Irapuato y Guanajuato: la inseguridad persiste mientras crece la desconfianza ciudadana hacia los gobiernos locales.
En municipios gobernados por el PAN como Irapuato y Guanajuato, la inseguridad continúa en aumento mientras las autoridades locales permanecen pasivas ante la violencia. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, más del 63 % de los habitantes percibe vivir en ciudades inseguras, y la policía municipal es la institución con menor confianza ciudadana. En contraste, el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha logrado reducir los homicidios en un 32 % a nivel nacional, demostrando que la seguridad se construye con justicia social, planeación y resultados, no con omisiones ni discursos vacíos.
SEGURIDADMUNICIPIOS
La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revela que el 63 % de la población mexicana considera insegura su ciudad, y los municipios de Irapuato y Guanajuato capital se ubican entre los más señalados por su alta percepción de violencia e impunidad.
En Irapuato, gobernado por el PAN, los vecinos denuncian que los robos, asaltos y enfrentamientos se han convertido en parte de la vida cotidiana. A pesar de la creciente presencia de corporaciones estatales, los esfuerzos locales para garantizar la seguridad han resultado insuficientes o inconsistentes.
De acuerdo con el INEGI, la desconfianza hacia la policía municipal supera el 70 %, mientras que las instituciones con mayor credibilidad son la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, cuerpos federales que participan en tareas de patrullaje y prevención del delito.
A nivel nacional, la tendencia de homicidios dolosos registra una disminución del 32 % en el primer año de gobierno federal bajo la administración de Claudia Sheinbaum, lo que contrasta con la situación en algunos municipios guanajuatenses, donde los indicadores de violencia se mantienen altos.
Expertos en seguridad pública señalan que esta brecha se debe a la falta de coordinación entre gobiernos locales y federales, así como a estrategias estatales centradas en la contención más que en la prevención. Guanajuato continúa siendo uno de los estados con mayores tasas de homicidio, robo y extorsión en el país, reflejo de un deterioro institucional acumulado por años de omisiones.
Los ciudadanos, en tanto, demandan políticas de seguridad más eficaces, atención a las víctimas y programas de reconstrucción del tejido social que vayan más allá de los discursos. En el Bajío, la exigencia es clara: más seguridad, menos indiferencia.