La conductora de televisión Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer fuera del alcance de las autoridades mexicanas desde 2021, año en que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
El caso se remonta a una investigación federal sobre una presunta estructura financiera que habría utilizado empresas para simular operaciones comerciales y movilizar recursos públicos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, provenientes de contratos relacionados con el sistema penitenciario federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La información sobre la supuesta detención en territorio estadounidense requiere confirmación oficial de las autoridades correspondientes. No obstante, los antecedentes judiciales del caso permiten dimensionar la relevancia de una eventual captura, tanto por el monto de los recursos investigados como por el tiempo que la conductora ha permanecido fuera de México.
Junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, Gómez Mont fue señalada por la FGR como presunta integrante de una red que habría participado en operaciones financieras irregulares vinculadas con contratos públicos otorgados por el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El caso Inés Gómez Mont: una investigación por casi 3 mil millones de pesos
Las investigaciones contra la conductora y su esposo comenzaron a cobrar relevancia pública en 2021, cuando la Fiscalía federal obtuvo órdenes de aprehensión derivadas de una indagatoria sobre posibles operaciones de lavado de dinero y utilización de empresas factureras.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales difundidas en aquel momento, los contratos bajo revisión alcanzaban aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos y estaban relacionados con servicios para los Centros Federales de Readaptación Social.
La hipótesis de la Fiscalía señalaba que distintas empresas habrían participado en la simulación de operaciones comerciales y prestación de servicios que presuntamente no se realizaron, utilizando comprobantes fiscales para dar apariencia de legalidad a movimientos financieros.
El expediente también contemplaba la posible participación de servidores públicos que habrían facilitado la asignación de contratos y el movimiento de recursos provenientes del erario.
La investigación no se limitó a Gómez Mont y Álvarez Puga, sino que incluyó a otras personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la estructura financiera.
Uno de los elementos centrales del caso fue la presunta utilización de compañías para ocultar el origen y destino del dinero, una práctica que, de acreditarse judicialmente, podría configurar distintos delitos financieros.
Es importante precisar que los montos señalados corresponden a las operaciones investigadas y no deben interpretarse como una sentencia que establezca responsabilidad penal definitiva de los acusados.
Detención de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos no significa captura de Gómez Mont
Uno de los antecedentes que debe distinguirse para comprender el desarrollo del expediente es la situación de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora, quien sí fue detenido por autoridades estadounidenses en septiembre de 2025.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, el empresario fue arrestado el 24 de septiembre de ese año y trasladado al centro migratorio de Krome, en Miami, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, aquella detención estuvo relacionada inicialmente con su situación migratoria y no constituyó, por sí misma, una ejecución de la orden mexicana de aprehensión.
Su situación abrió otro frente en el caso, debido a que las autoridades mexicanas buscaban concretar su detención provisional con fines de extradición. La solicitud de colaboración entre ambos países se convirtió en un elemento central para intentar que el empresario compareciera ante la justicia mexicana.
En cuanto a Inés Gómez Mont, los reportes periodísticos disponibles hasta el 30 de octubre de 2026 no confirman que haya sido detenida en Florida. Por tanto, no es correcto presentar su captura como un hecho consumado ni confundir su situación con la de su esposo.
Interpol retiró la ficha roja: el nuevo giro en el expediente
El caso tuvo un cambio importante en septiembre de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol había retirado las notificaciones rojas de búsqueda internacional contra Gómez Mont y Álvarez Puga.
La decisión generó cuestionamientos desde el Gobierno de México, que anunció su intención de solicitar explicaciones al organismo internacional y gestionar la recuperación de las alertas para facilitar la localización de ambos.
Posteriormente, el 22 de octubre, se difundió información sobre la confirmación de la cancelación de las fichas rojas, cuya vigencia había concluido desde el 25 de septiembre de 2026.
Este movimiento no significa que las órdenes de aprehensión mexicanas hayan desaparecido. La cancelación de una notificación roja tampoco equivale a una declaración de inocencia ni resuelve las investigaciones penales pendientes.
Es importante recordar que una ficha roja de Interpol es una solicitud internacional para localizar a una persona y, cuando la legislación del país correspondiente lo permite, detenerla provisionalmente con fines de extradición. No constituye una orden de arresto internacional que obligue automáticamente a todos los países miembros.
La situación jurídica de Gómez Mont, por tanto, debe analizarse a partir de dos procedimientos distintos: las investigaciones y órdenes judiciales que existen en México, y los mecanismos de cooperación internacional necesarios para lograr que comparezca ante las autoridades.
¿Qué sigue para la investigación contra Inés Gómez Mont?
El expediente mantiene relevancia por la cantidad de recursos públicos involucrados y por las presuntas irregularidades en la contratación de servicios para el sistema penitenciario federal.
La FGR ha sostenido que las operaciones investigadas habrían involucrado empresas utilizadas para aparentar actividades comerciales, canalizar recursos y dificultar el rastreo del dinero. La investigación también contempla posibles responsabilidades de exfuncionarios y otros participantes en la asignación de contratos.
En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que, por resolución judicial, tuvo que retirar a Gómez Mont y Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas y restablecer sus servicios financieros. La UIF señaló que había defendido judicialmente la legalidad de la inclusión, pero tuvo que acatar la resolución correspondiente.
Este antecedente refleja que el caso ha atravesado distintas resoluciones judiciales y administrativas, sin que ello represente una conclusión definitiva sobre las acusaciones penales.
La eventual localización y comparecencia de Gómez Mont ante las autoridades mexicanas dependerá de los mecanismos de cooperación internacional y de las actuaciones que realicen las instituciones competentes.
Mientras tanto, el señalamiento central permanece: la Fiscalía investiga una presunta red de operaciones financieras vinculadas con contratos públicos por casi 3 mil millones de pesos, un asunto que involucra recursos del erario y posibles responsabilidades tanto de particulares como de servidores públicos.
Quizá te interese también leer:
La precisión informativa es fundamental en este caso: Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones y órdenes de aprehensión en México, pero su supuesta detención en Florida no cuenta, hasta el momento de esta publicación, con confirmación oficial ni respaldo en los reportes periodísticos consultados.




