Gobiernos contra gigantes: ¿Quién realmente toma las decisiones?
En la economía global actual, las grandes corporaciones han alcanzado un nivel de influencia que trasciende los mercados. Hoy, participan activamente en la elaboración de políticas públicas, inciden en reformas regulatorias y condicionan el rumbo económico de naciones enteras. En este contexto, la línea entre el poder político y el poder económico se vuelve cada vez más difusa.
EMPRESARIALL@S COLUMNISTAS


En la economía global actual, las grandes corporaciones han alcanzado un nivel de influencia que trasciende los mercados. Hoy, participan activamente en la elaboración de políticas públicas, inciden en reformas regulatorias y condicionan el rumbo económico de naciones enteras. En este contexto, la línea entre el poder político y el poder económico se vuelve cada vez más difusa.
Durante las últimas décadas, muchos gobiernos han optado por ceder espacio a las grandes empresas bajo la promesa de inversión, empleo y desarrollo. Sin embargo, este enfoque plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el interés público está subordinado a intereses privados?
México no está exento de este dilema. El reto es construir un modelo que atraiga inversiones, pero que también garantice justicia social, certidumbre jurídica y respeto a los intereses nacionales. Las decisiones recientes en torno a sectores estratégicos, como la adquisición de plantas eléctricas por parte del Estado, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el capital público y privado puedan coexistir sin excluirse, siempre que el objetivo común sea el desarrollo con equidad.
El sector empresarial tiene un papel irremplazable en la creación de empleos y en la modernización productiva, pero su éxito no puede estar basado únicamente en beneficios fiscales o privilegios regulatorios. Un entorno económico sano necesita instituciones fuertes, reglas claras y un Estado que actúe como garante del bien común, no como subordinado de intereses particulares.
El verdadero desafío no es escoger entre el mercado o el Estado, sino encontrar un equilibrio ético y funcional. Un punto medio donde el crecimiento económico esté alineado con el bienestar colectivo y donde el poder, lejos de concentrarse, se traduzca en progreso compartido.
México tiene la oportunidad histórica de demostrar que se puede gobernar con firmeza sin ser rehén de los gigantes, y que el desarrollo puede ser incluyente, sostenible y justo.