuesto del área de Gobierno Digital, podrían configurar un uso irregular de recursos públicos y una violación a los principios de neutralidad institucional previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Reacciones y exigencias de transparencia.

Organizaciones ciudadanas y representantes de la Red AMLO en Nuevo León anunciaron el inicio de una investigación independiente para documentar si se desviaron recursos municipales con fines personales o políticos.

“La Cuarta Transformación no puede permitir que en Monterrey se utilice el poder público para intimidar a ciudadanos. Estos son los viejos vicios del PRI que tanto daño hicieron al país”, señalaron integrantes de la red.

Los colectivos subrayaron la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y de que los procesos institucionales no se utilicen con fines de persecución o manipulación mediática.

Hasta el momento, el Gobierno Municipal de Monterrey no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos.