Denuncias empresariales, auditorías y expedientes ministeriales apuntan a una red de cobros irregulares, licencias alteradas y obras pagadas dos veces en uno de los municipios con mayor plusvalía del país.
Huixquilucan, Estado de México.— El desarrollo inmobiliario en Huixquilucan, uno de los municipios con mayor plusvalía del país, enfrenta señalamientos graves por la presunta operación de una red de corrupción institucional que habría utilizado permisos, dictámenes urbanos y obras de mitigación como mecanismos de extorsión y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con denuncias presentadas ante autoridades ministeriales, revisiones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y testimonios incorporados en expedientes, el crecimiento urbano del municipio no habría sido regulado únicamente bajo criterios técnicos, sino condicionado por pagos irregulares, dictámenes presuntamente falsificados y contratos públicos asignados para obras que ya habían sido cobradas a particulares.
El punto central de las acusaciones se ubica en la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, área que, según los denunciantes, dejó de operar como autoridad reguladora para convertirse en una especie de aduana de permisos, donde trámites, licencias y verificaciones quedaban sujetos a pagos extralegales.
El esquema habría funcionado a través de las llamadas obras de mitigación. A desarrolladores inmobiliarios se les exigían pagos millonarios, presuntamente en efectivo, para liberar dictámenes de “obra concluida y verificada”, aun cuando dichas obras no se hubieran ejecutado. Posteriormente, el propio ayuntamiento habría licitado y pagado esas mismas obras con recursos públicos, generando un doble cobro: primero al particular y después al erario.
Las denuncias también señalan la continuidad política entre la administración del exalcalde y actual senador Enrique Vargas del Villar y el gobierno encabezado por Romina Contreras Carrasco. De acuerdo con los señalamientos, la permanencia de funcionarios clave habría permitido conservar el control de los flujos financieros, los permisos urbanos y la adjudicación de contratos.
Entre los nombres mencionados se encuentran Agustín Olivares Balderas, tesorero municipal, y Mario Vázquez Ramos, exdirector general de Desarrollo Urbano Sustentable, quien fue señalado en diversas ocasiones por empresas constructoras y aun así se mantuvo en cargos estratégicos.
Empresas rompen el silencio y señalan presunta extorsión
Durante años, el sector constructor habría guardado silencio para proteger sus inversiones. Sin embargo, cuatro empresas decidieron acudir ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México tras registrar pérdidas millonarias y detectar que el municipio supuestamente pagaba con recursos públicos obras que previamente les habían sido cobradas bajo presión.
De acuerdo con la carpeta de investigación FGEM/FECC/HUIX/045/2025 y revisiones del OSFEM, las empresas que aportaron documentación contra funcionarios del área de Desarrollo Urbano son:
Constructora e Inmobiliaria del Bosque, S.A. de C.V.
La empresa presentó denuncia en marzo de 2023 bajo el registro CMH/DEN/021/2023, a través del ingeniero Jorge Luis Méndez. Señaló a Mario Vázquez Ramos y a Miguel Arrellano, entonces subdirector de Tenencia de la Tierra, por el presunto cobro de 12.7 millones de pesos en 2021 para obras de mitigación en Avenida de la Barranca y Circuito Bosques.
Según la denuncia, el municipio emitió un dictamen de “obra concluida y verificada” con fotografías presuntamente falsas, sin que la construcción se hubiera realizado. Posteriormente, en 2023, el ayuntamiento habría ejecutado esa misma obra con recursos públicos. El representante de la empresa también declaró que Miguel Arrellano le exigió 800 mil pesospara firmar autorizaciones sin revisión. La firma habría suscrito un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.
Desarrolladora Inmobiliaria Interlomas, S. de R.L. de C.V.
La denuncia CMH/DEN/047/2023, presentada en julio de 2023 por la arquitecta Patricia Gómez, señala nuevamente a Mario Vázquez Ramos, Miguel Arrellano y al entonces subdirector Luis Felipe Cota Arredondo.
La empresa sostuvo que en 2022 se autorizaron cuatro licencias comerciales sin proyecto ni obra existente. Además, denunció el pago de 21.4 millones de pesos en garantías que nunca fueron devueltas. El expediente municipal, según la queja, contenía sellos falsos y firmas apócrifas atribuidas a la propia empresa.
Grupo Constructor La Loma, S.A. de C.V.
En octubre de 2023, mediante la denuncia CMH/DEN/072/2023, el ingeniero Roberto Sánchez acusó a Vázquez, Arrellano y Cota por 11 casos de obras irregulares que, según la empresa, fueron cobradas bajo coacción y después pagadas nuevamente por el ayuntamiento.
La constructora entregó recibos, mensajes y grabaciones en las que presuntamente se instruía a pagar para obtener firmas de validación. El daño directo documentado por la empresa asciende a 34.2 millones de pesos. Actualmente, la firma operaría bajo la figura de testigo protegido.
Urbanizadora y Constructora San Jerónimo, S.A. de C.V.
La denuncia CMH/DEN/008/2024, presentada en enero de 2024 por el licenciado Carlos Ruiz, documenta presuntas irregularidades entre 2018 y 2020. La empresa acusó que Mario Vázquez modificó reglas de operación para eliminar la presentación de garantías y permitir licencias condicionadas a entregas de efectivo.
Los proyectos señalados por la firma aparecen después en expedientes municipales como obras ejecutadas por el gobierno local en 2022. Según esta denuncia, el esquema habría operado de manera continua entre 2016 y 2025.
Un quebranto millonario y una red de proveedores bajo sospecha
El daño documentado por las cuatro desarrolladoras asciende a 68.3 millones de pesos. Sin embargo, los señalamientos apuntan a que el esquema no se habría limitado al cobro a particulares, sino que también se extendió al presupuesto público mediante contratos asignados a empresas presuntamente fachada.
Investigaciones atribuidas a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalan que, entre 2016 y 2024, el gobierno de Huixquilucan habría canalizado más de 82 millones de pesos a 24 empresas sin infraestructura, operación real o domicilios verificables.
Bajo conceptos como compra de materiales, electrodomésticos o servicios logísticos, el ayuntamiento adjudicó contratos a empresas como Maquiladora Ralf y Osasuna Comercializadora, cuyos domicilios fiscales habrían correspondido a oficinas virtuales o edificios donde no figuraban como arrendatarios. En otros casos, las direcciones vinculadas a contratistas correspondían a viviendas particulares sin actividad empresarial.
De acuerdo con los señalamientos, al menos trece de estas empresas fueron constituidas ante un mismo notario en Morelos, lo que encendió alertas sobre posibles esquemas de triangulación similares a los detectados por autoridades fiscales en otros casos de corrupción pública.
Legacy Residencial: el rostro urbano del conflicto
Las consecuencias de esta presunta captura institucional también se reflejan en la planeación territorial. Uno de los casos más señalados es el megaproyecto Legacy Residencial & Club, proyectado sobre la Barranca La Pastora, una zona considerada de riesgo por su condición topográfica y por antecedentes de inviabilidad geológica señalados desde 1997.
El desarrollo contempla cuatro torres de 34 niveles y ha provocado rechazo vecinal en Lomas de las Palmas por el impacto vial, ambiental e hídrico que representaría para la zona.
De acuerdo con los señalamientos, el proyecto no contaría con resolutivos ambientales suficientes de la SEMARNAT ni con concesiones hídricas de la CONAGUA, pero habría avanzado bajo protección burocrática municipal y estatal. Vecinos también acusan que maquinaria pagada con recursos públicos fue utilizada para repavimentar calles y facilitar el acceso de la constructora.
La fiscalización llegó tarde
El presupuesto municipal ejercido en 2023 por la administración de Huixquilucan fue de 3 mil 371 millones de pesos. Pese a ese volumen de recursos, la intervención fiscalizadora habría llegado de manera tardía.
La Auditoría de Inversión Física AIF-024 del OSFEM abrió una ruta de revisión, pero las denuncias señalan que la Contraloría Interna Municipal, encabezada por Benito García Ávalos, mantuvo cerrados expedientes sancionatorios relacionados con las presuntas extorsiones en Desarrollo Urbano y con los contratos asignados a empresas bajo sospecha.
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Mientras tanto, las administraciones de Enrique Vargas y Romina Contreras han sostenido una narrativa pública de eficiencia, seguridad e inversión. Sin embargo, los expedientes penales, las denuncias empresariales y el rastro de contratos públicos apuntan en sentido contrario: un municipio donde el desarrollo urbano habría sido convertido en negocio político, fuente de extorsión y mecanismo de extracción de recursos.
Huixquilucan, presentado durante años como ejemplo de modernidad y plusvalía, enfrenta hoy una pregunta de fondo: si su crecimiento fue producto de una planeación ordenada o de un sistema de permisos, cobros y obras públicas operado para beneficiar a una red de poder.
