Guanajuato, donde el derecho a decidir sigue en pausa
El Congreso de Guanajuato volvió a exhibir los límites de una clase política conservadora, más preocupada por mantener sus dogmas que por garantizar derechos.
Este lunes, el Congreso de Guanajuato volvió a exhibir los límites de una clase política conservadora, más preocupada por mantener sus dogmas que por garantizar derechos. En un empate legislativo, no se alcanzó la mayoría necesaria para despenalizar el aborto en el estado, dejando intacto un Código Penal que sigue castigando a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo.
Pese a los esfuerzos de legisladoras y legisladores de Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano, la mayoría integrada por el PAN y apoyada por diputadas del PRI y PRD, impidió que avanzara una reforma a la Constitución local que reconociera la autonomía reproductiva de las mujeres. Se perdió la oportunidad de armonizar la legislación estatal con criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucional criminalizar el aborto.
Lo ocurrido en el Congreso no fue un debate democrático, fue una trinchera ideológica donde se gritó “¡bendito sea Dios!” mientras se ignoraban cifras, realidades y derechos. Se celebró la omisión, se festejó el castigo, y se volvió a castigar la pobreza con cárcel.
En Guanajuato, un estado históricamente marcado por el conservadurismo panista, el derecho a decidir sigue siendo un campo de batalla. La criminalización no ha cesado del todo: tan solo entre 2020 y 2025 se han abierto más de 120 carpetas de investigación por aborto. Aunque se afirma que no hay mujeres presas, el mensaje del Estado es claro: quien interrumpe su embarazo, sigue siendo perseguida.
La Cuarta Transformación tiene claro que no hay justicia sin derechos, y que el respeto a la autonomía de las mujeres no es una concesión, es un deber del Estado. Los avances en otros estados del país —como Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México o Baja California— son prueba de que el país está cambiando. Pero Guanajuato se aferra a un modelo punitivo, patriarcal y profundamente injusto.
El empate legislativo no es una victoria, es una pausa. Pero una pausa que nos obliga a insistir, a organizarnos, a seguir hablando del derecho a decidir, incluso en los lugares donde se pretende silenciarlo.
Hoy, las mujeres en Guanajuato no tienen garantizada su libertad para decidir, pero sí tienen algo más poderoso: conciencia, organización y una red nacional que las respalda. Porque como ha dicho el movimiento feminista una y otra vez: “nos tienen miedo porque no tenemos miedo.”