Las investigaciones sobre la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca continúan avanzando en Tamaulipas.
De acuerdo con expedientes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), los presuntos daños al erario atribuibles a exfuncionarios del sexenio 2016-2022 ascienden, hasta el momento, a 2 mil 423 millones 433 mil pesos.
El monto corresponde a diversos casos documentados en dependencias estratégicas como las secretarías de Bienestar Social, Salud, Finanzas y Educación, además del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), donde las autoridades investigan posibles delitos relacionados con peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, desvío de recursos públicos, contratos irregulares, adjudicaciones directas y presuntas operaciones con empresas factureras.
Esta información fue publicada originalmente por Crónica, en un reportaje elaborado por la periodista Perla Reséndez desde Ciudad Victoria.
Auditorías impulsadas durante el gobierno de Américo Villarreal
Tras el cambio de administración estatal en 2022, el gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya emprendió un amplio proceso de auditorías, revisiones administrativas y denuncias penales con el objetivo de esclarecer el manejo de los recursos públicos durante el sexenio anterior.
Como parte de estas acciones participaron la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y la ahora reestructurada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, instituciones encargadas de integrar expedientes, realizar investigaciones financieras y promover procedimientos administrativos.
De acuerdo con la información disponible, las autoridades estatales mantienen casi 100 carpetas de investigación, además de más de 790 expedientes en trámite, relacionados con presuntos actos de corrupción ocurridos entre 2016 y 2022.
Bienestar Social concentra el mayor presunto desfalco
Uno de los casos de mayor impacto corresponde a la Secretaría de Bienestar Social (Sebien).
El pasado 1 de julio, la exsecretaria identificada legalmente como YAC fue vinculada a proceso por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La investigación sostiene que habría autorizado, sin un procedimiento de licitación pública, cuatro contratos para adquirir 2 millones 400 mil despensas destinadas al programa Bienestar Alimentario, por un monto cercano a 985.2 millones de pesos.
Aunque un juez dictó prisión preventiva justificada, la exfuncionaria enfrenta el proceso en libertad debido a la suspensión provisional obtenida mediante un amparo federal.
En esa misma dependencia también enfrenta proceso el exsecretario Rómulo "G", detenido en enero de este año en San Luis Potosí, acusado de presuntas irregularidades en la contratación de 2 millones 600 mil despensas mediante adjudicación directa por alrededor de 650 millones de pesos.
Salud, Finanzas, Obras Públicas e ITACE también son investigados
Las investigaciones también alcanzan a otras dependencias estratégicas.
En la Secretaría de Salud, las autoridades documentaron 70 denuncias, de las cuales 14 son penales, relacionadas con un presunto daño patrimonial cercano a 343 millones de pesos, derivado de contratos para mantenimiento hospitalario otorgados entre 2017 y 2018.
Mientras tanto, la exsecretaria de Finanzas, María de Lourdes "A", fue vinculada a proceso por presuntamente aplicar de manera distinta recursos públicos por 139 millones 328 mil pesos.
En la Secretaría de Obras Públicas se investigan presuntos sobrecostos en infraestructura, pagos duplicados y posibles triangulaciones de recursos hacia proveedores sin capacidad operativa.
Uno de los expedientes analiza la ampliación de un tramo carretero en la Frontera Chica, donde la autoridad sostiene que una obra habría sido pagada en dos ocasiones.
Por otra parte, la Auditoría Superior del Estado detectó un posible quebranto por 288 millones 705 mil pesos en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), caso por el cual fueron señalados el exdirector Luis Fernando "C" y la exdirectora administrativa Mayra Lizzeth "A".
Exfuncionarios enfrentan procesos penales
Las investigaciones derivaron en procesos judiciales contra diversos integrantes del gabinete estatal.
Entre ellos se encuentran:
- Exsecretarios de Bienestar Social.
- Exsecretaria de Finanzas.
- Exsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- Exsecretario de Administración.
- Exsecretario de Desarrollo Económico.
- Exfuncionarios de Obras Públicas.
- Exfuncionarios de Seguridad Pública.
- Exfuncionarios de Salud.
- Exdirector del ITACE.
Uno de los casos con sentencia corresponde al exsecretario de Educación Mario "G", quien recibió una condena de 19 años de prisión por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado, relacionados con un convenio celebrado con una aseguradora.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, 29 exservidores públicos de nivel medio y superior ya fueron vinculados formalmente a proceso.
Ocho órdenes de aprehensión continúan vigentes
Las autoridades estatales informaron además que permanecen activas al menos ocho órdenes de aprehensión contra excolaboradores cercanos al exgobernador que presuntamente se encuentran fuera del país o permanecen prófugos.
En paralelo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha fortalecido las acciones administrativas derivadas de las auditorías.
Según los datos oficiales, la dependencia ha:
- Inhabilitado a 134 servidores públicos, de los cuales alrededor del 90% pertenecían a la administración 2016-2022.
- Aplicado cerca de 195 sanciones administrativas.
- Turnado 85 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves.
- El caso de Francisco García Cabeza de Vaca continúa por la vía federal
Las investigaciones contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca avanzan de manera independiente tanto en el ámbito estatal como en el federal.
A nivel nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó revocar los efectos de resoluciones que impedían ejecutar la orden de aprehensión federal, permitiendo que el proceso judicial continúe conforme al marco legal.
En Tamaulipas, la Consejería Jurídica estatal también ha presentado diversas denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de atribuciones y facultades.
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Las investigaciones siguen en curso y corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los exfuncionarios involucrados, conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
Créditos: Esta nota retoma información del reportaje original publicado por Crónica, elaborado por la periodista Perla Reséndez desde Ciudad Victoria.
