La violencia en México es un problema de larga data que ha afectado la seguridad y el bienestar de millones de personas, mismo que se recrudeció durante la oscura etapa neoliberal y que vivió su momento más sangriento en el periodo en que ostentó la Presidencia Felipe Calderón —mismo que, cabe recordar, llegó al cargo a través de un grave fraude electoral—.
Ante este escenario, en los últimos años los gobiernos de la Transformación han implementado diversas políticas de seguridad pública con el objetivo de reducir la delincuencia y garantizar la paz social. Si bien se han logrado avances importantes, el tema sigue siendo controvertido y genera amplios debates sobre su efectividad; el cochinero que dejó el PRIAN es innegable.
La violencia en el país tiene múltiples causas, entre las que destacan el tráfico de drogas, la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y la debilidad institucional, siendo esta última fomentada por los gobiernos prianistas. Los cárteles de la droga adquirieron un enorme poder y se disputaban territorios y rutas de tráfico, generando enfrentamientos violentos que afectaron tanto a integrantes de estas organizaciones como a población civil inocente y que calificaban como “daños colaterales”. Además, la falta de oportunidades económicas y educativas para muchas y muchos jóvenes los hacía vulnerables al reclutamiento por parte de grupos delictivos.
El gobierno encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum ha presentado una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, aprobada por el Senado en abril de 2025. Esta estrategia se basa en cuatro ejes fundamentales:
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Atención a las causas: se busca reducir la pobreza y la desigualdad, así como crear oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno para prevenir que las personas se involucren en actividades delictivas.
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Consolidación de la Guardia Nacional: se fortaleció su capacidad operativa y su profesionalismo, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación: se creó un sistema nacional de inteligencia y se emplean nuevas tecnologías para anticipar conductas delictivas y combatir al crimen organizado.
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Coordinación absoluta: se impulsa una mayor colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, así como con la Fiscalía General de la República.
Hasta octubre de 2025 se reportaron avances significativos gracias a esta estrategia. En septiembre de ese año, los homicidios dolosos descendieron a niveles históricos de la última década, con una reducción del 32% en comparación con septiembre de 2024. Además, se detuvo a 34 mil 690 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 17 mil 283 armas de fuego y se destruyeron mil 564 narcolaboratorios.
Por otro lado, incluso sectores de la oposición han reconocido que la atención a las causas estructurales de la violencia es fundamental para lograr una reducción sostenida. Las políticas de desarrollo social y la creación de oportunidades para las juventudes pueden contribuir a prevenir la delincuencia a largo plazo. Asimismo, la coordinación entre las distintas instancias gubernamentales y el uso de tecnologías de información fortalecen la capacidad de investigación y persecución del delito.
La reducción de la violencia en México es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y sostenido. Las políticas de seguridad pública implementadas por el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum y operadas por el secretario Omar García Harfuch han tenido logros importantes; basta observar la reciente aprehensión de un generador de violencia en Michoacán, quien era uno de los más buscados incluso en los Estados Unidos.
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Es necesario continuar trabajando en el fortalecimiento de las instituciones, el combate a la corrupción, la atención a las causas estructurales de la violencia y la protección de los derechos humanos. Solo así se podrá consolidar un México más seguro y pacífico para todo nuestro pueblo.
