La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Grupo Salinas se presentó formalmente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para iniciar el proceso de pago de su deuda fiscal, luego de que los tribunales competentes resolvieran de manera definitiva los recursos legales interpuestos por el conglomerado empresarial.
Durante su mensaje, la mandataria fue enfática al señalar que no se trata de una negociación, sino de la aplicación estricta del marco legal vigente, dejando claro que el monto y la forma de pago se determinarán conforme a la ley y a lo establecido por las autoridades fiscales, sin privilegios ni acuerdos discrecionales.
Estado de derecho y legalidad fiscal
Sheinbaum subrayó que este procedimiento es un ejemplo del fortalecimiento del Estado de derecho en México, donde todas las personas físicas y morales están obligadas a cumplir con sus responsabilidades fiscales, independientemente de su tamaño económico o influencia mediática.
“El pago de impuestos no es opcional, es una obligación constitucional”, ha reiterado la presidenta en diversas ocasiones, al destacar que el combate a la evasión fiscal es una condición indispensable para garantizar finanzas públicas sanas y la continuidad de los programas sociales y de inversión pública.
Resolución judicial definitiva
De acuerdo con la información oficial, los litigios relacionados con la deuda fiscal de Grupo Salinas ya fueron resueltos de manera definitiva por los tribunales, lo que permitió que el caso regresara a la esfera administrativa del SAT para proceder conforme a la ley.
Este punto es clave, ya que la presidenta aclaró que el Ejecutivo federal no interviene en procesos judiciales, sino que respeta plenamente la autonomía del Poder Judicial. Una vez agotadas las instancias legales, corresponde a la autoridad fiscal ejecutar lo que la ley establece.
Sin privilegios ni condonaciones
Uno de los mensajes centrales del posicionamiento presidencial fue que no habrá condonaciones, descuentos especiales ni tratos preferenciales. El monto que deberá cubrir el grupo empresarial será el que determinen las resoluciones judiciales y las disposiciones fiscales aplicables.
Este enfoque contrasta con prácticas del pasado, cuando grandes contribuyentes accedían a esquemas de condonación o acuerdos fiscales que redujeron de manera significativa la recaudación del Estado mexicano. Desde 2019, la Constitución prohíbe expresamente las condonaciones de impuestos, como parte de una política orientada a la justicia tributaria.
Importancia de la recaudación para el desarrollo nacional
El cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de grandes corporaciones tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. Los recursos recaudados permiten sostener programas sociales, infraestructura, educación, salud y proyectos estratégicos que buscan reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo económico.
En este sentido, el caso de Grupo Salinas se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la recaudación sin aumentar impuestos, basada en combatir la evasión y elusión fiscal, así como en ampliar la base de contribuyentes de manera equitativa.
Mensaje a los grandes contribuyentes
La presidenta Sheinbaum señaló que este proceso envía un mensaje claro: en México, la ley se cumple. Las empresas que operan en el país se benefician de su mercado, infraestructura y fuerza laboral, por lo que también deben contribuir de manera justa al financiamiento del Estado.
Este principio ha sido reiterado tanto por el SAT como por la Secretaría de Hacienda, que han insistido en que una economía sólida requiere reglas claras y un piso parejo para todos los actores económicos.
Continuidad de la política fiscal
El inicio del proceso de pago por parte de Grupo Salinas confirma la continuidad de una política fiscal que prioriza la legalidad, la transparencia y la responsabilidad social empresarial. Bajo esta visión, el crecimiento económico debe ir acompañado de un compromiso real con el bienestar colectivo.
Sheinbaum destacó que el Gobierno de México seguirá actuando con firmeza y apego a la ley, garantizando que los procesos fiscales se conduzcan con transparencia, sin persecuciones políticas, pero tampoco con excepciones indebidas.
Un precedente relevante
El avance de este caso representa un precedente importante en la relación entre el Estado y los grandes contribuyentes. Más allá de nombres o grupos específicos, el mensaje es que la justicia fiscal es un pilar del nuevo modelo de desarrollo, donde el interés público está por encima de intereses particulares.
Quizá te interese también leer:
Con ello, el gobierno refrenda su compromiso de fortalecer las finanzas públicas y consolidar un sistema tributario más justo, en el que todas y todos contribuyan conforme a su capacidad y dentro del marco de la ley.
