La discusión sobre los requisitos para ocupar los principales cargos ejecutivos del país llegó al Pleno de la Cámara de Diputados con una definición legislativa: 344 votos avalaron en lo general la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, una modificación que busca impedir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mantengan otra nacionalidad.
El debate colocó en el centro una pregunta sobre el vínculo jurídico que deben mantener quienes busquen encabezar los Poderes Ejecutivos federal y locales. Desde esta perspectiva se inscribe el posicionamiento compartido por Iván Gatica, quien puso sobre la mesa la idea de que para gobernar México debe existir una sola pertenencia jurídica frente al Estado.
La frase que acompañó el planteamiento —“No se puede jurar a dos banderas”— resume el argumento político de quienes respaldaron el dictamen: establecer una condición específica para los cargos de mayor responsabilidad ejecutiva, sin eliminar la posibilidad de que cualquier ciudadano conserve una doble nacionalidad para otros ámbitos de su vida.
¿Qué aprobó la Cámara de Diputados?
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados, respectivamente, con los requisitos para la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El texto fue aprobado en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención.
Posteriormente, el Pleno procesó los artículos reservados. En esa segunda votación, el dictamen recibió 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Con ello, la Cámara de Diputados concluyó su parte del trámite y envió el proyecto al Senado de la República para continuar con el procedimiento constitucional.
La modificación, por tanto, todavía no constituye una norma vigente. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere continuar su proceso legislativo y, en caso de aprobación por el Senado, seguir las etapas correspondientes antes de su entrada en vigor.
La reforma contempla el proceso electoral de 2028
Uno de los elementos centrales del dictamen es su régimen transitorio.
De acuerdo con el registro del Canal del Congreso, la disposición se aplicaría a partir del proceso electoral de 2028 y entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez completado el procedimiento legislativo correspondiente.
Esto significa que la propuesta no está planteada para modificar las condiciones de quienes actualmente ocupan la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El alcance está dirigido a futuros procesos electorales y, específicamente, a quienes pretendan registrarse para competir por esos cargos.
Iván Gatica coloca la soberanía en el centro del debate
El planteamiento asociado a Iván Gatica se inserta en uno de los argumentos centrales utilizados por los legisladores que respaldaron la reforma: la necesidad de que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos mantengan un vínculo jurídico exclusivo con México.
Durante la discusión parlamentaria, legisladores del bloque mayoritario defendieron la idea de que la doble nacionalidad puede mantenerse como derecho ciudadano, pero que existen responsabilidades públicas que, por su naturaleza, requieren condiciones particulares.
Una intervención de la diputada morenista Estela Carina Piceno Navarro quedó registrada en el Diario de los Debates en un sentido similar: señaló que tener doble nacionalidad no disminuye los derechos de una persona, pero planteó una condición distinta para quienes busquen ejercer determinados cargos de gobierno, bajo el argumento de evitar posibles injerencias de otros Estados.
El debate, así, establece una diferencia entre ser ciudadano mexicano con doble nacionalidad y pretender ocupar la titularidad de un Poder Ejecutivo.
Ese matiz es relevante porque la reforma no plantea eliminar de manera general la doble nacionalidad en México. La restricción se concentra en quienes pretendan acceder a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la capital.
Oposición cuestiona los alcances de la medida
La propuesta también generó objeciones de las bancadas de oposición.
Durante la sesión, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la doble nacionalidad sea utilizada como criterio para limitar el acceso a determinados cargos de elección popular. En el registro parlamentario quedaron asentados argumentos relacionados con los derechos de las personas con doble nacionalidad y con los vínculos que millones de mexicanos mantienen con otros países.
La diputada panista Silvia Patricia Jiménez Delgado sostuvo durante el debate que contar con dos nacionalidades no determina por sí mismo la lealtad de una persona hacia México y planteó una reserva para evitar, desde su perspectiva, una exclusión de ciudadanos con esa condición jurídica.
Desde Movimiento Ciudadano también se argumentó que la reforma podría afectar a personas vinculadas con comunidades migrantes y se cuestionó la justificación de establecer una prohibición específica para estos cargos.
El intercambio parlamentario evidencia que la discusión no se limita a un requisito administrativo para futuras candidaturas: involucra también el debate sobre ciudadanía, migración, soberanía y las condiciones de acceso a los cargos públicos.
Una reforma que ahora pasa al Senado
Tras más de diez horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y lo remitió al Senado de la República.
El siguiente paso será, por tanto, la revisión de la minuta por la Cámara alta. Su eventual aprobación abriría las siguientes etapas del proceso de reforma constitucional.
Para Iván Gatica, el debate coloca una definición política en torno a la relación entre nacionalidad y ejercicio del poder público. Bajo el argumento expresado en torno a las “dos banderas”, quienes respaldan la propuesta sostienen que las personas que aspiren a encabezar los Poderes Ejecutivos deben mantener una sola nacionalidad.
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La discusión, sin embargo, continuará en el Senado y en el espacio público, particularmente por las objeciones planteadas por las fuerzas opositoras respecto de los derechos de quienes cuentan con doble nacionalidad.
Por ahora, el dato legislativo es concreto: la Cámara de Diputados aprobó la reforma en ambas etapas de votación y la envió al Senado. Si el procedimiento constitucional concluye favorablemente, las nuevas reglas comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
