La profundización y la justicia
Es un hecho, la reforma al Poder Judicial de la Federación es uno de los factores principales de la iniciativa de lo que será el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. La cuestión de reformar el órgano de impartición de justicia del Estado mexicano ya había sido expuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la necesidad de esta medida para profundizar el proceso de transformación y la austeridad republicana.
NACIONAL / ESTADOS


Es un hecho, la reforma al Poder Judicial de la Federación es uno de los factores principales de la iniciativa de lo que será el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. La cuestión de reformar el órgano de impartición de justicia del Estado mexicano ya había sido expuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la necesidad de esta medida para profundizar el proceso de transformación y la austeridad republicana. Sin embargo, hay mucha diferencia con respecto a cómo los grupos ajenos a la iniciativa de reforma se muestran actualmente en su discurso, a comparación de la manera en que lo hacían antes. En términos llanos: pareciera ser que la absoluta negativa a cualquier intento de reforma ha sido cambiada por una “apertura a la escucha y el diálogo” con la coalición hegemónica. La evidencia de esta apertura para el intercambio de ideas fue el diálogo “¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿Qué Poder Judicial queremos?”, el cual se llevó a cabo el pasado jueves 27 de junio en la Cámara de Diputados. Dicho diálogo es de sumo interés para comprender el proceso de negociación que dicha medida conlleva. Ahora, a manera de preámbulo, expondremos los principales objetivos de la reforma:
- Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nació
- Se reduce la cantidad de Ministros (de 11 a 9).
- Se reduce el periodo de encargo (de 15 a 12 años).
- Se eliminan las dos Salas, la Corte sólo será el Pleno y las sesiones deberán ser públicas.
- Reducción de remuneración al tope del Presidente de la República.
- Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces.
- En 2025: elección extraordinaria, para renovar todos los cargos. Pueden participar quienes lo ocupen en la actualidad.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración Judicial.
- Nuevas reglas procesales.
Estas son las 4 aristas que sobresalen como pilares de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas ellas pueden, a su vez, ser sintetizadas en un en un enunciado: se busca un acercamiento de dicha instancia del Estado con la ciudadanía mexicana, dejando de lado el esquema que permite al órgano ser juez y parte de sus decisiones, para reemplazarlo por un sistema en el que tenga que rendir cuentas de sus actividades y acciones. Esto no es algo meramente casual, sino que tiene un amplio respaldo popular que se vio expuesto en las elecciones del pasado 2 de junio, que dieron la mayoría calificada al gobierno en turno. Pero, ¿de dónde viene el respaldo de la sociedad para con esta iniciativa?, ¿es que acaso la gente busca que las decisiones de las instancias de impartición de justicia estén sesgadas por la voluntad de las mayorías, tal como lo plantea la negativa de la teoría liberal? Nosotros consideramos que las respuestas a este fenómeno son un poco más complejas.
Hay una realidad que se tiene que aceptar, pues se evidencia en la cotidianeidad: actualmente, tenemos un Poder Judicial que se muestra casi totalmente ajeno a la sociedad mexicana, especialmente para el caso de los estratos sociales más bajos. Los órganos de impartición de justicia en el país se muestran insuficientes para comprender la realidad social en la que se ejerce el Derecho, viendo más por el lado meramente formal y de la dogmática jurídica, que por un ejercicio jurídico que brinde una perspectiva acorde a las condiciones estructurales y sistémicas en las que este se ejerce. He ahí la causa principal del gran respaldo con el que la iniciativa cuenta. La sociedad mexicana está harta de tolerar un sistema de impartición de justicia que funciona más para defender los abusos del fuerte sobre el débil, que para ser un instrumento de emancipación.
Ahora, si bien, la mera democratización de dichas instancias no es sinónimo de lograr la transición hacia un ejercicio del Derecho que permita dar rienda a la emancipación general, aún así, será un paso trascendental. De cualquier forma, también es importante notar que en el discurso de la coalición Morena-PT-Verde no se hizo referencia a alguna idea ajena al Estado liberal, cuestión de suma importancia, pues no podemos dejar de lado que sólo mediante una transición radical en la concepción y carácter de clase del Estado podremos llegar a cambiar el destino del pueblo en sí mismo.
Como conclusión, la reforma que se plantea no sólo es importante, sino también necesaria, y la primera causa de dicha necesidad es el gran respaldo popular que ésta tiene. Sin embargo, no hay que mostrarse satisfechos, pues las medidas que se plantean, de ser aprobadas, no serían suficientes para hacer una transición hacia un pleno Derecho de desarrollo social que funcione como instrumento de emancipación para el pueblo mexicano. He ahí la necesidad de mantenernos firmes con las exigencias y no conformarse hasta llegar al objetivo final: tener las riendas de nuestro destino.