Hay líneas que no están dibujadas en los mapas, pero sostienen a los países; la soberanía es una de ellas, y en Chihuahua, esa línea fue cruzada. No en un discurso, ni en una interpretación; fue cruzada en los hechos.
Dos agentes de la CIA murieron tras un operativo en territorio mexicano en el que no debían participar. No había acreditación formal, no hubo autorización del Estado mexicano en sus términos constitucionales, y, sin embargo, estuvieron ahí… operando.
Eso no es cooperación; eso es una fisura.
En la sesión reciente del Senado, esa que algunos decidieron no atender con su presencia, legisladores de Morena lo dijeron con claridad: no puede normalizarse la actuación de agencias extranjeras al margen del Estado mexicano, porque hacerlo implicaría aceptar, de facto, una cesión de soberanía. Y la soberanía, cuando se vuelve costumbre cederla, deja de ser principio… y se convierte en recuerdo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en la conducción de la política exterior y de seguridad: México coopera, pero no se subordina. No es una frase; es una doctrina. Y toda doctrina, si no se respalda con actos, se vuelve ornamento.
Aquí no hay espacio para matices cómodos; porque el problema no es solo que hayan estado; sino que alguien les abrió la puerta.
Un gobierno estatal no tiene facultad para establecer esquemas operativos con agencias extranjeras en materia de seguridad sin conocimiento ni autorización federal. No es una discusión política; es un marco legal; y cuando ese marco se rompe, lo que está en juego no es un operativo… es el Estado mismo.
La ausencia de la gobernadora Maru Campos ante el Senado no es un detalle menor. Más bien, es un mensaje claro de la postura de ella y de su partido, así como de los demás partidos del ala ideológica que representan. ¿Qué postura? Se preguntará usted, pues la misma que se asomó con desvergüenza al pedir la llegada de Maximiliano de Habsburgo para gobernar nuestro país, con título de emperador; esa misma desvergüenza que reflejaron las caras de quienes celebraron la perdida de nuestro territorio ante los Estados Unidos y que la desempolvaron para ir a incitar una intervención en nuestro país, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Conviene recordar, porque la memoria también es soberanía, que a Andrés Manuel López Obrador, por un acto de humanismo, lo desaforaron. No fue una amenaza; fue un acto consumado. Se le retiró el fuero por abrir una calle para comunicar un hospital. Un conflicto jurídico debatible, en un terreno de escrituras dudosas, que sin embargo movilizó todo el aparato institucional del país. Se activaron mecanismos; se tensó la República; se quiso convertir una decisión administrativa en delito.
Hoy, frente a un hecho donde existen indicios de violación a la Ley de Seguridad Nacional, donde agentes extranjeros operaron sin los cauces institucionales, donde hay consecuencias fatales, no vemos esa misma energía. Y los perpetradores del desafuero de Andrés Manuel, lloran desesperados y gritan llenos de ira, porque a la presunta traidora, Maru Campos, se le cita en el Senado.
Esa asimetría no es técnica; es política. Porque si este episodio hubiera ocurrido en un gobierno de la 4T, la narrativa ya estaría escrita: “intervención extranjera”, “crisis constitucional”, “responsabilidades inmediatas”. Pero cuando el silencio sustituye a la exigencia, lo que se erosiona no es un gobierno, es la credibilidad del Estado.
Por eso, más que reformas grandilocuentes, lo que hoy se necesita es algo más exigente:
Primero.
Reforzar, sin concesiones, el cumplimiento de los mecanismos existentes sobre presencia y operación de agentes extranjeros en México.
No es falta de leyes. Es falta de rigor en su aplicación.
Segundo.
Establecer responsabilidad política directa, y sancionable, para cualquier autoridad estatal que facilite o permita operaciones al margen del marco federal.
No llamados. No exhortos. Consecuencias.
Tercero.
Que la Fiscalía General de la República actúe con precisión jurídica y sin cálculo político: si hubo violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, que se determine… y que se sancione. Porque este no es un episodio aislado; es una prueba. Una de esas pruebas que no aparecen en los discursos, pero sí en la historia.
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