La nueva ley de Amparo. Justicia del siglo XXI.

La reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa un golpe directo a los privilegios que durante años convirtieron este recurso en un refugio de élites, delincuentes de cuello blanco y grandes corporaciones. Quienes se rasgan las vestiduras en la oposición jamás defendieron al pueblo; defendieron amparos para congelar cuentas vinculadas al lavado de dinero, para retrasar el pago de impuestos millonarios o para frenar obras estratégicas con tal de proteger sus negocios.

La propuesta de la Cuarta Transformación cambia las reglas del juego: se precisan requisitos para acreditar interés legítimo, se establecen plazos estrictos para evitar dilaciones, se digitaliza el juicio de amparo y se limita la suspensión en casos que afectan al interés social y al orden público. Con estas medidas, el amparo deja de ser un muro levantado por minorías privilegiadas y se convierte en una herramienta accesible, rápida y eficaz para la ciudadanía común.

Los opositores acusan retrocesos, aunque en realidad lo que temen es perder su escudo procesal. La suspensión, que antes servía para encubrir evasores y frenar la acción del Estado, ahora pondera la colectividad frente a la ambición de unos cuantos. El mensaje es claro: la justicia debe proteger al pueblo y al interés público, no a las cuentas bancarias de políticos corruptos ni a las ganancias de quienes durante décadas vivieron del erario.

Con ésta propuesta, la digitalización del juicio de amparo trae la justicia a la actualidad. Con expedientes digitales y notificaciones electrónicas se gana en transparencia, eficiencia y accesibilidad para todas y todos. El sistema se vuelve más ágil, abierto y menos expuesto y vulnerable a la corrupción que nacía en los pasillos, ventanillas y despachos acostumbrados a vender/cobrar favores.

La oposición puede inventar discursos apocalípticos, aunque el pueblo sabe que esta reforma fortalece la Hacienda Pública, combate la corrupción y moderniza la justicia. El verdadero temor de los adversarios radica en que pierden privilegios, ya que por primera vez el amparo se coloca al servicio de la mayoría y bajo los principios de honestidad, austeridad y transparencia.

La justicia avanza, y con esta reforma, el país gana un instrumento judicial limpio, eficaz y trata de blindarlo contra los abusos de quienes siempre se beneficiaron del sistema judicial del pasado.