La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que el Gobierno de México trabaja en una estrategia nacional integral para atender el embarazo adolescente, la violencia sexual contra niñas y adolescentes y las uniones forzadas, problemáticas que persisten de manera alarmante en diversas regiones del país, particularmente en el sur.
De acuerdo con la funcionaria, la estrategia tendrá un enfoque territorial y preventivo, con intervenciones focalizadas en 57 municipios donde se concentra la mayor incidencia de estos fenómenos. Las primeras acciones comenzarán a partir de abril, con un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado y las propias comunidades.
Una respuesta integral y coordinada
Citlalli Hernández explicó que el plan se construye de manera interinstitucional, involucrando al sector salud, fiscalías, escuelas, autoridades comunitarias y organizaciones locales, con el objetivo de atender las causas estructurales que derivan en embarazos tempranos, violencia sexual y matrimonios o uniones forzadas.
“Se trata de una estrategia integral, no solo de atención, sino de prevención, con presencia directa en territorio y con acompañamiento a niñas, adolescentes y sus familias”, señaló la secretaria.
Uno de los ejes centrales será la participación de los Centros Libres, espacios impulsados por el Gobierno federal para brindar atención jurídica, psicológica y social a mujeres y niñas víctimas de violencia, así como la asignación de promotoras comunitarias, quienes tendrán la tarea de fortalecer la prevención, la orientación y la detección temprana de casos en zonas de alta vulnerabilidad.
Enfoque territorial en el sur de México
Las primeras etapas de implementación se desarrollarán en comunidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entidades que históricamente presentan altos índices de embarazo adolescente, violencia de género y uniones tempranas, muchas de ellas relacionadas con contextos de pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios educativos y de salud.
Datos oficiales del INEGI y del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que México mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente entre los países de la OCDE, con mayor incidencia en regiones rurales e indígenas del sur del país. A ello se suma que, en muchos casos, los embarazos están vinculados a violencia sexual, situación que agrava la vulnerabilidad de niñas y adolescentes.
Embarazo adolescente y violencia sexual: una problemática estructural
Según información de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), una proporción significativa de los embarazos en niñas menores de 15 años está asociada a agresiones sexuales, muchas veces perpetradas por personas del entorno cercano.
Citlalli Hernández subrayó que esta realidad obliga a una intervención urgente y diferenciada, que no se limite a campañas informativas, sino que garantice acceso efectivo a la justicia, atención médica oportuna, educación sexual integral y protección comunitaria.
“Cuando hablamos de niñas, no puede haber normalización. Un embarazo en una niña es resultado de una violencia que debe ser atendida y sancionada”, ha reiterado la funcionaria en distintos espacios públicos.
Uniones forzadas y usos comunitarios
Otro de los componentes clave de la estrategia será la atención a las uniones forzadas y matrimonios tempranos, prácticas que aún persisten en algunas comunidades y que vulneran los derechos de niñas y adolescentes. La Secretaría de las Mujeres ha señalado que el abordaje se hará desde una perspectiva de derechos humanos, con diálogo comunitario, acompañamiento institucional y fortalecimiento de alternativas educativas y económicas para las familias.
El objetivo, explicó Hernández, no es criminalizar a las comunidades, sino transformar prácticas que reproducen violencia y desigualdad, garantizando que niñas y adolescentes puedan decidir libremente sobre su vida y su futuro.
Presentación oficial en próximas semanas
La titular de la Secretaría de las Mujeres adelantó que los detalles completos de la estrategia nacional serán dados a conocer en las próximas semanas durante la conferencia presidencial, donde se explicarán los alcances, los recursos asignados y los mecanismos de evaluación.
Este anuncio se enmarca en el compromiso del Gobierno federal de fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género y de infancia, colocando en el centro el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de niñas y adolescentes, especialmente en las regiones históricamente más rezagadas.
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Con esta estrategia, el Estado mexicano busca avanzar hacia una atención más efectiva, cercana y humana, que no solo atienda las consecuencias, sino que contribuya a romper los ciclos de violencia y desigualdad que afectan a miles de niñas y jóvenes en el país.
