Durante años, en México hablar del derecho a la salud fue hablar, muchas veces, de una promesa incompleta. En el papel sonaba bien, pero en la realidad millones de personas seguían enfrentando un sistema fragmentado, confuso y profundamente desigual. Por eso me parece importante detenernos en un tema que a primera vista puede parecer administrativo, pero que en realidad toca algo mucho más de fondo: la credencialización del Servicio Universal de Salud que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026 se llevará a cabo este proceso a nivel nacional, y el propio gobierno federal ha señalado que busca mejorar el sistema de salud y avanzar hacia un acceso más claro y ordenado para la población.
A mí me parece que aquí hay algo que vale la pena reconocer. No se trata solo de entregar una credencial. Se trata de darle identidad a las personas dentro del sistema, de saber quiénes son, dónde están y cómo garantizarles atención. IMSS-Bienestar ya habilitó módulos de registro y credencialización por entidad federativa, entre ellas Guerrero, y también un sistema para ubicar el módulo más cercano. En sus materiales oficiales explica que este registro está dirigido a personas sin seguridad social en los estados incorporados al modelo y que sirve para facilitar el acceso a atención médica, medicamentos, estudios y otros servicios.
En un país como el nuestro, eso no es menor. Durante demasiado tiempo, quienes no tenían seguridad social fueron también quienes más obstáculos enfrentaron para atenderse. Por eso esta política tiene un sentido de justicia. Cuando el Estado reconoce a una persona dentro del sistema de salud, también le está diciendo que no está sola, que no queda fuera y que su atención importa. Me parece que esa es una de las apuestas más importantes de la presidenta Claudia Sheinbaum: construir un sistema más universal, más ordenado y más cercano a la gente.
Pero también hay que decirlo con honestidad. La credencialización no puede verse como una solución mágica. Ayuda, ordena, incorpora, pero no sustituye la necesidad de seguir fortaleciendo hospitales, personal médico, equipamiento y abasto de medicamentos. Además, parte de una realidad compleja. De acuerdo con CONEVAL, en 2022 el 39.1 por ciento de la población del país presentaba carencia por acceso a los servicios de salud, y Guerrero estaba entre las entidades con mayores porcentajes, con 52.7 por ciento. Ese dato por sí solo muestra el tamaño del reto y por qué cualquier esfuerzo serio por ampliar la cobertura debe tomarse en serio, especialmente en el sur del país.
Y justamente por eso creo que Guerrero debe estar en el centro de esta conversación. En nuestro estado, donde tantas familias han vivido durante años entre la distancia, la marginación y la falta de servicios suficientes, hablar de salud no es hablar de estadísticas abstractas. Es hablar de personas que muchas veces no saben a dónde acudir, de adultos mayores que necesitan atención constante y de comunidades que no pueden seguir esperando. Que Guerrero aparezca dentro de los estados con módulos de credencialización importa, pero más importante será que esta política realmente se traduzca en atención efectiva y trato digno para nuestra gente.
Yo sí creo que hay que reconocer el sentido de esta medida. Ordenar también es transformar. Incluir también es transformar. Y si esta credencialización sirve para que más personas, especialmente las que durante años quedaron al margen, puedan acceder con mayor claridad al sistema de salud, entonces estamos frente a un paso correcto. No el único, no el definitivo, pero sí uno importante. Porque al final, la salud universal no empieza solo en el hospital. Empieza también con algo más básico: que el Estado te vea, te registre y te reconozca como sujeto de derechos. Y eso, en un país tan desigual como el nuestro, también merece ser defendido.
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