Cada año, la llegada del Paquete Económico a San Lázaro viene acompañada del mismo libreto: discursos encendidos sobre cómo el gasto público va a transformar al país. En esta ocasión, hay un punto de coincidencia obligado con el planteamiento de Alfonso Ramírez Cuéllar: la inversión pública tiene que ser la columna vertebral del presupuesto. Concentrar recursos en la integración de la salud pública (IMSS-Bienestar e ISSSTE), en infraestructura hidráulica, carreteras, vivienda y el sector energético es la única vía real si se pretende mover la aguja de la economía por encima de la inercia.
La lógica de no cargarle la mano a la ciudadanía con más impuestos y, en su lugar, apretar la fiscalización contra los esquemas de factureros y recortar los excesos en organismos autónomos y electorales es una decisión de sentido común. El problema no está en las prioridades de gasto ni en el origen de los recursos que se buscan recuperar de la evasión.
La verdadera trampa del optimismo presupuestal está en asumir que la inversión puede sostenerse por sí sola sin entrarle de fondo, y como prioridad número uno, al endeudamiento y al déficit.
El propio Ramírez Cuéllar reconoce que el déficit heredado es pesado y obliga a realizar recortes complicados. Sin embargo, el margen de maniobra no se va a abrir únicamente reduciendo gasto corriente o persiguiendo facturas falsas. Hoy, el costo financiero de la deuda absorbe una cantidad descomunal de recursos que compite de forma directa con la obra pública y los servicios básicos. Si no se frena esa inercia, el pago de intereses terminará devorando cualquier intento de apuntalar la salud o la infraestructura. Poner la inversión al centro exige, por pura lógica matemática, ponerle primero un freno a la deuda.
Propuestas para los legisladores: condiciones para un presupuesto viable
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Si la Cámara de Diputados busca que la inversión no se quede en buenos deseos plasmados en el papel, el debate en comisiones debe incorporar tres condiciones presupuestales indispensables:
- Candado legal estricto al destino de la deuda: Cero margen para la discrecionalidad. La Ley de Ingresos debe prohibir expresamente que cualquier endeudamiento neto autorizado se utilice para tapar baches operativos, subsidios temporales o gasto corriente. Cada peso financiado debe estar etiquetado exclusivamente a proyectos de inversión física con registro en cartera y con una tasa de rentabilidad social verificable superior al costo de financiamiento.
- Fondo obligatorio para la amortización del saldo de la deuda: Los ingresos extraordinarios que deriven del combate a la evasión y del adelgazamiento en organismos autónomos no deben irse a bolsas de gasto inercial. Debe establecerse por ley que una proporción fija de esa recaudación se destine a amortizar deuda y reducir el costo financiero, liberando así espacio fiscal real para los siguientes ejercicios.
- Creación de un Consejo Fiscal Independiente en el Congreso: San Lázaro no puede seguir aprobando presupuestos a ciegas sobre las estimaciones de crecimiento, inflación y tasas que entrega Hacienda. Se requiere un cuerpo técnico autónomo y especializado que audite los supuestos macroeconómicos. Evitar estimaciones alegres es el único método para no tener que contratar deuda de emergencia a mitad del año.
Conclusión: La inversión pública sí debe ser la columna vertebral de la economía, en eso no hay desacuerdo. Pero esa columna no se sostiene sobre un terreno minado por el costo de la deuda y la inercia del déficit. Antes de repartir bolsas y prometer desarrollos históricos, la responsabilidad del Congreso es poner límites claros al endeudamiento. Solo controlando los pasivos se asegura que el dinero del presupuesto realmente llegue a la gente y no a las arcas de los acreedores financieros.
